Casi 25 años después del final de la dictadura de Brasil, familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos aún luchan por conocer el destino de los asesinados y desaparecidos, abrir los archivos oficiales y saber todo lo ocurrido con el accionar de la represión de ese régimen.
Brasil está "rezagado en relación a otros países sudamericanos", como Argentina, Chile y Uruguay, que investigaron las acciones represivas y juzgaron dictadores y torturadores, destacó Laura Petit da Silva, hermana de tres desaparecidos, reclamando la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para desnudar los crímenes aún ocultos de los militares.
La propuesta de esa comisión fue aprobada en la Conferencia Nacional de los Derechos Humanos de diciembre de 2008 para que se incluyera en el III Plan Nacional de Derechos Humanos, que será divulgado el próximo lunes y cuya última versión habla de "Verdad y Reconciliación".
"Es una contradicción del gobierno proponer reconciliación, sin haber hecho nada para facilitar informaciones y negándose a abrir los archivos", arguyó Elizabeth Silveira e Silva, del Grupo Tortura Nunca Más, de Río de Janeiro, y hermana de un estudiante desaparecido.
"Es imposible reconciliar sin aparecer los cuerpos ni la verdad", acotó Beatriz Affonso, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Brasil. La reconciliación, sostuvo, debe ocurrir entre Estado y sociedad, pero en Brasil oficialmente aún no se reconocen los crímenes cometidos durante la dictadura, instalada en 1964 y formalmente extinta en 1985.
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La Comisión de la Verdad y la Justicia fue defendida por cinco activistas en rueda de prensa con corresponsales extranjeros este miércoles. "Necesitamos la presión internacional", reconoció Victoria Grabois, quien perdió madre, padre, hermano y marido en la Guerrilla del Araguaia, en los primeros años 70.
Ahora el gobierno acepta la Comisión, pero orientada hacia la reconciliación, ante la inminencia de una condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones cometidas en la cuenca del Araguaia, en la Amazonia Oriental, que comprenden torturas, ejecuciones de prisioneros, degüellos y ocultación de cadáveres, según las activistas.
La Guerrilla del Araguaia, organizada por el entonces pro-chino Partido Comunista del Brasil desde fines de los años 60, fue cruentamente reprimida por las Fuerzas Armadas, con el saldo de por lo menos 76 muertos entre guerrilleros y pobladores locales entre 1972 y 1976.
Es el episodio más oscuro de la resistencia a la dictadura militar, por mucho tiempo no reconocido por las Fuerzas Armadas, cuyos hechos son revelados gradualmente por sobrevivientes, testigos y algunos documentos militares que se conocieron.
Hubo pocos sobrevivientes. Victoria Grabois escapó con vida porque dejó la región embarazada a fines de 1972, pero fue detenida y torturada en cuarteles del ejército en Brasilia. "Fui secuestrada", sin proceso judicial, "vi fotos de compañeros degollados" y los autores de la matanza siguen "totalmente impunes", reveló.
Son "las barbaridades" cometidas allí y en otras partes, como en la Guerra del Paraguay (1865-1870), que hacen que los militares no abran sus archivos más de 30 años después de la masacre en el Araguaia, cree Grabois. La Comisión de la Verdad y la Justicia tendrá como funciones aclarar los hechos, reconocer las víctimas y recomendar políticas para evitar futuras violaciones de los derechos humanos, con competencia para analizar crímenes cometidos en el territorio brasileño o en el exterior y si contaron con la colaboración de agentes del Estado brasileño.
Pero es necesario que sus miembros no sean escogidos por el gobierno, sino por mecanismos públicos con amplia participación de la sociedad, precisó Crimeia de Almeida, cuya pareja desapareció también en el Araguaia. Tampoco se puede aceptar la interpretación de que los crímenes de la dictadura fueron amnistiados, acotó.
"No existe autoamnistía", observó, recordando que la amnistía política de 1979 fue concedida por el general João Figueiredo, último presidente del período de gobiernos militares.
La ley de Amnistía fue tan restrictiva que "solo liberó 17 presos políticos", según Affonso. En realidad solo se trató de reducir las penas de la Ley de Seguridad Nacional, de carácter netamente dictatorial, permitiendo que muchos cumplieran sus sentencias en libertad condicional, corroboró Almeida.
Se trató de "un acuerdo político de silencio" y los militares no podrían ser amnistiados porque "ni siquiera fueron enjuiciados", acotó.
Sumar Justicia a la Verdad es importante, explicaron las activistas, porque la tortura es un crimen imperdonable y las ejecuciones de "prisioneros que ya no representaban riesgo" corresponden a la pena de muerte que no existe en Brasil.
Es una cuestión de principio, de derecho a la vida, que no puede ser tema de consultas populares, como ocurrió en Uruguay, según Almeida, en referencia al plebiscito sobre la anulación o no de la ley de Caducidad Punitiva del Estado promulgada en 1986, que resultó negativo el 25 de octubre pasado, realizado en simultáneo a las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Esa norma permite al Poder Ejecutivo decidir los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por la dictadura uruguaya (1973-1985) que pueden ser pasar a la justicia. La llegada al gobierno del izquierdista Frente Amplio en 2005 posibilitó recién entonces encarcelar a dictadores y a los más emblemáticos represores.
Pero la Comisión de Verdad en Brasil no se constituirá en un "tribunal de excepción", para juzgar los violadores, sino que ofrecerá a la justicia común, civil, el producto de sus averiguaciones para las debidas acciones judiciales, aclaró Affonso.
