A balazos, decenas de presos de los pabellones 2 y 3 de La Planta, céntrica cárcel de la capital de Venezuela, se enfrentaron este miércoles para zanjar disputas por el control de espacios y poder, con el resultado de nueve muertos y 15 heridos.
"Producto de la intolerancia, se enfrentaron reclusos esta mañana poco antes de la hora prevista para la visita de familiares. La mayoría de las víctimas cayó por disparos de armas de fuego", declaró la directora de Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Consuelo Cerrada.
"Lamentamos ese saldo. Por fortuna, no hay heridos entre los familiares y custodios de la Guardia Nacional (fuerza militar con labores de policía)", agregó la funcionaria.
A las puertas de la prisión, los parientes reclamaron la presencia de fiscales del Ministerio Público —dos fueron designados para la investigación— y se hicieron eco de rumores según los cuales los guardias también usaban sus armas contra los presos.
Cerrada descartó esa versión, así como la de un presunto plan de fuga.
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El Estado "no es capaz de garantizar la vida de los presos, menos aún condiciones de reclusión con estándares mínimos de derechos humanos o su procesamiento eficaz y oportuno por la justicia ", dijo a IPS Humberto Prado, director del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
Según Prado, "tenemos las peores cárceles del hemisferio, lo que patentiza la inversión que hace el Estado por preso, que es de dos dólares diarios, mientras que en Estados Unidos es de 34 dólares y en Europa de 83".
En Venezuela hay 32 cárceles, que albergaban 32.600 personas (seis por ciento de ellas mujeres) al cierre de 2009, con un incremento de 20 por ciento sobre las cifras de 2008. La mayoría, unos 21.000 reclusos, son procesados sin sentencia.
En décadas pasadas, las riñas entre presos eran libradas con "chuzos", cuchillos improvisados con cualquier trozo de metal, pero las balaceras han aumentado al paso de los años. En requisas, las autoridades decomisan pistolas, revólveres y, en ocasiones, granadas fragmentarias, escopetas e incluso algún fusil o subametralladora.
El ingreso de armas o drogas a las cárceles "es responsabilidad de los sistemas de vigilancia, que son insuficientes, desprofesionalizados y proclives a la corrupción de funcionarios, civiles o militares", señaló Prado.
"Se trata de una responsabilidad compartida, porque, por ejemplo, a pesar de los controles y la vigilancia, es enorme la creatividad de familiares de los presos para ingresar armas a los establecimientos carcelarios", dijo por su parte Cerrada.
A las puertas de La Planta y con el tiroteo de fondo, Ninoska Díaz, familiar de un recluso, dijo a periodistas que "los guardias nos someten a requisas humillantes mientras que son ellos los que les pasan las armas a los presos".
"Resulta inconcebible la posesión entre reclusos de armas de fuego, entre ellas algunas de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado. No las pueden tener si no las proporcionan funcionarios mediante prácticas de corrupción", expresó Carlos Nieto, de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad.
En la mayoría de las cárceles de Venezuela la seguridad externa está a cargo de la Guardia Nacional y la interna de funcionarios civiles que sin embargo controlan patios y corredores perimetrales, pero el interior de los pabellones, construcciones de varios pisos, queda bajo custodia de los propios grupos de reclusos.
Muchas de esas instalaciones están deterioradas "y es moneda corriente la ausencia de agua potable, los servicios sanitarios en condiciones infrahumanas, las filtraciones de aguas negras, el alcantarillado obstruido y, ante una población que se enferma de manera constante, unos servicios médicos muy deficitarios", sostuvo Prado.
Los presos frecuentemente, en una prisión u otra, y en ocasiones en varias de manera concertada, organizan huelgas de hambre, cosen sus labios como protesta o, de acuerdo con los cientos de parientes que los visitan, retienen durante días a sus familiares dentro de las prisiones, sobre todo para demandar celeridad a la justicia.
Las leyes venezolanas establecen que una persona procesada no puede pasar más de dos años recluida sin sentencia firme, y conceden, a penados que hayan cumplido porciones importantes de su condena, beneficios como libertad condicional o destacamento de trabajo, un permiso para trabajar y pernoctar en un sitio convenido fuera del penal.
Entretanto, la violencia armada se mantiene como mal endémico en las prisiones. El Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó la muerte de 4.030 personas tras los muros, mientras otras 12.000 resultaron heridas en un lapso de 10 años (1999-2009).
"En 2007 murieron 498 presos, en 2008 fueron 422 y el año pasado 366. Aunque la cifra absoluta disminuye, muere un interno cada día", dijo Prado.
Por contraste, Venezuela se considera el primer país que abolió la pena de muerte, en 1863.
La organización de derechos humanos Provea destacó que desde 2008 y 2009 funcionan penales modernos en la población de Tocuyito, 200 kilómetros al suroeste de Caracas, y en la ciudad de Coro, 400 kilómetros al noroeste, construidos para 300 y 840 presos y ocupados en menos de 50 por ciento.
Pero en la mayoría de los establecimientos el hacinamiento y el ocio son la norma, incluido La Planta, que guarda entre 1.300 y 1.500 presos pese a que fue diseñado para no más de 500, y registra carencia de programas de rehabilitación pese a su nombre oficial: Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal.
El sistema penitenciario "padeció durante años por falta de inversión y atención. El gobierno impulsa un programa de humanización, pero es algo progresivo, no es que hoy amanecen las cárceles con problemas y mañana ya no hay", dijo Cerrada.
La mejoría de las condiciones de reclusión, y en particular la reducción de la violencia, "necesitan no sólo de la participación de la población privada de libertad, sino también de sus familiares y de los medios de comunicación", concluyó la funcionaria.
