Organizaciones sociales de América Latina instaron a los países participantes de la COP 15, que se realiza en la capital danesa, a respaldar la propuesta oficial de Bolivia de crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática.
En el taller realizado este jueves en el Klimaforum, el principal encuentro de la sociedad civil paralelo a la COP 15 (Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), los activistas de la región advirtieron que no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados si no son escuchados en esta recomendación.
Este llamado en Copenhague se da después de que el 13 y 14 de octubre tuviera lugar en la ciudad boliviana de Cochabamba la primera audiencia de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, organizado por organizaciones no gubernamentales de distintas partes del mundo.
«Desde las organizaciones sociales vemos la necesidad de buscar mecanismos de exigibilidad de los derechos ambientales», dijo a IPS la colombiana Lyda Fernanda Forero, integrante del secretariado de la Alianza Social Continental.
La Alianza reúne a unas 60 redes de organizaciones de la sociedad civil de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.
«El próximo año, la COP 16 será en México y estamos pensando cómo hacer una nueva sesión del Tribunal, que incluya pagar la deuda histórica y climática que tienen los países del Norte con los del Sur», explicó la activista.
La creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática reconocido por todos los países es una de las propuestas que el gobierno del indígena aymara Evo Morales trae a Copenhague en conjunto con las organizaciones sociales y de los pueblos originarios de este país andino.
La comunidad internacional, proponen los activistas, podría inspirarse en la experiencia que ya tuvo lugar en Bolivia este año, donde se juzgaron siete casos de daño ambiental en Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y el país anfitrión.
En la oportunidad se juzgaron Estados, a empresas trasnacionales, organismos multilaterales e instrumentos internacionales, como el cuestionado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado en el marco del Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005.
El MDL permite a los países industrializados incluidos en el Anexo 1 del Protocolo compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del recalentamiento planetario, financiando proyectos de mitigación en los países del Sur en desarrollo.
Elizabeth Peredo, de la no gubernamental Fundación Solón de Bolivia, cuestionó ante IPS otra institución: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Al permitir a las empresas demandar a los países, el Ciadi «quita recursos públicos a los Estados por intereses de las trasnacionales. ¿Cómo es posible que ellos puedan quitarnos tantos recursos y nosotros no podamos sancionarlos y hacer que cumplan?», por su responsabilidad en el cambio climático, preguntó Peredo.
La delegación boliviana organizó el miércoles en la COP 15 una sesión para tratar otra proposición innovadora: la firma de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, idea que en estos momentos es formalmente analizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En otra charla realizada en el Klimaforum este jueves, indígenas bolivianos denunciaron los efectos del recalentamiento planetario que ya están sufriendo, como derretimiento de glaciares, falta de agua, cambio en los ciclos de las cosechas y nuevas enfermedades que afectan a los animales, que aniquilan su precario presupuesto.
«Se nos va todo el dinero en medicinas para los animales, medicinas que vienen de Europa», alegó uno de ellos.
«Muchos (indígenas) aymaras y quechuas en Bolivia no tenemos luz ni movilidad», en medios de transporte que consumen combustibles fósiles, como el petróleo, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, recordó Rafael Quispe Flores, autoridad del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de Bolivia.
«Nosotros no somos culpables de la contaminación que han producido los países desarrollados», acotó.
«La gente en Bolivia se está quedando sin agua porque se le están derritiendo los glaciares de los cuales se abastecen, otras personas en África están muriendo por la sequía, en Burma (Birmania) hay quienes han muerto por los ciclones, al igual que en El Salvador», recordó Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), uno de los jurados de la primera audiencia del Tribunal realizada en Bolivia.
Mientras, otras personas en el mundo «están generando grandes cantidades de dinero, consumiendo grandes cantidades de recursos y emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera», dijo a IPS.
«La relación» entre ambos grupos de personas «es de culpabilidad» y «no hay instrumentos legales para poder imponer alguna sanción. Entonces la idea es establecer algún tribunal internacional de justicia climática», apuntó Navarro, quien también integra Amigos de la Tierra Internacional.
«Urge, es necesario. Ahí están las víctimas, ahí están las víctimas. Pues, ¿dónde están los victimarios? Creo que es necesario hacer justicia con eso», acotó.
El Tribunal «ya es legítimo, estamos esperando que se vuelva legal», concluyó.
