Con el asesinato del zar antidrogas de Honduras, los carteles del narcotráfico propinaron el golpe más duro al Estado que busca controlarlos y revelaron la elevada penetración de su presencia en este país centroamericano, que no ha dejado de aumentar en los últimos 13 años.
Las mafias del narcotráfico tienen establecidas en Honduras bases de operación, pistas de aterrizaje y redes de proveedores de logística, mientras mantienen el dominio de las aguas fronterizas por donde trasiegan la droga, aseguran expertos.
El jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el general retirado del ejército Julián Arístides González, de 57 años, fue asesinado el 8 de diciembre por supuestos sicarios desde una motocicleta, cuando acababa de dejar a sus hijos de la escuela.
El llamado zar antidrogas dirigía la lucha contra el narcotráfico desde hacía seis años y horas antes de morir había anunciado que iba a revelar una lista de presuntos implicados en el narcotráfico, entre ellos, políticos, funcionarios públicos y diputados, según trascendió tras su muerte.
El asesinato de Arístides González se produjo después del hallazgo de cementerios clandestinos de aeronaves de transporte de droga procedentes de Colombia y Venezuela, que una vez descargadas eran incineradas y sepultadas.
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Estos cementerios, dados a conocer por cuerpos antidrogas el 25 de octubre, se ubicaban en las pantanosas aguas de la selvática región de la Mosquitia, en el área del Atlántico, o en las zonas más inhóspitas del nororiental departamento de Olancho.
Apenas seis días antes, fue interceptado en el mismo departamento un avión Antonov 28 de fabricación rusa y bandera venezolana, cuando no logró despegar en una pista clandestina tras descargar 4.000 kilogramos de cocaína.
Pobladores de la zona han manifestado que los aterrizajes de bimotores y monomotores son comunes en Olancho y en la Mosquitia. Le siguen los aterrizajes en el atlántico departamento de Colón y en los occidentales de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, según versiones policiales y periodísticas.
En medio de lo que se percibió como avances en la lucha antidroga, se produjo el asesinato de González. Un día antes de su muerte recibió un mensaje en su teléfono móvil en el que le decían que lo iban a ajusticiar para que lo enterraran "en un cajón presidencial", dijo a IPS el portavoz de la Fiscalía General, Melvin Duarte.
"Pero él no hizo caso a esas amenazas, y el día de su muerte pidió a sus escoltas que lo esperaran en la oficina, creo que se confió demasiado. Él era un hombre muy honesto que no sucumbió a los sobornos o amenazas que le hacían", manifestó Duarte, del organismo al que está adscrita la dirección antidroga.
No hay pistas concretas ni avances en el esclarecimiento del crimen, pero los que fueron sus subordinados están convencidos que los golpes que González asestó a los carteles desde septiembre lo volvieron un objetivo prioritario para los capos de la droga.
En la selvática zona de la Mosquitia, las autoridades policiales y militares lograron también desmantelar una base multinacional de operaciones de los narcotraficantes, en que funcionaban 40 personas entre hondureños, guatemaltecos y mexicanos. Todos lograron huir, pero dejaron abandonadas sus identificaciones.
La base, ubicada en plena jungla misquita, cerca de los pantanos, contaba con una planta eléctrica, luces operadas con batería para orientar el aterrizaje de las avionetas, luces químicas con sensores, barriles de combustible, tiendas de campaña colectivas e individuales, camas portátiles, armas de distinto calibre, víveres y hornillos de cocina.
Orlin Cerrato, portavoz de la policía, declaró a IPS que "estamos frente a niveles insospechados de penetración del narcotráfico, donde hemos descubierto cementerios clandestinos de narcoavionetas, pistas de aterrizaje en haciendas particulares, bien equipadas, y otras formas de narcoactividad".
Una infraestructura y equipamiento "que limita nuestras acciones, por estar mejor equipados y contar con mucha logística", admitió Cerrato.
Uno de los compañeros del asesinado González reveló a IPS que los narcotraficantes han especializado sus modalidades de operación "y no basta con decomisar la droga, hay que golpear también a estas otras redes especializadas para que los golpes sean efectivos".
La fuente, que pidió el anonimato, aseveró que la operación de descarga de una aeronave o una lancha con droga "tarda entre cuatro y ocho minutos, son bastantes rápidos y a veces muchos de los decomisos obedecen a presiones de Estados Unidos, que demanda de los cuerpos de seguridad mayor efectividad".
"Mire, muchas veces nosotros pasamos a la policía o militares la hora, fecha, lugar, tipo de transporte en que llegará un cargamento, pero casi siempre las autoridades llegan tarde, cuando la droga ha sido sacada, o las aeronaves o las lanchas, incineradas".
Los carteles, explicó, cuentan con redes especializadas de proveedores que integran quien suministra el transporte, el combustible, la alimentación, el hospedaje o la compra de motores.
En esa red están también "los que tienen influencia política para blanquear la corrupción. La narcoactividad se ha especializado y ya no somos un país de paso de estupefacientes como en el pasado", detalló el integrante de la dirección antidroga.
En la Mosquitia, el organismo tiene evidencia de la participación en la descarga de drogas de los lugareños, en especial en las zonas más despobladas, en donde los narcotraficantes les pagan entre 20 y 500 dólares para que guarden silencio, bajen la cocaína e incineren las naves.
La ruta más frecuente que siguen los narcos son los cayos (islotes arenosos) que salpican la costa de Honduras y Nicaragua en el Caribe, por donde cruzan los departamentos de la Mosquitia y Colón. "Cuando avizoran los guardacostas, las lanchas están acopladas para navegar por el río a fin de evitar ser detectados", comentó el portavoz policial Cerrato.
Alfredo Landaverde, experto en el tema del narcotráfico, dijo a IPS que los carteles que más están operando en el país provienen de México y en menor escala de Colombia. Los carteles mexicanos, dijo, ante la guerra declarada por el gobierno del presidente Felipe Calderón, "están penetrando con agresividad en el país", explicó.
"Ello obliga a las autoridades a dotarse logísticamente para responder ante esta avanzada de los carteles" que a su juicio representa el asesinato de González.
"Fueron claros en el mensaje enviado a las autoridades para decirles que nos les temen, pero éstas saben que no pueden bajar la cabeza y deben redoblar la lucha para evitar la captura del país a manos de los capos de la droga", destacó Landaverde.
Añadió que los cuerpos de lucha antidroga están limitados para una acción efectiva contra este flagelo por aspectos como la insuficiente capacidad de respuesta del Estado debido a una falta de presupuesto y de una política pública efectiva.
Otro factor limitante, aseguró, es que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los narcotraficantes "es bastante efectivo".
En los últimos tres años, se estima que unas 150 narco-avionetas fueron detectadas en Honduras, por sufrir desperfectos, por haber sido incendiadas tras su descarga o por detección policial. Cada aeronave puede transportar entre 200 y 2.000 kilos de cocaína, según su capacidad.
La primera evidencia de que el delito del narcotráfico había llegado a Honduras se detectó en 1977, con el asesinato de una pareja de empresarios. Desde entonces, este país centroamericano era considerado como un puente de los carteles. Pero autoridades y analistas consideran que desde hace 13 años la narcoactividad se instaló en forma casi permanente.
Como resultado, se estima que de los 10 asesinatos diarios que se registraron en 2009 en esta nación de 7,4 millones de habitantes, ocho estuvieron vinculados a la actividad del tráfico de drogas.
