Una organización disidente criticó con dureza la situación de los derechos humanos en Cuba en un documento presentado este martes y que según su portavoz, Elizardo Sánchez, puede ser de utilidad para el debate sobre el tema con la Unión Europea (UE), presidida por España en este primer semestre.
En un estudio anual distribuido a medios extranjeros de prensa, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) habló de 201 casos de personas encarceladas por motivos político, cuatro menos que en enero de 2009.
El texto considera que el número de encarcelados por esa causa disminuye de manera muy lenta y principalmente por el "cumplimiento de condenas", pero sobre todo debido a que en la actualidad se sustituyen los encarcelamientos prolongados por "detenciones arbitrarias de corta duración, las amenazas y otras formas de intimidación".
A juicio de la CCDHRN, que actúa sin reconocimiento legal y encabeza Sánchez desde su creación en los años 80, esa tendencia se ha hecho más "marcada en 2009", debido a que el procedimiento resulta menos costoso "desde el punto de vista político".
"Durante el año 2009 no se introdujeron mejoras en la situación de derechos civiles, políticos, económicos y, también, de ciertos derechos culturales", afirma el informe, según el cual, "el gobierno de Cuba sigue teniendo el peor récord en relación con esos derechos fundamentales en todo el Hemisferio Occidental".
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La CCDHRN incluye en su panorámica el tema de la pena de muerte, condena que, admite, no se aplica desde 2003, pero continúa vigente en el país.
En 2008, el gobierno cubano decidió conmutar esa máxima sanción por cárcel, lo cual hasta ahora ha beneficiado "a alrededor de 30" reclusos, según estimados que Sánchez indicó a IPS.
En ese grupo no figuran "el cubano Humberto Real y los salvadoreños Raúl Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados a muerte por acciones violentas contra el Estado", dijo la organización. "La exclusión de estos tres reos del proceso de conmutación, sean cuales sean los pretextos, se debe a estrictas motivaciones políticas", sentencia el texto.
Cruz León y Rodríguez Llerena fueron juzgados por terrorismo y sentenciados en 1998 a la pena máxima, en tanto Real Suárez, arrestado en 1994, recibió igual condena tras ser juzgado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego.
No se ha informado oficialmente sobre el resultado o el momento en que se encuentran sus respectivos recursos de apelación ante el Tribunal Supremo. En su reporte, la CCDHRN se queja de que el Código Penal "contiene más de 50 motivaciones, entre figuras y subfiguras jurídicas, para la aplicación de esa pena de máxima crueldad".
Al respecto, el gobierno cubano ha dicho que comprende y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria, pero que no puede renunciar a mantener su vigencia por su efecto "disuasivo" frente a los "terroristas mercenarios al servicio del imperio".
La CCDHRN vaticinó que, "a menos que ocurra un milagro", la situación humanitaria durante 2010 "seguirá siendo igual o peor" que el año pasado. "Nada indica que los actuales gobernantes estén dispuestos a iniciar las reformas jurídicas, económicas y políticas que necesita el país", señaló.
Las autoridades de la isla rechazan todo juicio unilateral sobre el tema de los derechos humanos y consideran estos informes opositores como parte de las campañas financiadas desde Washington para desacreditar a la Revolución Cubana, a la vez que tachan de "mercenarios a sueldo del imperio" a todos los miembros de la disidencia interna.
La CCDHRN brinda semestralmente sus panorámicas y para hacerlas se basa en testimonios de familiares de las personas encarceladas, según han explicado sus activistas. En esta ocasión, el informe coincide con el estreno de España en la presidencia por seis meses de la Unión Europea (UE).
El canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, enfrenta la resistencia de sectores que se oponen a sus intentos de convencer a los 27 países miembros del bloque para sustituir la llamada posición común por un acuerdo bilateral que comprometa al país caribeño a "mejorar" la situación en materia de derechos humanos.
Esa postura que rige las relaciones de la UE con Cuba fue promovida en 1996 por el gobierno español de entonces del centroderechista José María Aznar (1996-2004), con el propósito declarado de inducir cambios democráticos en el país caribeño. Para la Habana, en cambio, la posición común es una "injerencia" inaceptable en sus asuntos internos.
Sánchez comentó a IPS que su informe sobre la situación humanitaria en 2009 "contiene elementos que tal vez sean útiles" al debate abierto en España y en el seno de la UE respecto del tema. El activista es crítico de la postura de diálogo y acercamiento hacia Cuba asumida por el gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Como parte del diálogo político abierto en 2007, Madrid y La Habana han sostenido hasta el momento tres rondas de pláticas sobre asuntos humanitarios y deberían reunirse por cuarta ocasión en febrero próxima, en la capital española.
