La posible actividad de grupos de exterminio, dedicados a asesinar a presuntos delincuentes, tiene en jaque a la policía de El Salvador, mientras crece el temor de que el fenómeno, ya presente en algunos países de América Latina, se extienda.
Para analistas, la entronización de este tipo de delito tendría el efecto de socavar la aún inestable democracia salvadoreña, como ya impacta en la vida institucional en algunos países de la región.
El temor de que los grupos de exterminio se instalen en esta nación centroamericana surgió a raíz de dos recientes masacres. De confirmarse, va a debilitar los cimientos de las instituciones vinculadas a la justicia y los derechos humanos, dijo a IPS Benjamín Cuéllar, director del académico Instituto de Derechos Humanos.
"Veo un peligro real" de que este nuevo tipo de delincuencia haya llegado y "eso para la democracia es grave", acotó el director del centro de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas.
El Salvador transita un inacabado proceso de consolidación de la democracia, tras años de dictaduras militares y de una guerra civil (1980-1992) que dejó unos 75.000 muertos.
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La primera señal de la autodenominada "limpieza social" apareció el 2 de febrero, cuando encapuchados asesinaron a siete jóvenes, al parecer vinculados a maras (pandillas), mientras departían en un riachuelo.
El crimen colectivo se cometió en el cantón Milingo, en la jurisdicción de Suchitoto, en el central departamento de Cuscatlán, y los atacantes utilizaron fusiles M-16 y pistolas 9 milímetros.
Cuatro días después, una nueva masacre conmocionó al país. El escenario, esta vez, fue un restaurante, donde tres personas, también encapuchadas y con el mismo tipo de armas, asesinaron a cinco jóvenes, en el municipio de Tonacatepeque, en el norte de San Salvador.
Uno de los sobrevivientes relató que los atacantes encerraron en un cuarto a todos los hombres, les preguntaron si pertenecían a maras y les revisaron sus cuerpos para ver si tenían tatuajes, una de las marcas que distinguen a los "mareros".
Cuando no los encontraron, les dijeron que igual iban a morir y les dispararon a mansalva. Después se verificó que las víctimas no tenían vinculación alguna con las maras, y eran estudiantes universitarios y albañiles.
Cuéllar vinculó el surgimiento de estos grupos con los "fallidos" planes de seguridad con que los gobiernos salvadoreños han buscado enfrentar la delincuencia, con privilegio del uso de la fuerza y "la mano dura".
Esa estrategia no fue alterada por Mauricio Funes, que llegó a la Presidencia en junio de 2009, de la mano del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, rompiendo una larga hegemonía de la derecha en este país con 5,8 millones de habitantes.
El presidente anunció este mes que prepara un plan de seguridad con un enfoque "más de choque" ante la criminalidad, que sigue imparable.
Según cifras oficiales, 2009 fue el año más violento en una década, con 4.365 asesinatos, lo que llevó la tasa de homicidios a 76 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es de 24.
En ese escenario, algunos grupos deciden aplicar "justicia por mano propia, que es también criminalidad, y menos justicia institucional. Eso para la democracia es grave", dijo Cuéllar.
A fines de enero, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, denunció haber recibido amenazas de muerte por teléfono, lanzadas por quienes dijeron ser miembros de un grupo de exterminio, conminándolo a irse del país y no entrometerse en su presunta campaña de acabar con la delincuencia.
El fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En la vecina Guatemala, desde 2007 la prensa revela la existencia de grupos con similar actuación y declarado propósito.
"La Procuraduría de los Derechos Humanos, así como numerosas organizaciones civiles han denunciado hasta el cansancio la complicidad de autoridades policíacas y judiciales en estos hechos criminales", reportó en marzo de ese año Adital, un servicio de información regional construido por organizaciones sociales.
Esas denuncias en Guatemala coincidían con que "detrás de las muertes (perpetradas) se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales para exterminar supuestos delincuentes y pandilleros", precisó Adital.
En Brasil, Amnistía Internacional se refirió de manera especial en su informe de 2009 al caso del norteño estado de Pernambuco.
En el informe de una visita efectuada en noviembre de 2007, recordó Amnistía, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo que el Ministerio Público estima que 70 por ciento de los homicidios son obra de escuadrones de la muerte.
También recogió el resultado de una comisión de investigación del parlamento federal, que concluyó que en 80 por ciento de esos crímenes, participan policías o ex policías.
En Venezuela hay grupos de exterminio que hasta promueven sus planes de acción, como ocurrió en el noroccidental estado de Portuguesa en junio de 2009, cuando uno de ellos advirtió que iniciaría una campaña de limpieza social y comenzó a dejar panfletos, pegados en los comercios.
En esos avisos públicos se aseguraba que el 1 de julio comenzarían a matar a presuntos traficantes, ladrones y prostitutas en la capital del estado, Aragua, y en otra población, según informó el digital Noticiero PR News.
En el caso salvadoreño, la policía maneja dos hipótesis en torno a las masacres de este mes: o fue una "vendetta" (venganza) entre maras, o en efecto se trata de grupos de "limpieza social".
La Fiscalía General investiga si las dos masacres fueron ejecutadas por el mismo grupo. El tipo de armas utilizadas es similar, pero investigadores policiales dijeron a IPS que un fusil M-16 utilizado en Tonacatepeque no se corresponde con el de Milingo.
El analista político y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, sostuvo en un artículo de opinión que en Milingo habría actuado un comando especializado, de acuerdo a la manera de operar.
Para Samayoa las hipótesis de que las masacres respondan a rivalidad entre pandillas o a una acción de sicarios "son poco probables".
"Por historia, por teatro de operaciones, por armamento, por modalidad de emboscada, por atuendo, por estilo y, sobre todo, por su capacidad y determinación para atacar a un grupo grande, los ejecutores exhibieron características de comandos y experiencia de combate", aseguró.
El especialista comentó en un artículo en el Diario Hoy que hay variados antecedentes en El Salvador de guerras entre pandillas y matanzas a ciudadanos ajenos al mundo delictivo. Pero, a su juicio, estos casos son diferentes.
"Es casi impensable que tres pandilleros decidan atacar a diez. Eso solo lo hacen las fuerzas especiales, los llamados comandos, entrenados precisamente para reducir o aniquilar con pocos hombres a unidades o agrupamientos más grandes", añadió.
Los escuadrones de la muerte no son fenómeno desconocido en El Salvador. A mediados de la década de los 90 surgió la autollamada "Sombra Negra", presuntamente dedicada a exterminar a delincuentes y criminales en el oriental departamento de San Miguel.
En ese grupo habrían participado agentes policiales, pero aunque se efectuaron capturas, los detenidos fueron absueltos por falta de pruebas.
En los años 70 y 80, los escuadrones de la muerte capturaron, torturaron y asesinaron a miles de personas, activistas sindicales o de izquierda, en el marco de la llamada "cruzada anticomunista", liderada por el ya fallecido mayor Roberto dAubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó desde 1989 hasta el año pasado.
"Si nos remitimos a la historia de este país, todos los indicios apuntan a que sí (hay grupos de exterminio), y es preocupante que de entrada el presidente Funes lo descarte sin haber investigado", dijo Cuéllar.
Funes había advertido la inexistencia de elementos probatorios sobre la acción de un grupo de "limpieza social".
Por su parte, Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia, dijo a IPS que esos grupos "afectan la institucionalidad" del país.
Pero es la propia falta de eficacia de las instituciones para frenar la desbordada violencia criminal "lo que más afecta la democracia misma" y lo que empuja a la ciudadanía a "enfrentar el problema por su cuenta", afirmó.
