Un memorándum policial citado en el informe oficial sobre los hechos de violencia en la zona peruana de Bagua expone la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la represión de la movilización indígena que causó 33 muertes en junio.
Diversas fuentes indicaron que una de las razones del trágico desenlace de 33 muertos, un policía desaparecido y más de 200 heridos se debió a la forma violenta y desproporcionada en que la policía desalojó a los manifestantes indígenas.
Los nativos llevaban varios días de protesta contra un conjunto de decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo que, según las organizaciones indígenas, afectaban sus derechos constitucionales.
Cabanillas negó en todos los tonos que hubiera dado la orden del violento desalojo del 5 de junio, insistiendo en que, según el protocolo, todo estaba en manos del mando policial.
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Sin embargo, en el informe final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, al que tuvo acceso IPS, se consigna el memorándum múltiple N° 711-2009-DIRIGEN PNP, del 3 de junio de 2009, en el que se señala que la policía estaba obligada a informar a la ministra sobre sus operaciones para que tomara la decisión correspondiente.
Según el informe, el memorándum fue dirigido al general de la Policía Nacional, Luis Muguruza Delgado, a cargo de la Dirección de Operaciones, en el que se le comunica que se hará cargo de las acciones en Bagua y que "deberá informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este Comando y la Sra. Ministra del Interior, para la toma de decisiones".
El memorándum es citado en la página 50 del informe, ratificando la versión de Salomón Aguanash, presidente del Comité de Lucha Regional del Paro Amazónico, quien sostuvo que el general Javier Uribe, encargado de las negociaciones previas con los manifestantes, no aceptó al final del día 4 de junio volver a hablar con ellos porque ya había recibido la orden de desalojarlos, emitida por Cabanillas.
Pocos días después de los sucesos de Bagua, Aguanash, líder de la protesta, contó a IPS los detalles de las conversaciones previas con Uribe y el momento del enfrentamiento.
Según consta en la página 48 del informe, el director general de la policía, José Sánchez Farfán, informó el 4 de junio a las 20 horas a Cabanillas que el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, donde se ubica la Curva del Diablo, ocupada por los indígenas, se realizaría el viernes 5 de junio a la hora 5:00 de la mañana. Sin embargo, en sus conclusiones el informe no establece la responsabilidad directa de la ministra, aunque indica que "el desborde en Bagua también fue alimentado por una descoordinación entre ministros y entre instituciones dependientes de la Alta Dirección de los Ministerios del Interior y de Defensa".
Pese a establecer que hubo deficiencias de la fuerza pública a la hora del desalojo, como descoordinación entre los efectivos, falta de equipos y desconocimiento sobre la forma de combate de los indígenas, se señala que en la Curva del Diablo "los policías no atacaron a los nativos".
"Son los nativos los que se suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro, acorralándonos, y ellos los repletan con gases lacrimógenos y perdigones", dice el documento.
El coordinador de la comisión, el indígena awajún Jesús Manacés, dijo a IPS que el documento no refleja de manera imparcial los testimonios y hallazgos recogidos en 120 días de trabajo.
"Se ha dado una versión de parte y se ha preferido dar como verdad lo que dicen las autoridades antes que lo que señalan los indígenas", sostuvo Manacés, quien se negó a suscribir el informe al igual que la religiosa María del Carmen Gómez. Ambos presentaron sus observaciones en una carta al Ejecutivo el sábado 26 de diciembre.
El documento final fue presentado sin la presencia de cuatro de los siete miembros de la comisión.
En el documento también se señala que la Estación 6 del oleoducto de Petro-Perú en Bagua, donde 11 policías fueron asesinados el 5 de junio, "no estuvo protegida por el Ejército Peruano tal como lo establecía el plan del Comando Conjunto". Según el informe, los sobrevivientes pidieron apoyo a los militares de los cuarteles Mesones Muro y El Milagro, pero no hubo respuesta.
Asimismo se confirma que los manifestantes que tomaron la Estación 6 lo hicieron en represalia por los muertos en las primeras horas del 5 de junio en la Curva del Diablo.
"Nos han explicado que se sacó un grupo de 18 efectivos, pues los familiares de personas que participaron en el enfrentamiento de Curva del Diablo entendían que ese era el número de indígenas fallecidos y que había que aplicar el ojo por ojo, diente por diente", que es un principio de su cultura.
El informe de la comisión, así como los documentos de otros tres grupos de trabajo que se formaron tras los sucesos de Bagua, fueron presentados por el presidente del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Adolfo de Córdova Vélez, titular del Ministerio de Agricultura.
De Córdova entregó estos documentos al primer ministro Javier Velásquez Quesquén en ausencia de las organizaciones indígenas acreditadas en las mesas de diálogo establecidas tras la masacre. El ministro de Agricultura informó que los nativos pidieron postergar el debate de los informes para el 12 de enero, con el fin de tener más tiempo para el análisis.
Sin embargo, después de un receso, se decidió seguir con la entrega de los documentos a Velásquez Quesquén.
"Me parece pésimo que se haya presentado el informe sin convocarse a todos los miembros de esta comisión, que debía regirse por los principios de integralidad, ética y justicia", afirmó el abogado Miguel Huerta, presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos.
