El líder del Senado brasileño, José Sarney, estuvo a punto de clausurar su carrera política de 50 años, cuyo ápice fue la Presidencia (1985-1990), al protagonizar el mayor escándalo de corrupción de 2009.
Pero la supervivencia de Sarney amplió la imagen de impunidad de los políticos de este país.
En mayo surgieron informaciones sobre medidas ocultas del Senado que favorecían a parientes y amigos de políticos. El escándalo estalló en junio, cuando el diario O Estado de São Paulo reveló la existencia de más de 300 "actos secretos" para el nombramiento de nuevos funcionarios y aumentos salariales en beneficio de los "apadrinados".
Las denuncias se multiplicaron. Se hizo público que por lo menos 663 de esas medidas no publicadas estaban vigentes desde hacía más de una década. En ese lapso, Sarney presidió el Senado por dos bienios (1995-1997 y 2003-2005) y tres otros presidentes de la cámara alta tuvieron que renunciar para evitar la proscripción política debido a irregularidades cometidas.
Varios parientes de Sarney estaban entre los beneficiados de los actos secretos, ejecutados por los directores generales, funcionarios de carrera de la institución que probablemente serán los únicos castigados, aunque resulte imposible que hayan actuado sin órdenes de los dirigentes políticos.
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Se descubrió además que la cámara alta tenía 181 directores entre sus más de 10.000 funcionarios, incluyendo subcontratados y prestadores eventuales de servicios, y que 350 tienen remuneración superior a la máxima autorizada legalmente, que es la de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El Senado se compone de 81 escaños, con tres representantes de cada uno de los 27 estados brasileños. Es la casa del federalismo.
"La crisis no es mía, es del Senado que debemos preservar", se defendió Sarney, ante la avalancha de denuncias difundidas por la prensa, en las que aparecen dos de sus sobrinas y un nieto nombrados irregularmente y escuchas telefónicas comprometiéndolo con varios "actos secretos".
Contribuyó decisivamente a salvarlo el apoyo activo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "No se puede tratar a Sarney como a una persona común", justificó el mandatario, defendiendo la alianza que considera indispensable para las elecciones presidenciales de octubre de 2010, entre su Partido de los Trabajadores (PT) y el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Sarney comanda un sector importante del PMDB, aunque construyó su carrera entre los políticos que apoyaron a la dictadura militar (1964-1985) y que hoy se encuentran mayoritariamente en otros partidos.
Once pedidos para someterlo al Consejo de Ética del Senado, que podrían llevar a su inhabilitación política, fueron archivados sin debate, abortando una ofensiva de la oposición.
El Senador Flavio Arns dejó el PT en agosto declarándose "avergonzado" de pertenecer a un partido que "echó a la basura" su bandera ética al defender a Sarney.
El escándalo perdió repercusión en los meses siguientes y fue sepultado en noviembre, por lo menos en la prensa, por otro que puso en el banquillo al gobernador del distrito federal, José Arruda, acusado de distribuir propinas a los diputados distritales con dinero obtenido ilegalmente de varias empresas.
Las denuncias contra Arruda fueron hechas por el ex secretario de Relaciones Institucionales de su propio gobierno, Durval Barbosa, reo en más de 30 procesos judiciales por fraudes varios, que decidió colaborar con la policía para beneficiarse con la reducción de sus penas.
La operación de la Policía Federal, subordinada al Ministerio de Justicia, se desató con el título de "Caja de Pandora" y cuenta con muchas escuchas telefónicas y documentos que involucran a numerosos políticos y empresarios en la red de corrupción que habría favorecido a algunas empresas en las licitaciones.
El escándalo ganó el apodo de "mensalão de Brasilia", por su similitud con el de 2005, que involucró a varios dirigentes del PT allegados a Lula, en supuestos pagos mensuales a diputados del oficialismo para asegurar sus votos en la aprobación de proyectos importantes.
Las denuncias provocaron renuncias de ministros y líderes del PT, sin la condena judicial de nadie hasta ahora, pero interrumpió la carrera de algunos políticos que eran apuntados como posibles sucesores de Lula, como el ex Jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu de Oliveira, y el ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
Arruda dejó el Partido Demócratas (DEM) para evitar la expulsión, perdiendo así condiciones para disputar la reelección en octubre de 2010. El escándalo debilitó al DEM, del que Arruda era el único gobernante estadual, y por ende la alianza opositora entre esa fuerza y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Pero fue el Poder Legislativo el más afectado por los escándalos de corrupción en 2009. Antes de la "crisis del Senado", que estimuló a quienes impulsan la extinción de esa cámara legislativa, cerca de la mitad de los 513 diputados fueron involucrados en la llamada "jarana de los pasajes".
Recursos públicos que les son entregados para viajar a sus lugares de origen y cumplir sus misiones parlamentarias, fueron destinados a viajes de turismo de parientes y amigos y a otros gastos de carácter personal.
Algunos reconocieron el error y devolvieron el dinero, pero la mayoría justificaron sus irregularidades en la ausencia de reglas precisas para el presupuesto de sus oficinas parlamentarias.
El año termina así con el Poder Legislativo perdiendo credibilidad. Es una de las instituciones que siempre estuvieron entre las de menor confianza manifestada por la población en las encuestas.
