La próxima semana se realizará en Costa Rica la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el asesinato del senador colombiano Manuel Cepeda Vargas en 1994. Ex jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos implican a un ex alto funcionario de inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe.
En esa única audiencia, el 26 y 27 de este mes en San José, el Estado colombiano estará en el banquillo de los acusados. Luego vendrán los alegatos finales de las partes y la sentencia. Es el primer caso de asesinato de un político colombiano que llega a esa instancia, así como el primero de la matanza de miembros de la Unión Patriótica (UP).
La UP pasó de partido político exitoso a ser literalmente exterminada a tiros y a convertirse en el mayor caso judicial colectivo en la historia del sistema interamericano de justicia, que lo admitió en 1997.
Surgida en 1985 de acuerdos logrados por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para darle una vía política legal y desmovilizar gradualmente a la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), a la UP se unieron distintas corrientes, incluyendo mayoritariamente el Partido Comunista, a cuya dirección nacional pertenecía Cepeda Vargas.
La guerra, enraizada en los años 40, recrudeció y se mantiene con actores aparentemente cambiantes en el bando contrainsurgente.
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Según Reiniciar, parte civil del caso colectivo, unos 2.350 líderes de la UP fueron ejecutados, incluidos dos candidatos presidenciales sucesivos. Unos 2.600 militantes más sufrieron distintas violaciones a los derechos humanos.
La familia desprendió del caso global el proceso del senador Cepeda, además periodista, que hasta su elección en 1991 ejerció por 18 años la dirección del semanario comunista Voz.
En diciembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado colombiano ante la Corte por el asesinato de Cepeda. Días después, el Consejo de Estado de este país condenó a la Nación a pagar una fuerte indemnización a la familia Cepeda, por omisión.
Iván Cepeda, hijo del dirigente acribillado y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, hoy candidato izquierdista a la Cámara de Representantes, renunció a recibir el dinero y exige conocer la identidad de los autores intelectuales del asesinato y su juzgamiento, así como que se restituya políticamente el escaño del senador y garantías para que no se repita un crimen similar.
Por su parte, el gobierno espera que en la sentencia de la CoIDH se abra paso su argumento de que el caso Cepeda es improcedente y constituye prejuzgamiento para el caso global de la UP.
Se sabe que durante la existencia de la UP se diseñaron al menos dos planes para exterminar a sus miembros: "Baile rojo" y "Golpe de gracia". Habría sido bajo este segundo que fue asesinado Cepeda.
Como reconoció el Ministerio Público, un grupo combinado de militares activos y paramilitares lo ejecutaron en una vía cercana a su casa, en Bogotá. Dos suboficiales del ejército pagaron breves penas de prisión por el crimen.
Otro pistolero se desmovilizó de las fuerzas paramilitares bajo el gobierno de Uribe, pero fue asesinado, meses después de que un ex jefe suyo, Éver Veloza alias "HH", lo señaló en junio de 2008 como coautor material del asesinato del senador.
En los últimos tres años, hasta que Uribe los extraditó a Estados Unidos, las primicias han corrido por cuenta de paramilitares desmovilizados como "HH", el ex jefe paramilitar que más habló y cuyas versiones tienen crédito entre la prensa, a diferencia de otros en su misma condición.
En todo caso, el extraditado ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" declaró a su vez que José Miguel Narváez, subdirector del servicio de inteligencia DAS bajo el gobierno de Uribe, habría sido quien en 1994 indicó a los paramilitares eliminar al senador Cepeda.
Narváez está preso y es investigado también por crear en 2003 el G-3, una estructura para realizar espionaje, sabotajes y amenazas contra disidentes, incluidos magistrados y defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación lo vinculó en octubre al proceso por el asesinato de Cepeda, tipificado por el anterior fiscal general Mario Iguarán como crimen de lesa humanidad.
Murillo "dijo que Narváez pertenecía a la estructura paramilitar, que no era un asesor simplemente. Hacía las veces de correo y de eslabón entre políticos y militares de alto nivel y Castaño", relató a IPS Iván Cepeda, refiriéndose a Carlos Castaño, jefe visible del paramilitarismo hasta su asesinato en 2004.
"Tuvimos que ir hasta Estados Unidos con la fiscalía para obtener esa declaración", narró Cepeda, "usted no se imagina la dificultad que fue".
Eso mostraría que "la extradición se ha convertido en la gran barrera para obtener ese tipo de declaraciones", sostuvo. Adelantó un tema que abordará ante la CoIDH durante la audiencia: "la extradición como mecanismo de la impunidad".
Salvatore Mancuso, sucesor de Castaño, también extraditado tras su desmovilización, declaró hace un año desde una cárcel estadounidense que Narváez dictó entre 1998 y 2002 en varias oportunidades conferencias a los paramilitares en sus campamentos en los septentrionales departamentos de Bolívar y Córdoba.
"Por qué es lícito matar comunistas en Colombia", se titulaba la serie de conferencias que Narváez dictó, dijo Mancuso. Por entonces, Narváez era profesor de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá.
"El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores del ejército de Colombia se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", aseveró Mancuso.
Además, sostuvo que Narváez hacía énfasis en justificar el exterminio de sindicalistas, opositores y guerrilleros desmovilizados.
El extremismo de Narváez generaba reservas en Castaño: "Cree que todos son guerrilleros", le habría comentado éste a Mancuso, quien reconoció haber recibido de Castaño listados de personas que debían ser asesinadas por nexos con la guerrilla.
En el libro "Mi Confesión", dictado al periodista Mauricio Aranguren por Castaño y publicado en 2002, el entonces jefe paramilitar reveló la existencia de un reducido grupo conformado por las personas más poderosas del país que decidían a quiénes asesinar y a quiénes no.
Un informe del Defensor del Pueblo (Ombudsman) en 1992 aseguró, sobre el salto electoral de la izquierda que significó en su época la UP, que ésta "pasó a ser percibida como una amenaza por los sectores tradicionales, que vieron en su triunfo un ataque a sus privilegios, y la victoria del comunismo internacional".
Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas que visitaron Colombia dos meses después del asesinato de Cepeda -el encargado de investigar torturas, Nigel Rodley, y el abocado a las ejecuciones extrajudiciales, Bacre Waly Ndiaye- rindieron un informe conjunto a la entonces Comisión de Derechos Humanos del foro mundial.
Ambos anotaron que, al menos desde diciembre de 1985, el Partido Comunista "fue considerado también como enemigo interno en virtud de la doctrina de la seguridad nacional invocada como fundamento de las operaciones de contrainsurgencia del ejército".
