La ONU calcula que al menos 40 por ciento de las guerras civiles de los últimos 60 años se libraron por el control de recursos naturales como diamantes, oro, petróleo, gas, madera o cacao, o se financiaron con ingresos procedentes de su explotación.
Pero a la hora de aplicar sanciones contra países y grupos insurgentes enfrentados en esas guerras, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es "débil" e "ineficaz", según una organización de derechos humanos con sede en Londres.
La organización Global Witness (Testigo mundial), que investiga la explotación de estos recursos y el sistema internacional de comercio que fomenta los negocios turbios, señala que la guerra en República Democrática del Congo (RDC) se debe al lucrativo tráfico internacional de sus muchos y valiosos minerales. Más de cinco millones de personas murieron desde el inicio del conflicto en 1998.
Pero cuando el Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso de la ONU, aprueba resoluciones y sanciones relativas a RDC, varios gobiernos —incluso miembros del Consejo— se niegan a implementarlas.
Estas fallas reflejan la falta de una estrategia internacional coherente y comprometida para abordar estos conflictos, según un estudio de 49 páginas divulgado el miércoles por Global Witness.
[related_articles]
"Cuando los estados miembros de la ONU, incluso aquellos del Consejo de Seguridad, no aplican sus propias resoluciones sobre las sanciones, por ejemplo contra RDC, a menudo se debe a sus intereses políticos y económicos", dijo a IPS Mike Davis, de Global Witness.
Países como Gran Bretaña son reacios a penalizar sus propias empresas o a irritar a sus aliados en la región en cuestión, como Ruanda, que al ser un país de tránsito de los minerales procedentes de zonas en conflicto se beneficia mucho del tráfico ilícito, señaló Davis.
Otro motivo, dijo, es la absoluta falta de compromiso de los miembros del Consejo de Seguridad y el supuesto de que nadie los obligará a cumplir con sus responsabilidades.
"Obligar a las empresas internacionales que fomentan este conflicto perverso a rendir cuentas requiere un esfuerzo relativamente pequeño de las grandes potencias, pero como se trata de RDC, no están preparadas siquiera para dar ese sencillo paso", agregó Davis.
El conflicto en RDC no es el primero en el que los recursos naturales desempeñan un papel clave, "ni es probable que sea el último", advierte el estudio.
En los años 90, el Consejo de Seguridad sancionó el comercio de madera controlado por el gobierno del Jemer Rojo en Camboya y el tráfico de diamantes dominado por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita).
En este nuevo siglo el Consejo de Seguridad también tuvo que lidiar con los conflictos en torno a los recursos naturales de Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil.
"En los últimos 20 años, una de cada tres de las misiones de paz de la ONU en todo el mundo, y poco más de la mitad de aquellas en África, tuvieron que ver con conflictos sostenidos por los ingresos procedentes de materias primas como petróleo, diamantes, minerales y madera", según la ONU.
El estudio de Global Witness, titulado Lessons UNLearned (Lecciones desaprendidas, un juego de palabras para incluir las siglas en inglés de la ONU), dice que el sistema internacional está "mal equipado" para tratar los desafíos que presentan la mayoría de estas "guerras autofinanciadas" en RDC, Angola, Camboya, Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil.
Cuando se las considera en conjunto, los cuatro elementos de la acción internacional las sanciones, la pacificación, el mantenimiento y la construcción de la paz deben ser la base para una acción eficaz.
"Sin embargo, a pesar de los avances en algunas áreas, el panorama general es de toma de decisiones ad hoc y profundas lagunas en la capacidad y coordinación institucional", según el estudio.
El Consejo de Seguridad tampoco actuó ante los conflictos de Birmania, Zimbabwe y Palestina, principalmente por intereses políticos, económicos y militares de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia—, los únicos con capacidad de veto entre los 15 integrantes del órgano de la ONU.
China y Rusia vetaron en enero de 2007 la resolución impulsada por gobiernos occidentales contra la dictadura militar de Birmania, un país rico en recursos minerales.
Esas dos potencias también vetaron, en julio de 2008, una resolución que incluía, entre otras sanciones, un embargo de armamentos contra Zimbabwe y limitaba los viajes al presidente Robert Mugabe.
Entre tanto, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña siguen protegiendo a Israel e impiden todo intento de castigar a los sucesivos gobiernos por violaciones contra los derechos humanos y crímenes de guerra.
Las sanciones contra el tráfico de recursos procedente de zonas en conflicto han sido "muy eficaces" en algunos casos, aseguró Davis, de Global Witness.
Por ejemplo, las medidas impuestas contra el tráfico de diamantes de Angola y Sierra Leona, mientras el comercio era controlado principalmente por los grupos rebeldes, tuvieron éxito.
Otra sanción que prosperó fue la empleada contra el comercio de madera procedente de Liberia, con el fin de quitar las fuentes de financiación a la campaña de desestabilización regional ejecutada por el ex presidente Charles Taylor (1997-2003).
Con respecto a RDC, "somos cautamente optimistas de que, con suficiente presión internacional", los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otros estados miembros sentirán la obligación de aplicar sanciones contra las empresas cuyas actividades fomentan la violencia, dijo Davis.
Esto, señaló, puede debilitar la capacidad de los grupos armados que operan en el este del país.
Entre tanto, el informe reclama a la ONU que cree una comisión de alto nivel para elaborar una estrategia integral contra las guerras que se autofinancian.
El estudio de Global Witness también realiza una serie de recomendaciones relativas a cómo mejorar la eficacia operativa de la ONU y los Estados miembros con respecto a las sanciones y las misiones de paz.
