La falta de consenso impidió al saliente Congreso legislativo de Honduras aprobar el polémico proyecto de amnistía para los implicados en el golpe de Estado cívico-militar del 28 de junio, pero en cambio sí ratifico el abandono del ALBA por parte de este país centroamericano.
El establecimiento de una amnistía para quienes participaron en el golpe que derrocó al presidente Manual Zelaya tendrá que ser administrado por el presidente electo, Porfirio Lobo, impulsor de la iniciativa como parte de la reconciliación nacional, y quien asumirá su mandato el próximo día 27, con muy parcial reconocimiento internacional.
Los legisladores sí ratificaron la denuncia por parte del gobernante de facto, Roberto Micheletti, del tratado de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), a la que Zelaya había sumado a Honduras el 28 de agosto de 2008.
El Alba es una iniciativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nacida en 2004 y que integran, además de este país, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua y San Vicente y Granadinas.
Alfredo Saavedra, presidente del unicameral parlamento hondureño, reconoció que "no hay un clima propicio para aprobar el proyecto (de amnistía), el cual quedará a la discrecionalidad de la próxima legislatura bajo el gobierno del presidente electo".
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Antes, Saavedra se reunió con sectores de la sociedad civil contrarios a la amnistía y analizó la propuesta con los legisladores de los diferentes partidos políticos, que casi por unanimidad secundaron el derrocamiento de Zelaya y aprobaron el nombramiento de Micheletti, entonces presidente del Congreso, como sustituto.
"Nos quedaba muy poco tiempo para discutir y hacer conciencia" sobre la media y por ello se decidió dejar la decisión al nuevo Congreso, dijo a IPS el diputado Toribio Aguilera, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata.
La amnistía política impulsada por Lobo fue propuesta como un instrumento a favor de la reconciliación nacional y el amortiguamiento del aislamiento internacional en que se encuentra Honduras tras el golpe de Estado.
Lobo ha reiterado en varias oportunidades que en sus reuniones con emisarios internacionales "se nos ha pedido una amnistía, como gesto de buena voluntad para reconocer el nuevo gobierno y abrir las puertas a la ayuda económica internacional".
No obstante, instancias ligadas a los golpistas y al llamado Frente Nacional de Resistencia opuesto a la ruptura democrática, han coincidido en rechazar la amnistía, aunque por razones diferentes.
Los primeros alegan que con ella se puede encubrir los hechos de presunta corrupción cometidos por Zelaya y sus allegados.
En tanto, los segundos indican que la amnistía es otro aldabonazo a favor del golpe, pues con ella se busca legitimar la acción contra el gobierno democrático y extender un manto de perdón sobre los golpistas, para evitar procesos futuros en instancias nacionales e internacionales.
La diputada del gobernante y centroderechista Partido Liberal (PL), Carolina Echeverría, opuesta al derrocamiento del Zelaya, dijo a IPS que "el ambiente sobre este tema se calentó mucho, las heridas están muy frescas y no es posible que los diputados que apoyaron el golpe, sean los mismos que promuevan un auto perdón".
Para Echeverría, "eso no es ético y por eso se abortó este proyecto de momento".
La legisladora, que no logró ser reelegida en las elecciones generales del 29 de noviembre, calificó la amnistía como "válida para la paz del país".
Pero planteó que cuando el nuevo Congreso la aborde "los diputados que participaron del golpe y repiten un nuevo período legislativo, se abstengan de participar de la votación por dignidad".
Otro diputado del PL, Juan Ángel Tabora, opina muy diferente. La amnistía no se aprobó porque "era altamente lesiva para nuestro partido, estamos deslegitimados en este momento para tomar esa decisión y además en lo sucesos del 28 de junio, todos actuamos en base a la ley. Manuel Zelaya fue sacado legítimamente y punto", dijo.
El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, considera que la amnistía debe ser precedida de una Comisión de la Verdad, como establecen los acuerdos suscritos entre Zelaya y Micheletti, en el llamado Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito por las dos partes en octubre.
Una vez que esa comisión investigue los sucesos previos y posteriores al 28 de junio, la comunidad hondureña e internacional tendrán certeza de "los hechos que motivaron la salida de Zelaya", dijo Custodio a IPS.
