Con el argumento dramático de que «está en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad» del país, el presidente socialdemócrata de Guatemala, Álvaro Colom, lanzó una reforma fiscal que busca enfrentar la crítica situación presupuestaría de 2010.
La reforma, en discusión dentro del unicameral Congreso legislativo de este país centroamericano, establece el alza de un punto en la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para situarla en seis por ciento.
El alza afectaría a rentas anuales superiores al equivalente a 7.225 dólares.
El Impuesto de Solidaridad, que tributan las empresas sobre sus ventas netas y activos, pasaría de uno a dos por ciento, mientras el Impuesto de Timbres Fiscales, se elevaría de tres a seis por ciento si sale adelante la reforma propuesta.
Además, Colom propone un nuevo gravamen para la telefonía móvil, de 1,8 centavos de dólar por cada minuto de llamada.
[related_articles]
Guatemala cuenta con una de las cargas tributarias más bajas de América Latina y con la reforma se pretende que los impuestos representen 11,7 por ciento del producto interno bruto (PIB), frente a su actual aporte de 9,9 por ciento.
"Ahora más que nunca hará falta la pronta y responsable aprobación de la reforma fiscal. Habrá menos recursos para inversión porque están previstas menos fuentes de ingreso. Estas consecuencias abren nuevos riesgos a la paz social y a la estabilidad del país", dijo Colom en cadena de radio y televisión en la primera semana de diciembre.
Detrás de la urgencia con que el gobierno presenta la reforma, está el hecho de que el país no cuenta con presupuesto para 2010, al no haber sido aprobado en el plazo legal el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó por 5.575 millones de dólares.
Por ello, el gobierno debe ejecutar igual presupuesto al de 2009, que obliga a egresos por 225 millones de dólares más, para los que no hay ingresos pautados. Tampoco está autorizado a emitir los bonos previstos por 542 millones de dólares, por lo que se va a producir un déficit de 767 millones de dólares, precisó el Ministerio de Finanzas.
En un comunicado, el ministerio que rige la economía guatemalteca secundó a Colom en advertir que el país podría sufrir una crisis de gobernabilidad e inestabilidad política por falta de ingresos públicos, al aducir que las instituciones que dependen de fondos estatales tienen previsiones de aportes que no podrán ser satisfechos. Con la reforma tributaria, el gobierno espera obtener ingresos por 385 millones de dólares en 2010, a los que asegura que sumaría otros 361 millones de dólares con una anunciada campaña contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando.
Los recursos recaudados por el nuevo paquete tributario serán destinados a los municipios y a programas de salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social, según el Ministerio de Finanzas.
El rechazo al proyecto de reforma no se ha hecho esperar. Los primeros en oponerse fueron los empresarios agremiados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras.
Su presidente, Jorge Montenegro, llamó a "la cordura" a los diputados para que no aumenten los impuestos y adujo que ello impediría "la necesaria reactivación económica integral", arrojaría a la informalidad a cientos de empresas, promovería el contrabando y, además, no lograría una mayor recaudación.
Otro crítico más inesperado fue el cardenal de la Iglesia Católica Rodolfo Quezada, quien pidió en una homilía que "quienes ganen más paguen más y quienes ganen menos paguen menos".
"Mucho ejemplo nos daría el gobierno a todos y todas si fueran más austeros, pero cuando uno ve lo que ganan en la administración pública, se ve que tienen sueldos de príncipes y reyes en un país de pobres", se quejó.
El gobierno ya fracasó con otro proyecto impositivo en 2008 por las presiones del sector privado organizado y por el rechazo de los partidos opositores. Ahora realiza una intensa campaña nacional para atraer respaldo social a su iniciativa, pero tiene dificultades para lograr el voto positivo de al menos 80 de los 158 diputados del Congreso.
La gobernante Unidad Nacional de la Esperanza tiene sólo 33 legisladores propios, pero Colom cuenta con una alianza de partidos políticos para gobernar, que en este tema se resisten a secundar la propuesta, por lo que el futuro del proyecto es incierto.
La reforma tributaría es una corriente que incluye a otros países vecinos de Guatemala. México, por ejemplo, aprobó en octubre un incremento tributario y en El Salvador se discute actualmente otro paquete impositivo para enjugar el déficit fiscal.
Para los analistas el tema está claro. Guatemala es un país de muy baja carga tributaria y el incremento de los impuestos es considerado un instrumento indispensable para enfrentar la miseria que atenaza a 17 por ciento de sus 13 millones de habitantes y la pobreza que afecta a la mitad de la población, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas.
"La meta de elevar la carga tributaria al 13,2 por ciento del PIB no se ha cumplido desde 1996 hasta este año. Nunca la hemos alcanzado", dijo a IPS, Pedro Prado, analista económico de la independiente Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Según el investigador, el Estado tiene una necesidad evidente de recursos para cumplir sus funciones y atender las necesidades de la población, lo que hace necesario una reforma fiscal, que subrayó que debe tener un carácter "integral".
"La reforma propuesta es nada más un paliativo para responder a la coyuntura de crisis, pero sigue existiendo la necesidad de una reforma integral que vaya acompañada de medidas de transparencia y de mejoras en la calidad del gasto", señaló.
Para Prado es necesario revisar a fondo los impuestos directos que gravan el ingreso, como el ISR, e ir "apretando las tuercas" para evitar la evasión fiscal, exoneraciones y exenciones de impuestos.
Fernando Carrera, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, aseguró a IPS que la reforma fiscal es indispensable por dos razones: el peso impositivo no alcanza siquiera el 10 por ciento del PIB y el país está urgido de recursos para la inversión social.
Respecto de la propuesta gubernamental, el jefe del instituto independiente señaló como positivo el que haya una pre asignación de los recursos adicionales previstos: un 30 por ciento para salud y saneamiento, 30 por ciento para educación, 30 por ciento para desarrollo rural y 10 por ciento para funcionamiento.
Pero criticó que la inversión no está vinculada a metas específicas. "No sabemos qué va pasar con la cobertura, los estándares de calidad que se van a fijar, el impacto que se va a tener", señaló Carrera.
Al igual que Prado, Carrera subrayó la falta de una reforma fiscal integral que vaya más allá de la coyuntura. "El problema principal es que no se tiene la reforma profunda al ISR, hay que revisar cómo se calcula la renta, principalmente a las empresas grandes", dijo.
Precisamente esa es una de las máximas preocupaciones de los sectores populares. "No se puede seguir castigando a las mayorías, los que tienen más deben pagar más" dijo Juan Tiney, dirigente de la no gubernamental Coordinadora Nacional Indígena y Campesina.
Tiney señaló a IPS que el Poder Ejecutivo debe promover todo tipo de medidas para evitar la evasión fiscal, que es un comportamiento histórico y masivo del empresariado guatemalteco, mientras son los más pobres y asalariados los más fácilmente gravables.
La diputada independiente Otilia Lux dijo a IPS que en el Congreso recién comienzan a analizar la propuesta fiscal, pero manifestó su preocupación porque el nuevo impuesto planteado, el que grava las llamadas por telefonía celular, impactará directamente a los usuarios.
La legisladora señaló también que la propuesta no responde a una política fiscal integral, sino que se queda en un paliativo, sin que nuevamente se aborde la asignatura pendiente de que "los que ganen más paguen más".
