Promotores del acceso a Internet y de la libre expresión en la red pidieron este miércoles al gobierno mexicano que revele el contenido de las conversaciones sobre un acuerdo internacional de derechos de autor.
La solicitud coincidió con la realización de una consulta pública sobre el Acuerdo de Comercio Anti-piratería (ACTA, por sus siglas en inglés) que México negocia en secreto con Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y la Unión Europea desde 2007.
El estatal Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría (ministerio) de Economía y la Procuraduría (fiscalía) General de la República, responsables de las tratativas, organizaron la consulta en la que, a pesar de su carácter público, pretendían que los participantes firmaran un compromiso de confidencialidad, medida finalmente suspendida.
"Un tratado negociado en estos términos y con esta falta de transparencia no puede ser considerado como una opción, en lo absoluto. Inicien de nuevo el proyecto, involucren a los internautas, asesórense y dejen de servir al monopolio de la propiedad intelectual", dijo a IPS Geraldine Juárez, artista e integrante del colectivo estadounidense Laboratorio de Arte Libre y Tecnología y fundadora del Wiki-Partido Pirata Mexicano.
Esta agrupación surgió a semejanza del Partido Pirata de Suecia, que promueve la supresión de los derechos de autor en campos como el informático.
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El borrador del tratado contiene seis capítulos sobre temas que incluyen respeto a los derechos de propiedad intelectual, cooperación internacional y estructura institucional. El primero de éstos abarca las secciones de observancia civil y penal, acciones fronterizas e Internet.
De aprobarse, el ACTA remodelaría lo que hasta entonces se ha conocido de la red. El documento en negociación plantea que los proveedores de Internet tienen que vigilar proactivamente los derechos de autor de los materiales distribuidos por los usuarios.
Además, esas compañías deberán interrumpir el acceso a Internet a los acusados de piratería, a riesgo de sanciones. Esto significa que, por ejemplo, una familia entera podría quedarse sin la red si uno de sus miembros es sindicado de piratería, sin derecho a un juicio o un abogado.
Este tipo de acuerdo implicaría la adopción del modelo estadounidense de "aviso y requisa", que implica que los proveedores de Internet retiren los materiales bajo sospecha, sin evidencia o juicio de por medio.
Se aplicaría el sistema de los tres avisos. Si un cibernauta es acusado de infringir la propiedad intelectual en esa cantidad de ocasiones, será desconectado del servicio. Multas y tiempo en prisión completan la pena.
Un tratado como el ACTA "tiene que ser democrático, y más si consideramos que, a partir de Internet, la última palabra la tiene el usuario", dijo a IPS Éngel Fonseca, consultor de marketing en Internet.
En México hay unos 27,6 millones de usuarios de la red mundial de computadoras. En países como Francia y Suecia existen leyes similares a lo que se sugiere el ACTA.
La Constitución mexicana avala el derecho al acceso a la información y a la privacidad, por lo cual un tratado como éste podría entrar en contradicción con esas garantías.
En la actividad de este miércoles no se analizaron los textos propuestos, aunque uno de los temas fue la participación de los sectores implicados.
Previa y posteriormente a la consulta, el tema fue motivo de comentarios en las redes sociales electrónicas, como Twitter, mostrando el interés que causa el asunto entre los usuarios de la llamada "cibercarretera".
La consulta tuvo lugar a escasos días de la séptima ronda de sesiones del ACTA, del 26 al 29 de este mes en la ciudad de Guadalajara a unos 550 kilómetros al noroeste de la capital mexicana- y que versará sobre asuntos como la observancia civil, acciones fronterizas, procedimientos de observancia en el ámbito digital y, precisamente, transparencia, según información difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
"El ACTA no sólo afecta el acceso a Internet. Afecta a la democracia. La falta de transparencia y el claro proteccionismo a la industria del copyright (derechos de reproducción) están haciendo evidente para quién trabajan los gobiernos, y no es para los ciudadanos, aparentemente", enfatizó Juárez.
En esta nación norteamericana la piratería está a la orden del día. Seis de cada 10 discos compactos musicales (CD) son copias ilegales, y tres de cada cuatro videojuegos son falsos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las 31 naciones más ricas del planeta (Chile es la más reciente incorporación a ese club).
El "ACTA es un intento de regulación, pero bastante superficial, ya que para eliminar la piratería no basta con sancionarla, sino creando canales mucho más accesibles para tener contenidos sujetos a derechos de autor", precisó Fonseca.
El Senado mexicano ya acordó la comparecencia del secretario de Economía, Gerardo Ruiz, y del director del IMPI, Jorge Amigo, para que expliquen la marcha del proceso rumbo al ACTA.
Por ley, únicamente el presidente de la República puede firmar tratados internacionales, con la aprobación del Senado. Por esa razón, la Cámara Alta solicitó también al gobierno todos los textos vinculados con el acuerdo.
El ACTA competiría con pactos internacionales vigentes. En diciembre de 1996, los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) suscribieron los tratados sobre Derechos de Autor e Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que entraron en vigor en 2002.
El primero abarca los programas de computación y bases de datos, y protege los derechos de distribución, de alquiler y de comunicación al público de esos materiales. En tanto, el segundo engloba los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes, como actores, cantantes y músicos, y los productores de fonogramas.
Estos instrumentos legales vinculantes coexisten con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en uno de los anexos del convenio que dio origen a la Organización Mundial del Comercio en 1994, y que versa sobre las propiedades industriales e intelectuales y su nexo con el intercambio mundial.