"Entonces se verá la conveniencia o no de la amnistía, pero hacer todo al revés sólo puede complicar las cosas y subir de tono los ánimos", aseguró.
La reacción en contra de la amnistía generó incomodidad cuando la fiscalía procedió a acusar en los tribunales a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, que participó en la expulsión de Zelaya, al sacarlo a punta de rifles y en pijama de su casa, llevarlo forzado a un avión y depositarlo en Costa Rica.
En septiembre, Zelaya logró regresar al país y desde entonces está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
La Constitución hondureña prohíbe el delito de expatriación de los ciudadanos del país y el Código Penal castiga el delito con penas de tres a cinco años.
El fiscal general, Luís Rubí, presentó la primera semana de enero la acusación contra la cúpula castrense bajo la figura de delito de abuso de autoridad y solicitó orden de captura para los militares, así como el nombramiento de un juez especial para el caso dentro de la Corte Suprema de Justicia.
El designado, el presidente del máximo tribunal, Jorge Avilés, desestimó este martes 12 la captura y citó a los uniformados para que rindan declaración en los tribunales esta semana.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, dijo que irán a los tribunales porque "cumplimos una orden legal, no cometimos delitos, no somos asesinos y no tenemos nada que temer".
Vásquez negó que los militares busquen ser amnistiados, tal como se ha especulado. "Somos respetuosos de la ley y deseamos que se siga el debido proceso; ahí nos defenderemos y será un juez quien dirá si somos culpables o inocentes", aseveró.
Para el experto en mediación de conflictos, Carlos Dubón, el rechazo por ahora a la amnistía "es bueno porque la gente no desea más impunidad; como estaba redactado ese proyecto habían muchas lagunas que podían perdonar casos de corrupción y la sociedad no quiere eso, ni los que están a favor del ex presidente Zelaya ni quienes lo adversan".
"Creo que vendrán cosas interesantes en los próximos meses porque el pueblo ha despertado", comentó a IPS.
Edmundo Orellana, ex fiscal general y ministro de Defensa en el gobierno de Zelaya, aseguró que el aplazamiento "ha sido lo mejor, por ahora". "Hay mucha sensibilidad y esa iniciativa podía ser utilizada para perdonar actos corruptos del gobierno pasado y del presente; la impunidad debe acabar de una vez", sostuvo.
La figura del delito de abuso de autoridad, tipificado en el abortado proyecto de amnistía como político, fue lo que despertó más suspicacia y rechazo, al trascender que los presuntos delitos de corrupción de uno y otro lado podrían ser amnistiados, amparados en esa figura.
El Congreso cierra su cuatrienal legislatura la próxima semana y el nuevo parlamento se instalará el 25 de enero, bajo el dominio del derechista Partido Nacional, que obtuvo 71 de los 128 curules que conforman el Poder Legislativo.
Antes de clausurar la legislatura, los diputados aprobaron por mayoría y con la oposición del izquierdista partido de Unificación Democrática, la salida de Honduras del ALBA, a petición de Micheletti y tras un acuerdo en diciembre de su gobierno en ese sentido.
Rafael Pineda, ministro de la Presidencia del gobierno de facto, indicó a IPS que la salida de esa instancia no implica suspender relaciones comerciales con los países que integran esa iniciativa. Aseguró que la decisión obedecer a que "algunos países de esa organización no han tenido hacia este país el trato respetuoso que corresponde a una nación".
"Es solo una reciprocidad a ese trato, donde incluso Venezuela amenazó con invadirnos luego de la salida constitucional del ex presidente Manuel Zelaya", dijo.
La adhesión de Honduras al ALBA tuvo el rechazo de diversos sectores políticos, económicos y sociales, por considerar que el depuesto Zelaya llevaba al país al "Socialismo del Siglo XXI" que promueve Chávez para su país y sus aliados.
Los países del ALBA han sido frontales en su condena al derrocamiento de Zelaya, no reconocen las elecciones de noviembre y tampoco al presidente electo. Igual posición han mantenido otros latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros.
