Los habitantes de una población en el nororiental estado de San Luís Potosí, en México, batallan hace una década para clausurar una mina de oro y plata propiedad de una empresa canadiense. Pero a cada victoria, le sucede una nueva trampa, que muestra lo difícil que es hallar justicia contra los ecocidios.
Mientras organizaciones ambientalistas y comunitarias festejaban como definitiva una sentencia judicial que anulaba los permisos de operación y ordenaba la clausura de la mina, un tribunal distrital emitió el 14 de este mes un amparo que dejó sin efecto temporal la suspensión de actividades a cielo abierto en el Cerro San Pedro.
"La resolución del tribunal colegiado de anular la operación de la minera está firme, el amparo es sólo sobre la clausura. La minera no tiene permisos de ningún tipo", aclaró a IPS Mario Martínez, dirigente del Frente Amplio Opositor (FAO), una coalición de organizaciones sociales que ha encabezado la oposición al proyecto.
Para Martínez, la clausura definitiva tan sólo fue postergada, pero cuando ella se produzca, quedará por resolver lo más importante y difícil: obtener la justicia ambiental, la reparación ocasionada cuando se produce un ecocidio, un crimen ecológico que afecta el patrimonio natural de personas y comunidades.
El Frente lucha desde hace una década contra la empresa Minera San Xavier, filial de la transnacional canadiense New Gold, y su explotación del Cerro San Pedro, a unos 400 kilómetros al noreste de la capital mexicana.
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La coalición acusa a la compañía de contaminar los mantos acuíferos con el cianuro empleado para disolver el oro en agua, de extraer desmedidamente el líquido de la zona y de operar en un área ecológica.
En febrero de 1999 Minera San Xavier obtuvo de las autoridades ambientales mexicanas un permiso para explotar el Cerro San Pedro, pese a la existencia de un decreto del gobierno del estado de San Luis Potosí que lo declaraba zona ecológica.
Las organizaciones agrupadas en el Frente iniciaron un procedimiento legal contra la explotación de la mina y en octubre de 2005 un tribunal federal declaró nulo el permiso.
Pero en abril del año siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una nueva licencia a la empresa para continuar sus operaciones. En mayo pasado, un tribunal colegiado de tres magistrados volvió a dar la razón al Frente, que logró en noviembre la clausura de la explotación.
El Cerro San Pedro es el asiento actual de una población fundada en 1592 con el nombre de San Pedro de Potosí, como evocación al ya entonces famoso Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, emblema de la minería latinoamericana por siglos.
Pero en lugar de la explotación tradicional anterior, con base en túneles subterráneos, la Minera San Xavier escogió el método de cielo abierto, lo que supuso la voladura casi total del cerro, por el uso de toneladas de explosivos, y el daño a un patrimonio histórico y cultural de unos 400 monumentos de diferentes épocas.
"Es imposible obtener una reparación a todo este daño. El Cerro San Pedro, que la minera ha explotado, prácticamente ya no existe y los mantos freáticos de donde se obtiene el agua están muy contaminados", señaló Martínez.
"El acceso a la justicia es un problema de legitimidad, de cómo el interés de los colectivos y de grupos se puede atender efectivamente, de cómo la reparación se puede reintegrar al ambiente. No es el caso de una persona o una empresa", declaró a IPS Marisol Anglés, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
Una de las debilidades del sistema mexicano es la falta de sistematización de los fallos judiciales relacionados con el ambiente, por falta de estadísticas al respecto.
"Hay actividad jurídica, pero no hay información sobre las sentencias. Necesitamos producir información", resaltó a IPS Antonio Azuela, ex procurador federal del Ambiente entre 1994 y 2000.
Durante su gestión, la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente, creó un sistema de Índices de Cumplimiento de Normatividad Ambiental, que llegó a tener evaluadas a 9.000 empresas.
