«Llegaron a mi casa y estuvieron una hora dando vueltas y preguntando a los vecinos, sabiendo perfectamente bien que no había nada. Era para hostigar», dijo a IPS Mercedes Murillo, al relatar la visita nocturna de un grupo de soldados a su hogar, en el noreste de México.
El hostigamiento contra Murillo sucedió 15 días atrás en el noroccidental estado de Sinaloa, un territorio que actualmente se disputan varios carteles de narcotraficantes e ilustra el creciente temor de la ciudadanía ante la presencia del ejército mexicano, desplegado en la zona para combatir el comercio ilegal de estupefacientes.
Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos militares no se han hecho esperar, como la de Murillo, fundadora del independiente Frente Cívico Sinaloense.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) constató, en un informe difundido este martes 8, que el ejército ha incurrido en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos en sus tareas de seguridad. La presentación se realizó dos días antes de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
"Los casos son verdaderamente escandalosos, pero más escandaloso es que son la punta del iceberg y que las autoridades no los investiguen", declaró Alberto Herrera, director ejecutivo de la oficina mexicana de AI, durante la presentación del reporte "México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército".
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En el documento de 26 páginas, AI reflejó cinco casos emblemáticos de agresiones, que afectan a 35 personas y sucedieron entre octubre de 2008 y agosto pasado en tres estados: el norteño Chihuahua, el nororiental Tamaulipas y el noroccidental Baja California.
Uno de esos casos es el de Saúl Becerra, de 31 años, y otros cinco hombres, arrestados el 31 de octubre de 2008 por efectivos castrenses, en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
El grupo fue acusado de delitos vinculados a drogas y posesión de armas, pero las autoridades no reconocieron la detención de Becerra, ni fue devuelto con vida.
Su cadáver fue encontrado en marzo de 2009 y, según su certificado de defunción, murió un día después de su aprehensión por una hemorragia cerebral ocasionada por un traumatismo craneoencefálico, vale decir, por un golpe en la cabeza.
AI "cree que los cinco casos ilustran un panorama de graves violaciones a derechos humanos perpetradas por personal del ejército que hasta ahora ha sido prácticamente ignorado por las autoridades civiles y militares", cita el documento.
La institución militar está nuevamente en la mira de señalamientos de atropellos humanitarios, repetidos desde que el presidente conservador Felipe Calderón dispuso, al asumir el gobierno en diciembre de 2006, la incorporación de miles de soldados y policías para combatir a las organizaciones narcotraficantes.
En 2009, los asesinatos relacionados con el comercio ilícito de drogas superan la cantidad de 7.000 muertes, según recuentos periodísticos. Casi 2.000 de estas muertes ocurrieron en Chihuahua, escenario de un operativo conjunto de militares y policías que comenzó en noviembre de 2007.
"Nos oponemos (a la presencia del ejército) porque tenemos la experiencia de otros estados", donde su participación creó "una problemática de derechos humanos fuerte", dijo durante la presentación del informe Cipriana Jurado, presidenta del no gubernamental Movimiento Obrero, de Ciudad Juárez.
"Se dieron otro tipo de crímenes, como secuestros, extorsiones y asesinatos de jóvenes", añadió la activista.
Las denuncias de agresiones castrenses han aumentado desde 2006, cuando la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 182 quejas. Al año siguiente la estadística saltó a 367 y en 2008 trepó a 1.230 denuncias.
En el primer semestre de este año, la Comisión recibió 559 reclamos.
Pese a esta situación, la Comisión sólo ha emitido este año 25 recomendaciones a las secretarías (ministerios) de Defensa Nacional y Seguridad Pública.
En 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el ejército puede participar en labores de seguridad pública. Pero el máximo tribunal mexicano determinó que los militares deben someterse a la dirección civil durante esas tareas, lo que en la práctica no ha sucedido en los operativos antinarcóticos.
La representación mexicana de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con la Secretaría de Defensa, para apoyar la prevención de potenciales violaciones a derechos humanos y la formulación de un sistema de indicadores para evaluar el programa de formación en el área de los militares.
El informe de AI sigue a otros similares sobre las violaciones humanitarias de las Fuerzas Armadas, elaborados por organizaciones no gubernamentales como la estadounidense Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Queremos ayuda y no nos la dieron. Se inició una guerra contra el pueblo, no contra el narcotráfico. Los soldados no tienen experiencia para tratar con la opinión pública, todos desconfían de todos, no hay investigación", señaló a IPS Murillo, cuyo hermano Ricardo fue asesinado en septiembre de 2007, un crimen que sigue impune.
Es una situación que preocupa a los activistas humanitarios, que consideran que la presencia militar contribuye a agravar la situación de derechos humanos en México.
Los soldados están cubiertos por el fuero castrense del Código de Justicia Militar, vigente desde 1933 y establecido para tratar los delitos de tipo civil que cometan los efectivos castrenses en el marco de sus funciones.
"El Estado debe contar con los más altos estándares de rendición de cuentas. La justicia militar no ha investigado los abusos cometidos por el ejército", resaltó Herrera.
Desde diciembre de 2006, el Ministerio Público Militar ha condenado a tres personas y procesado a otras 53, sin que haya información concreta sobre esos expedientes. De hecho, los familiares de los agraviados no han tenido acceso libre a los mismos.
"La cobertura de la justicia militar lleva a la impunidad. Hay un problema de ingobernabilidad, de indisciplina, dentro del gobierno, dentro del ejército. Si no, habría una orden de cometer estos actos violentos", reflexionó Miguel Sarre, académico del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México, durante el acto de lanzamiento del reporte de AI.
En agosto, la Suprema Corte blindó legalmente el fuero castrense, al emitir una resolución que denegó un amparo interpuesto por la viuda de un hombre asesinado por cinco efectivos militares.
"Los esfuerzos de los familiares o de la sociedad civil por poner de relieve las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército a menudo no son tomados en serie y en ocasiones son rechazados por considerarse intentos de socavar el prestigio de las fuerzas armadas", subraya el informe.
Ante la improbabilidad de que el ejército abandone su participación en la llamada lucha antinarcóticos, Herrera anticipó que las violaciones a los derechos humanos se agravarán. "Es la tendencia que hemos visto", indicó.
AI recomendó, entre otras medidas, el apego a los derechos humanos durante los operativos militares, investigaciones de tipo civil de las denuncias de abusos cometidos por soldados y la restricción del alcance del fuero militar.
"¿No será mejor, en vez de militarizar a las policías, civilizar al ejército?", se planteó Sarre, en alusión a los 200.000 efectivos con que cuenta el ejército mexicano, en una situación de ausencia de un conflicto armado abierto.
