«Los sapitos han desaparecido de las granjas por el cambio climático y ya no hay quién controle los insectos. Ahora tenemos que usar químicos para las plagas y eso está matando la tierra», advierte preocupado el campesino peruano Julián Pilco.
El registro de información y percepciones de las comunidades rurales es necesario para contribuir a la lucha contra este grave problema que afronta la humanidad, según el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), conformado por 150 organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, esta plataforma planteó en un documento dirigido al Ministerio del Ambiente que se promueva un "sistema social de registro climático y biológico a nivel local", para recoger la información de los campesinos afectados que narran desde sus conocimientos tradicionales la variabilidad del clima y la modificación de los bioindicadores o señales de la naturaleza.
Hoy esas señales, que antes les permitían a los comuneros prever heladas, lluvias u otros eventos complejos, se han desdibujado por el recalentamiento global. La excesiva emisión de gases invernadero, de la cual el mayor responsable es el mundo industrializado, impacta de modo cada vez más fuerte en las vidas de millones de pobres y de habitantes de zonas rurales
El principal emisor de gases contaminantes es Estados Unidos, con 20,6 por ciento del total mundial, mientras que Perú sólo emite 0,4 por ciento, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Perú es uno de los países más vulnerables. Ya perdió 80.000 hectáreas de tierras aptas para cultivo de papas y sus glaciares han retrocedido 22 por ciento, lo cual equivale al consumo de 10 años de agua para Lima. También han aparecido plagas y enfermedades en zonas donde antes no se registraban, mientras que en la Amazonia se presentan inundaciones, sequías y granizadas.
"La lluvia que venía en septiembre, ahora llega en enero del siguiente año. El sol quema y ahora hasta los campesinos tenemos que usar bloqueador", señala a Tierramérica Pilco, agricultor de la región centroandina del Cusco.
"Ya no hay nieve en (la montaña de) el Apu Ausangate, no hay agua en los puquios (manantiales)", increpa Cayetano Huanta, también de la región imperial, mientras que en la ciudad costera de Chimbote, Yolanda Lara asegura que "el mar se sale y las bases de las casas se debilitan".
En la región amazónica de San Martín, el agricultor Misael Salas Amasifuén cuenta que cayó granizo en su comunidad. "Eso nunca había pasado", dice a Tierramérica.
Los testimonios de afectados se multiplican. Entre agosto y octubre fueron difundidos en nueve audiencias públicas impulsadas por el Mocicc para visibilizar principalmente a las zonas rurales y demostrar que el cambio climático no es un problema futuro, sino que ya está aquí.
La iniciativa de un sistema social forma parte de los aportes de este movimiento a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, elaborada en 2003 pero que sólo se implementó en 13 por ciento, según el propio Ministerio del Ambiente.
"El gobierno debe tomar en cuenta estos testimonios para priorizar los proyectos de adaptación en las zonas más afectadas. Además, debe revalorizar los saberes ancestrales de estas comunidades para enfrentar el cambio climático de manera más eficiente", señala a Tierramérica Rocío Valdeavellano, coordinadora del Mocicc.
En la actualidad existe el Sistema Nacional de Observación Climática, pero desde una mirada principalmente científica. La red es administrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú y consta de 700 estaciones operativas, de las cuales sólo entre 100 y 140 tienen acumulada una información mínima de 40 años (tiempo exigido por la rigurosidad científica), señala el documento del Mocicc.
El resto de las estaciones cuentan con información de un lapso de entre 20 a 25 años o con datos incompletos. Además, tampoco se ubican en la selva ni en las zonas altoandinas de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El coordinador de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, Jorge Álvarez, informó a Tierramérica que hay una propuesta para mejorar el sistema, pero que se requiere recursos humanos y financieros para concretarla.
Álvarez dijo además que desde 2003 se implementó una metodología de evaluación local integrada para priorizar la recolección de información sobre los impactos en algunas cuencas, considerando los bioindicadores de las comunidades.
Según el activista, este método considera además la vulnerabilidad climática a futuro, entre otros criterios, para plantear medidas de adaptación. Pero reconoció que sólo se implementó en cuatro de las 100 cuencas peruanas, en la noroccidental Piura, en la central Mantaro, en Altomayo, en el Cusco, y en Santa, en el occidental Ancash. No se ha aplicado estas evaluaciones locales ni en la sierra sur ni en la Amazonia.
"Esto ha dado lugar a un proceso participativo, de abajo hacia arriba, y poder ver las peculiaridades de cada zona, porque debido a la megadiversidad de Perú no puede aplicarse una misma fórmula para todo el territorio", dijo a Tierramérica Álvarez, quien informó que el ministerio está por concluir un mapa de vulnerabilidad y que para febrero se espera contar con el plan nacional de adaptación.
El Ministerio del Ambiente ha calculado que se requiere entre 190 y 454 millones de dólares anuales hasta 2030 para los planes de adaptación al cambio climático. Sin embargo, aún no está claro qué proyectos se implementarán y en qué zonas vulnerables.
"Es necesario que las autoridades recojan las iniciativas de adaptación que ya implementan algunas comunidades y organizaciones no gubernamentales para que formen parte de una política pública nacional y no sólo sean experiencias piloto", según Valdeaveallano.
El experto Juan Torres advirtió que cualquier estrategia de adaptación debe considerar sistemas locales para vincularlos a un plan nacional y global. Sólo así "podrá enfrentarse un escenario incierto como el que hoy vivimos", dijo.
* Este artículo fue publicado originalmente el 16 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
