La facultad del presidente Evo Morales de designar jueces transitorios en los altos órganos de la justicia de Bolivia despierta el temor en la oposición de una concentración de atribuciones en el Ejecutivo y una ruptura en el equilibrio de los poderes.
"Quiero sentar las bases de la revolución en el órgano judicial, ahora comienza el proceso de descolonización de la justicia boliviana", dijo Morales este jueves en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, situada a 760 kilómetros al sureste de La Paz.
El presidente izquierdista nombró a ocho mujeres y 10 hombres para ocupar cinco vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, 10 en el Tribunal Constitucional y tres en el Consejo de la Judicatura, cuyo mandato durará hasta diciembre.
Pidió, además, a los nuevos altos jueces que su prioridad sea agilizar los casos pendientes, eliminar la impunidad y luchar contra la corrupción, para cumplir con las aspiraciones populares de justicia.
La Asamblea Legislativa Plurinacional entregó al gobernante la facultad de nombrar 18 altos cargos en el Poder Judicial, para evitar la parálisis en el sector, hasta que los bolivianos elijan el 5 de diciembre a todos los cargos judiciales, tal como establece la nueva Constitución.
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La decisión de la Asamblea, donde tiene cómoda mayoría el partido oficial, el Movimiento al Socialismo (MAS), se produjo el día 12, antes que el país entrase en cuatro días de asueto, con el argumento rellenar el vacío constitucional sobre los nombramientos judiciales hasta diciembre.
Morales está detrás del "sueño del poder total" dijo a IPS el dirigente del opositor Frente de Unidad Nacional (UN), Carlos Laruta, mientras que el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja, consideró que hubo una cesión de poderes del legislativo al ejecutivo.
La forma de operar en la transición no está precisada en la Constitución que rige Bolivia desde hace un año y deja a la iniciativa de la Asamblea el trámite para sortear el camino a la nueva institucionalidad, expresó el presidente interino de la Cámara del Senado, René Martínez.
Con esa base, la Asamblea aprobó una Ley de Transición para el nombramiento directo por el presidente de los 18 magistrados transitorios, con el fin declarado de evitar el colapso de la administración de justicia. El Tribunal Supremo tiene 5.000 casos pendientes y el Constitucional 5.640.
Entre las novedades de la Constitución que refundó políticamente este país sudamericano está la inédita selección popular de todos los jueces, después que la Asamblea defina su número, de acuerdo a la densidad demográfica y la demanda de justicia en cada región del país.
Con estas elecciones de los operadores de la justicia en Bolivia se pondrá fin al ajuste de los poderes del Estado a la nueva Constitución, que suma el Poder Electoral a los tres tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El 10 de diciembre, los bolivianos reeligieron como presidente con amplia mayoría a Morales, un líder indígena de 50 años, y a la Asamblea que sustituyó al anterior Congreso. Morales gobierna el país desde 2006 e inicio su nuevo mandato el 22 de enero.
El profundo cambio en la justicia trazado por la Constitución y promovido por el gobierno es cuestionado por la oposición, que ha tratado sin éxito de revertir las medidas adoptadas en la Asamblea, donde el MAS cuenta con 115 de los 166 integrantes de las dos cámaras legislativas. Para el politólogo Pareja, la manera de conducirse de la Asamblea es muy particular "porque en un régimen democrático y en un estado de derecho no existe la cesión o concesión de atribuciones y competencias entre poderes".
"Cada poder es independiente y tiene atribuciones, competencias y facultades y no puede cederlas a otro poder", explicó.
El artículo 12 de la nueva Constitución fija y organiza los cuatro poderes del Estado, proclama la independencia, separación, coordinación y cooperación entre ellos y señala que "las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".
El extinguido Congreso Nacional elegía ternas y titulares para los cargos importantes del Poder Judicial, además de vigilar su buen desempeño.
"Lo paradójico es que un poder declina facultades a otro poder, un poder decide dar atribuciones y eso no ha sucedido en ninguna legislación. Se asemeja al reinado de Luis XIV en Francia (1643-1715) cuando el monarca decía el Estado soy yo y tomaba todas las decisiones", reflexionó Pareja.
"El MAS tiene una tendencia a monopolizar el poder porque es una organización compuesta por personas no plenamente democráticas y por ello Evo Morales pretende continuar con la concentración de poder", afirmó Laruta.
Laruta es candidato a gobernador del nororiental departamento de La Paz en los comicios de abril, con el respaldo del frente de Concertación Nacional y el Plan Progreso, con lo que aglutina a la derecha opositora a Morales.
A su juicio, el presidente emplea el argumento de aplicar medidas para alcanzar un proceso de cambio, pero en el fondo "busca una ampliación ilimitada de concentración de poder", reiteró.
"Se trata de una susceptibilidad política", replicó el senador Martínez a éstas y otras críticas a la delegación al presidente para que elija directamente los cargos acéfalos en la justicia, aunque sean transitorios.
El Senado aseguró que el presidente elegirá a los funcionarios judiciales transitorios previa evaluación de su perfil profesional y la capacidad probada de los aspirantes.
Pareja consideró innecesaria la transferencia de competencias del Poder Legislativo al Ejecutivo, porque el MAS posee holgadamente la mayoría para haber hecho los nombramientos, en acuerdo con el presidente, pero sin abjurar de sus atribuciones.
"Esperamos que en este corto tiempo prime la cordura, la independencia de los poderes y que la elección de estos magistrados (por el presidente) sea orientada a agilizar los trámites en mora y no para acciones corporativas partidarias", dijo el analista. Laruta observó en la actuación del MAS un deseo de dominio absoluto de la política, excluyendo a la oposición y afectando al equilibrio que preserva los principios democráticos.
"Se busca monopolizar la política y alcanzar el sueño del poder total", advirtió.
Laruta considera quebrada la promesa de la ex defensora del Pueblo y actual presidenta del Senado, Ana María Romero, quien ofreció concertación a los opositores. En cambio, lo esperable ahora es "un torrente de leyes hechas al arbitrio del MAS y de Evo Morales", afirmó.
Romero estuvo ausente de los debates y aprobación de la Ley de Transición, por problemas de salud que la obligaron a internarse en un centro hospitalario.
En opinión de Laruta, la siguiente iniciativa de la Asamblea será la aprobación de una ley marco para las autonomías departamentales, pero con una limitación en las competencias y mayor presencia del Estado central en las decisiones regionales.
