La desclasificación de archivos militares durante la guerra civil (1960-1996) que dejó más de 200.000 víctimas en Guatemala sigue pendiente, y en las organizaciones humanitarias crecen las dudas sobre que una comisión encargada de la tarea contribuya a esclarecer los desmanes del conflicto.
El presidente socialdemócrata Álvaro Colom creó en marzo de 2009 la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, integrada por tres representantes del Ministerio de la Defensa, uno de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y tres más de secretarías presidenciales.
Según el acuerdo que le dio vida, el objetivo de la comisión es "ordenar la documentación de los asuntos militares de seguridad nacional relacionados con el período comprendido entre1954 y 1996", durante el cual la población civil sufrió los años más cruentos de la guerra.
Además, la comisión faculta a Colom a desclasificar los archivos examinados, "con excepción de los que a juicio del presidente sean calificados de seguridad nacional", agrega el acuerdo.
La desclasificación de archivos militares en Guatemala, se sumaría a otras iniciativas de países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Bolivia, de revelar los archivos militares durante las dictaduras para esclarecer los abusos cometidos en esos períodos.
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La comisión debía culminar su labor el 12 de enero, pero Colom prorrogó su vigencia hasta junio de 2010.
Mientras, las dudas aumentan entre las organizaciones de derechos humanos, porque poco o nada ha trascendido sobre el trabajo adelantado por la comisión y existen precedentes de que pueda producirse una manipulación de los archivos, que impida investigar, sancionar y reparar las masacres y otras violaciones perpetradas durante el periodo en estudio.
"Mi mayor preocupación es que la comisión no reciba muchos archivos o solo reciba algunos que no tienen mucho valor para esclarecer las atrocidades masivas", dijo a IPS, Andrew Hudson, dirigente de la organización de derechos humanos Human Rights First.
"Aunque el trabajo de la comisión es confidencial, como fue establecido legalmente, el público tiene derecho a saber qué ha hecho. Deberían publicar un breve informe de sus actividades", señaló el activista.
En una carta enviada al presidente, delegados de Human Rights First, la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala/EEUU, la Oficina para América Latina en Washington, la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, y el Archivo Nacional de Seguridad le solicitaron la desclasificación de los archivos militares.
"La entrega de los archivos militares sería un acto histórico de respeto de los derechos humanos en Guatemala. La seguridad nacional se fortalecería a través de reafirmar el estado de derecho y llevar ante la justicia los responsables de graves violaciones a los derechos humanos", dice la misiva enviada al mandatario el 21 de diciembre.
La independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico estableció que durante la guerra interna entre el ejército y la guerrilla izquierdista que asoló Guatemala entre 1960 y 1996, murieron más de 200.000 personas y 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas fueron cometidas por las fuerzas del Estado y grupos paramilitares.
"La importancia de la desclasificación de archivos militares estriba en que estos contienen información sobre los abusos cometidos por altos mandos militares durante el conflicto interno y podrían ser utilizados como prueba en los procesos penales para juzgar a los responsables y romper con la cultura de impunidad", dijo Hudson.
Otro de los aspectos que ha generado dudas en organizaciones de la sociedad civil es el papel que juegan los militares en la comisión de desclasificación, a la que coordinan además de tener tres representantes en ella.
"Es como poner a un lobo a cuidar el rebaño de ovejas", dijo a IPS Iduvina Hernández, directora de la no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia.
Según la dirigente, el ejército no debería decidir qué información entrega, sino que debería limitarse a coordinar el traslado de los archivos militares. "Mientras el ejército no se reconvierta en todo sentido seguirá protegiendo su actuación durante el conflicto", señaló. Organizaciones de derechos humanos llegaron a solicitar a la comisión que entregase un informe del estado de su trabajo, pero la solicitud fue rechazada, detalló Hernández.
Hasta ahora, el ejército sólo ha entregado algunos archivos militares cuando ha sido obligado por sentencias judiciales.
En enero de 2007, una sala de apelaciones emitió un fallo donde señaló que los documentos deben trasladarse al Organismo Judicial (institución de la Corte Suprema de Justicia) como pruebas en varios juicios por masacres perpetradas durante la guerra.
A raíz de la orden, el Ministerio de Defensa entregó a un juzgado en marzo de 2009 los planes contrainsurgente conocidos como Victoria 82 y Firmeza 83, aunque la disposición judicial mandaba a que entregaran también los de la Operación Ixil y el plan Sofía 82.
Este último fue desclasificado y entregado en diciembre pasado a la Audiencia Nacional de España por el estadounidense Archivo Nacional de Seguridad, una institución que forma parte de la Universidad George Washington.
Estas estrategias militares contienen planes operativos, nombres de responsables y reportes de patrullajes para aniquilar a hombres, mujeres y niños civiles y arrasar sus viviendas y tierras, al considerarlos enemigos de la lucha contra "el comunismo".
Por esas matanzas, la justicia española acusó del delito de genocidio al general retirado Efraín Ríos Montt y a otros altos oficiales, en un proceso abierto a solicitud de la lideresa indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, realizada en 1999.
Durante el bienio en que el dictador Ríos Montt estuvo en el poder (1982-1983) se produjo el peor periodo de violación de los derechos de la población civil en Guatemala. Destacó su sistemática política de "tierra arrasada" en las comunidades mayas establecidas en el noroccidental departamento de Quiché.
Francisco Soto, abogado del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dijo a IPS que la comisión debe cumplir la orden del presidente Colom de desclasificar los archivos militares, así como la sentencia judicial de 2007, que dictaminó que estos archivos no afectan la seguridad nacional.
"Para nosotros es lamentable que no haya avances visibles en esto. Esperábamos que hubiera más voluntad política en el sentido de abrir los archivos y contribuir con la verdad de lo que sucedió en Guatemala", lamentó.
Aunque consideró un logro que por la vía judicial se conocieran algunos archivos militares, Soto señaló que es fundamental el trabajo de la comisión de desclasificación porque se han mencionado algunos planes "pero desconocemos si el ejército utilizó otros".
Soto dijo que también será de vital importancia para aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra desclasificar los archivos de la Policía Nacional, cuyo archivo histórico comprende millones de documentos con información de oscuros procedimientos policiales.
Mario Polanco, máximo dirigente de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, dijo a IPS que además de que se desconoce lo que está haciendo la comisión, no se sabe del uso de los 200.000 dólares de su presupuesto.
"La preocupación es que se está destinando demasiado dinero para una comisión que no ha dado ningún resultado y que está dependiendo de la voluntad del ejército para dar a conocer la información", criticó.
En todo caso, según Polanco será a través de sentencias judiciales y de la presión que ejerzan organismos de derechos humanos como se conocerán los planes ejecutados por el ejército durante la guerra.
Pero sin duda, el trabajo de la comisión de desclasificación de los archivos militares en Guatemala será crucial para develar el secreto mejor guardado.
