El gobierno izquierdista de El Salvador enfrenta su primer gran test con el proyecto de reforma tributaria del presidente Mauricio Funes, contra el que hacen frente común los gremios empresariales y la derecha política.
Funes demandó a la unicameral Asamblea Legislativa que apruebe su paquete impositivo antes de concluir el mes, "porque si no entra en vigencia a partir del 1 de enero se complican las finanzas públicas".
El proyecto pretende incrementar la recaudación fiscal entre 220 y 250 millones de dólares en 2010 y es uno de los instrumentos del primer gobierno izquierdista de El Salvador, que asumió en junio, para cumplir sus programas sociales y de desarrollo y aliviar el déficit presupuestario.
El gobernante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dijo la noche del domingo 6, en una cadena de radio y televisión, que la reforma busca "una mayor equidad tributaria" y que ni ahuyentará inversiones ni perseguirá empresarios, como dicen sus detractores.
Aseguró que los objetivos de la reforma son tres: hacer justicia, para que quien no pagaba, lo haga, combatir la evasión y el contrabando que en conjunto hacen perder al país 400 millones de dólares, y obtener más recursos para atender los compromisos del país.
[related_articles]
Antes, Funes había resaltado que la reforma "es una exigencia de responsabilidad fiscal con el país", que no puede "seguir dependiendo del endeudamiento externo".
La reforma incluye el aumento de la tasa impositiva a las bebidas alcohólicas, tabaco, armas y municiones, junto con la primera matriculación de los vehículos y las comisiones de las empresas aseguradoras.
También grava por primera vez la renta de operaciones financieras como títulos y valores, e incluso los intereses devengados por los depósitos bancarios superiores a los 25.000 dólares.
Sin embargo, no contempla un aumento en el Impuesto al Valor Agregado o el de la Renta, como insistió Funes en su alocución, al indicar que las medidas no van contra los pobres o la clase media ni afectarán producto alguno de la canasta básica.
La reforma establece medidas novedosas para frenar la evasión fiscal y el contrabando, prácticas generalizadas en un país que depende en 84 por ciento de los impuestos para los ingresos del Estado. La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) cifra la evasión anual en 750 millones de dólares.
El gobierno ha explicado que los ingresos adicionales se destinarán también a paliar la emergencia surgida por el desastre de las tormentas que azotaron al país en noviembre y que causaron 200 muertos y pérdidas multimillonarias.
Además, con su reforma el gobierno busca atender demandas de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, que coinciden que el aporte tributario debe elevarse a 17 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En la actualidad, la carga tributaria salvadoreña equivale a 13 por ciento del PIB y está entre las más bajas de América Latina.
De hecho, la reforma tributaria de Funes forma parte de una corriente generalizada de incrementos fiscales que va de México a Panamá, con la sola excepción de Costa Rica y Honduras.
Pero ninguno de estos razonamientos convence a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que aglutina al sector privado del país y con gran influencia en las decisiones políticas internas.
Para los gremios empresariales la reforma tributaria alimentará y no aliviará la crisis económica en que está sumergido El Salvador.
"Esta no es la reforma que el país requiere en el momento que atravesamos", dijo a IPS Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP. Para Melera, las perspectivas de 2010 son "sumamente complejas" y la reforma no ayudará a que "la economía del país se recupere".
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), uno de los laboratorios de ideas de la derecha salvadoreña y también con gran influencia política, secundó la posición empresarial, bajo el argumento de que en tiempos de crisis es contraproducente incrementar los impuestos.
La crisis financiera mundial ha vapuleado la economía local por varios frentes. Las remesas de los emigrantes, que representan 18 por ciento del PIB, bajaron en 2008 y cerrarán este año con un mínimo aumento de 2,5 por ciento, tras alcanzar cotas de aumento de 13,9 por ciento en el periodo 2002-2007.
En El Salvador, con 6,7 millones de habitantes, de los que en torno a 60 por ciento sobreviven bajo el umbral de pobreza, se calcula que 70 por ciento de las familias viven gracias a las remesas enviados por los 720.000 emigrantes, 75 por ciento de ellos instalados en Estados Unidos.