Pero el gobierno del presidente Vicente Fox descontinuó la elaboración del índice desde que comenzó su sexenio en diciembre de 2000, sin que la iniciativa haya sido retomada por el actual mandatario, Felipe Calderón. Ambos son dirigentes del derechista Partido Acción Nacional.
Para Gustavo Alanís, presidente del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los obstáculos en el camino de la justicia ambiental son muchos, como la proliferación de leyes y jurisdicciones, amenazas contra ambientalistas y autoridades, la demora en los fallos judiciales, la extendida cultura de incumplir las normas y el cabildeo de empresarios para detener regulaciones.
"Tenemos que hacer un esfuerzo, entre gobierno y sociedad, para que las regulaciones se hagan valer adecuadamente", manifestó Alanís durante un reciente foro sobre acceso y administración de justicia ambiental.
En México, existen leyes de protección al ambiente, de aguas nacionales, de vida silvestre y de áreas naturales protegidas, entre otras, con áreas de cobertura similares y con diversidad de atribuciones, lo cual genera duplicidad de funciones.
En el caso del Cerro San Pedro "una vez que la mina deje de funcionar definitivamente, queremos pasarle la factura ambiental a la minera. Vamos a presentar una demanda por daños y perjuicios", anticipó Martínez, un ingeniero hidrológico, que ha estado presente en la larga actividad contra la transnacional canadiense.
En el enfrentamiento con Minera San Xavier no han faltado los episodios oscuros. En 1998 el entonces alcalde de Cerro de San Pedro, Baltasar Loredo, apareció muerto, en un hecho catalogado como suicidio y que se produjo poco después que se negase a firmar un permiso a la filial canadiense.
Un año antes, Enrique Rivera, un activista del FAO, se asiló en Canadá, mientras que otras seis personas han sido encarceladas en uno u otro momento, por su oposición a la mina.
La empresa Minera San Xavier no respondió a la solicitud de IPS de comentarios sobre Cerro San Pedro. Pero desde su sede central en Vancouver, New Gold aplaudió en un comunicado el congelamiento de la suspensión de actividades, mientras se decide una apelación interpuesta por su filial contra el cierre. Y aseguró que espera poder mantener las operaciones mientras se desarrolla el nuevo juicio.
Este caso muestra como las amenazas al ambiente persisten pese a las muchas leyes existentes en México, pero no es el único reciente que lo ejemplifica. Los habitantes de una colonia (barrio) del sur de la capital luchan desde octubre para evitar la instalación de un expendio de combustibles en su barrio.
"El dueño del terreno demolió dos restaurantes con el pretexto de una remodelación y solicitó un permiso para construir una gasolinera. Acudimos a las autoridades y nos dijeron que no sabían, hay complicidad al ocultar información", denunció a IPS Javier Méndez, portavoz de los colonos afectados.
Los opositores a la estación de servicio argumentan que el proyecto viola la ley ambiental de la capital y que supone un riesgo para su salud, debido a las emanaciones de los carburantes.
En este caso existe el antecedente de una obra similar que los afectados lograron bloquear por vía legal. En 2004, la Asociación de Nativos y Colonos de San Pedro Tláhuac llevó a los tribunales a una empresa que pretendía construir una estación distribuidora de gas en esa comunidad situada al sureste de Ciudad de México.
Tres años después un tribunal dio la razón a los demandantes, por considerar que los habitantes de esa zona tienen derecho a un ambiente sano y que éste era amenazado por el proyecto de la estación gasífera.
Profepa cuenta sólo con 400 inspectores para cubrir los casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. A ello se suma el hecho de que pierde 70 por ciento de los juicios de nulidad que se emprenden contra sus resoluciones.
En 2008, Profepa recibió 8.149 denuncias por violación a las disposiciones ambientales, en su mayoría relacionadas con asuntos forestales, según estadísticas oficiales. Con base a ellas, la vigilancia ambiental impuso 6.482 multas por un total de unos 63 millones de dólares.
