El Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió a la comunidad internacional que todos los esfuerzos que realice para paliar los efectos del letal terremoto del 12 de este mes en Haití deberán guiarse por un enfoque que tome en cuenta los derechos humanos.
El máximo organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) celebró esta semana una sesión especial de dos días, promovida por el gobierno de Brasil, que viene desempeñando un papel protagónico en la golpeada nación caribeña desde los incidentes de 2004, cuando fue derrocado el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide (1991, 1995-1996 y 2001-2004).
El tema de los derechos humanos guarda estrecha relación con las tareas de auxilio que podemos efectuar para sostener la recuperación de Haití, dijo el canciller de Brasil, Celso Amorim, quien asistió el miércoles a la apertura del debate en el Consejo.
Amorim resaltó la importancia del pronunciamiento del Consejo, integrado por 47 países, pues ostenta la representatividad de toda la comunidad internacional.
La reunión del llamado grupo de Amigos de Haití, realizada a comienzos de esta semana en la ciudad canadiense de Montreal con participación de gobiernos y organismos multilaterales, fue un encuentro muy positivo, pero no puede sustituir al conjunto de la ONU o de la comunidad internacional, reflexionó,
Con esa iniciativa, Brasilia consiguió que un alto organismo de la ONU, sólo superado en jerarquía por la Asamblea General de foro mundial, reafirmara la soberanía de Haití y su integridad territorial, al tiempo que subrayaba el papel central del gobierno haitiano en el establecimiento de las prioridades nacionales para el proceso de recuperación.
Esas expresiones, consignadas en el segundo punto de la resolución aprobada este jueves por el Consejo de la ONU, se relacionan con las imprecisiones que surgieron en los primeros días posteriores al terremoto acerca del papel de las fuerzas militares de Estados Unidos en las tareas de socorro y de reconstrucción.
Sin embargo, el núcleo de la declaración se relaciona con los derechos humanos y contiene un llamado al gobierno de Haití para que continúe sus esfuerzos por promover y proteger esas garantías en todo el país.
Michel Forst, el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recordó que en su informe al Consejo de junio pasado ya había advertido que el país mostraba progresos sensibles en las áreas de derechos civiles y políticos, como también en la cuestión de seguridad.
El impulso perceptible en el país desde hace unos meses solo ha sido interrumpido por el terremoto, sin frustrarlo, opinó el experto.
Empero, el Consejo de la ONU se manifestó preocupado porque los efectos del terremoto puedan exacerbar los desafíos ya existentes a la vigencia de los derechos humanos y también previno de las consecuencias a mediano y largo plazo, incluidos los aspectos sociales, económicos y de desarrollo.
Durante el debate, representantes de países y de organizaciones no gubernamentales reclamaron la cancelación de la deuda externa de Haití.
Renate Bloem, de la "Alianza mundial por la participación de los ciudadanos" (Civicus), sostuvo al demandar su anulación que la deuda ha sido responsable en gran parte de los elevados índices de pobreza que registra el país caribeño.
Aunque la declaración aprobada por el Consejo omitió referirse al tema de la deuda, un análisis de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) sostuvo este jueves que la recuperación de ese país debe comenzar por la "cancelación total de las obligaciones de deuda externas existentes de Haití".
El órgano especializado de la ONU apuntó que el grueso de la deuda pendiente, de 1.000 millones de dólares. Corresponde a compromisos con acreedores multilaterales, en particular con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Aunque una parte significativa de esa deuda fue adquirida durante períodos de dictadura sufridos por Haití, los repetidos desastres naturales de los últimos años han complicado el problema, precisó la Unctad.
La resolución del Consejo expresó preocupación particular por la situación de los derechos humanos de sectores más vulnerables, como los niños, niñas, las mujeres, los desplazados internos, los ancianos, las personas con discapacidades y los heridos.
El texto resalta la importancia de proteger a los niños de toda violencia, lesión o abuso, de maltratos o explotación. El Consejo subrayó la necesidad de que los niños separados o no acompañados se reúnan con sus familiares y que los huérfanos reciban atención inmediata y protección necesaria.
El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Dermot Carty, observó que la actual situación de Haití es un ambiente propicio para los traficantes, para aquellos que facilitan las adopciones ilegales o para otros que pretenden sacar a niños del país en su propio beneficio. Informaciones sobre esas actividades se encuentran actualmente en investigación, dijo.
En nombre de la Alianza internacional Save the Children, la experta Misty Buswell puntualizó que mientras sea posible, el interés superior del niño o la niña es de permanecer con sus familiares o con personas de su entorno en el lugar de origen.
Buswell recomendó que ningún trámite de adopción de niños afectados por el terremoto sea iniciado hasta que los menores hayan tenido todas las oportunidades de ser reintegrados a sus familias.
La resolución del Consejo invita a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a identificar, en colaboración con el gobierno de Haití, las áreas de cooperación y asistencia técnica y a presentar sugestiones sobre el tema a la próxima reunión regular del cuerpo, que se realizará en junio próximo.
La versión original del proyecto de declaración decidía el envío de una misión de representantes gubernamentales para evaluar la situación de los derechos humanos, en coordinación con el gobierno de Haití y la sociedad civil.
Ese punto final de la declaración fue reformado, eliminando la idea de una misión gubernamental, a causa de la oposición del gobierno haitiano. La resolución final fue adoptada sin necesidad de recurrir a una votación.