Las exportaciones a Estados Unidos, en tanto, cayeron 17 por ciento en los primeros siete meses del año, lo que ocasionó la destrucción de unos 40.000 puestos de trabajo.
El país debe, además, hacer frente a una deuda externa que al cierre del primer semestre alcanzaba los 10.143 millones de dólares.
En noviembre, el parlamento aprobó un presupuesto para 2010 de 3.654 millones de dólares para 2010, cuando se espera que el PIB aumente entre 0,5 y uno por ciento, frente a la caída de 2,5 por ciento prevista para este año.
Funes replicó a estas críticas que el incremento de la recaudación es, precisamente, la herramienta para enfrentar la crisis y planteó a quienes insisten que este no es el momento para la reforma "que me digan cuando es el momento"
El presidente, un periodista de 50 años, puso fin a 20 años de gobiernos derechistas en lo político y neoliberales en lo económico, regidos por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y que privilegiaron abiertamente los intereses de los sectores económicos más influyentes.
Funes aseguró que quienes adversan la reforma son los que no pagaban impuestos y ahora tendrán que hacerlo y los que tienen "capacidad contributiva para poder, en un espíritu de solidaridad, contribuir con aquellos que tienen menos capacidad de contribución y no lo quieren hacer".
"Estamos tocando las fibras sensibles", de sectores tradicionalmente privilegiados, el presidente.
El FMLN cuenta con 35 de los 84 legisladores, mientras que Arena tiene 20 bancadas y es la fuerza que más frontalmente se opone a la reforma, que primero calificó como "acoso fiscal" y después pidió que sea fruto de un pacto especial, para tratar de enlentecer la discusión parlamentaria.
El presidente obtuvo el domingo 6 el apoyo de la Iglesia Católica a su proyecto, cuando el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, demandó "solidaridad" a los empresarios y consideró que debe existir "mayor conciencia" en quienes tienen más, para que paguen sus impuestos y puedan entonces ayudar a los tienen menos o no tienen nada".
Nelson Fuentes, economista del no gubernamental Funde, destacó a IPS que en la actualidad El Salvador es en la práctica un paraíso fiscal para muchas empresas.
El experto citó como ejemplo que en las llamadas zonas francas no pagan renta, hay exenciones al transporte y a las transacciones financieras, entre otros beneficios, que ahora se pretende regular.
"En algunos sectores hay muchos beneficios, y esos beneficios son porque en algún momento, en la segunda mitad de los 90 hasta la primera mitad del nuevo milenio, se dieron incentivos y exenciones, y los incentivos, dice la teoría económica, deben ser temporales y decrecientes", dijo Fuentes.
Los empresarios se acomodaron a un sistema que ni fue temporal ni decreciente y ahora arguyen que no es el momento de tocarlo "cuando es precisamente el momento, porque las finanzas públicas ya no dan para más", dijo el economista.
El frente contra la reforma tiene como exponente y apoyo a la dominante prensa conservadora, encabezada por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, los periódicos con mayor tiraje e influencia y que cotidianamente resaltan las negativas consecuencias de la reforma, alegadas por empresarios locales y trasnacionales.
En los últimos días, han recogido veladas amenazas como la del monopolio cervecero Industrias La Constancia, desde 2005 en manos de la firma transnacional SabMiller. Sus ejecutivos dijeron que la reforma bajaría sus ventas en 16 por ciento y eso haría revisar "que tan eficiente es tener una planta" en el país.
También insisten esos diarios en que el gravamen a los intereses por depósitos de 25.000 dólares o más desincentivará el ahorro y provocará una fuga de capitales.
Pero fuentes del oficial Instituto de Garantía de Depósitos dijeron a IPS que 90 por ciento de los depósitos salvadoreños son ahorros menores 8.500 dólares.
De hecho, el cálculo de esa institución es que el nuevo impuesto a la renta de los depósitos sólo afectaría a cinco por ciento de los ahorristas salvadoreños.
