Pese a los reclamos de organizaciones de derechos humanos al gobierno de Bangladesh para que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, aún no se ha tomado ninguna medida para llevar a los criminales ante la justicia, denuncian activistas.
Durante la campaña electoral, "el gobierno actual prometió terminar con las matanzas extrajudiciales, y debería respetar su compromiso", dijo la activista Sultana Kamal, directora ejecutiva de Ain o Salish Kendra (ASK), una organización defensora de los derechos humanos que opera en el país.
Poco después de las novenas elecciones parlamentarias, de diciembre de 2008, cuando el actual gobierno obtuvo una victoria arrolladora, la primera ministra Sheikh Hasina Wajed se comprometió a asestar un golpe letal a las ejecuciones ilegales.
"Lamentablemente, no hay ninguna medida visible para poner fin a las matanzas extrajudiciales. En cambio, hay ministros que incluso intentan justificarlas. El gobierno podría detener fácilmente esas muertes si tuviera la voluntad de hacerlo", sostuvo Kamal.
A menudo, los reportes policiales argumentan que las víctimas de esos asesinatos son sospechosos de delitos que se resistían a ser arrestados. La mayoría de los ejecutados lo son mientras se encuentran bajo custodia policial, según varias organizaciones de derechos humanos.
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Pero en sus declaraciones oficiales, la policía señala que resultaron muertos en medio del "fuego cruzado" o durante incidentes violentos en centros carcelarios, y que se vio obligada a disparar contra quienes la atacaban, explicaron.
Pero los activistas opinan que este argumento es una fachada para que el Estado patrocine la matanza extrajudicial de individuos detenidos junto con otras víctimas. Otros prisioneros murieron a consecuencia de torturas durante interrogatorios policiales, enfatizaron.
Junto con ASK y algunas organizaciones internacionales, Odhikar, otro grupo de defensa de los derechos humanos ha pedido reiteradamente al gobierno que frene las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, éstas no han menguado, señaló el secretario de la organización, Adilur Rahman Khan.
Según Odhikar, desde que se reportó el primer caso, el 24 de junio de 2004, y hasta el pasado noviembre, se produjeron 1.462 ejecuciones extrajudiciales en Bangladesh.
En 2009 se perpetraron por lo menos 141 de esos asesinatos. De ellos, se dijo que 120 habían tenido lugar en medio del "fuego cruzado", señaló Odhikar. Unas 17 personas murieron tras ser torturadas mientras estaban bajo custodia policial, y otras cuatro fallecieron a raíz de disparos recibidos durante enfrentamientos violentos, como disturbios en fábricas.
En junio del año pasado, el periódico New Age, que se publica en inglés, informó que desde 2004 murieron por lo menos 14 civiles inocentes, sin antecedentes penales, en incidentes de fuego cruzado. Pero no se inició ninguna investigación independiente para llevar a los perpetradores a la justicia, agregó.
Las matanzas extrajudiciales se volvieron rampantes en el país luego de la formación, en 2004, del Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés), una fuerza policial de elite a la que se responsabiliza de esas muertes.
El Batallón se formó como una unidad especial de combate al delito, e incluyó a miembros del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía.
Organizaciones locales de derechos humanos argumentan que ninguno de los policías responsables, ya sea de las fuerzas regulares o del RAB, han sido acusados de las matanzas extrajudiciales.
En una reciente conferencia de prensa en la sede del RAB en Dhaka, el director general del batallón, Hasan Mahmud Khandaker, defendió las ejecuciones, a las que describió como "legítimo", y dijo que los miembros del Batallón se vieron obligados a abrir fuego como autodefensa.
En 2008 fueron asesinadas 83 personas en "tiroteos" con los miembros del Batallón, señaló. De los 60 casos registrados en 2009, 57 también murieron en "tiroteos" e incidentes similares.
Como nadie se responsabiliza de esas matanzas y los perpetradores gozan de total impunidad, quienes aplican la ley llegan incluso al grado de chantajear a ciertos individuos para que paguen sobornos, dijo Khan.
Agregó que su investigación reveló que se produjeron asesinatos a manos de policías "incluso por el no pago de sobornos".
Una investigación de Odhikar confirmó este pedido de sobornos en algunos casos, bajo la amenaza de morir en "fuego cruzado".
Según Transparencia Internacional, con sede en Berlín, el Departamento de Policía es una de las unidades gubernamentales más corruptas de Bangladesh.
En septiembre, el RAB anunció al público que un buscado delincuente, Kamrul Islam Bappi, fue muerto a raíz de "fuego cruzado" luego de una fuerte balacera a altas horas de al noche en esta capital.
La víctima resultó ser Kaisar Mahmud Bappi (sin ningún parentesco con Kamrul), estudiante universitario y figura televisiva poco conocida. El RAB no admitió el error ni inició una investigación independiente sobre el incidente, señalaron activistas por los derechos humanos.
"El RAB mató a mi hermano, identificándolo (erróneamente) como Kamrul Islam Bappi, quien era buscado por la policía", dijo Shamsunnaher Alam, hermana mayor de la víctima.
Apenas dos meses después de la muerte de Kaiser Mahmud Bappi, los hermanos Lutfor y Khairul Khalasi, fueron asesinados en otro "fuego cruzado". Se los señalaba como líderes del ultraizquierdista Partido Sharbahara, y al momento de fallecer estaban bajo custodia policial. Sus muertes fueron reportadas recién 36 horas después, luego que la familia expresó su temor de que pudieran haber sido asesinados.
En noviembre, la Alta Corte ordenó al Ministerio del Interior y al RAB explicar las muertes de los dos hombres, después de que los periódicos informaron sobre el incidente. Hasta ahora no hubo ninguna respuesta de las dos agencias.
La independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó en diciembre al gobierno a realizar investigaciones independientes sobre las matanzas extrajudiciales en el país, particularmente las que involucran "fuego cruzado".
En esa ocasión, el presidente de la Comisión, juez Amirul Kabir Chowdhury, presentó al presidente Zillur Rahman el primer informe de la entidad sobre el estado de los derechos humanos en el país.
Sin embargo, se considera que la Comisión apenas efectúa recomendaciones, lo que alienta a las organizaciones de derechos humanos a pedirle al gobierno que expanda sus facultades.
Además, dos delegaciones de la Unión Europea, una en junio y otra en noviembre, pidieron al gobierno poner fin a estas ejecuciones.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, también pidió terminar con la impunidad por estos crímenes.
"Como parte de las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, Bangladesh está obligado a garantizar que se investiguen todas las violaciones, y que los responsables sean llevados a la justicia", dijo en un comunicado Brad Adams, director ejecutivo de la división asiática de HRW.
Khan, de Odhikar, sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales "ocurren en una sociedad donde el sistema de la justicia penal no funciona adecuadamente".
En un reciente debate realizado en Dhaka, el juez de la Suprema Corte Nozrul Islam dijo que las matanzas extrajudiciales constituyen una gran preocupación para el Poder Judicial y que es "suicida" para la sociedad y el país dejar que las agencias que hacen cumplir la ley decidan quién debe ser asesinado por cargos penales.
"Los asesinatos extrajudiciales deben parar", enfatizó.
