La tradicional campaña «Navidad sin Hambre» de Brasil llega a su decimoséptima edición. Pero, pese a los programas en marcha, la inseguridad alimentaria todavía afecta a 15 millones de personas en este país sudamericano, según datos oficiales.
Hambre de alimentos, pero también "hambre de jugar, estudiar, y soñar", según el lema de este año de esta iniciativa de la no gubernamental "Acción de Ciudadanía, por un país sin miseria", que en esta ocasión sólo recolecta libros y juguetes.
Pero esto no significa que deje de haber hambre por falta de alimentos, subraya la institución que creó la campaña hace 16 años.
La iniciativa nació a instancias del fallecido sociólogo Herbert De Souza, como una manera de movilizar a toda la sociedad alrededor del sueño de un país sin hambre, sin miseria y donde todos tengan asegurados sus derechos de ciudadanía y justicia.
Entre 1993 y 2005 la campaña recaudó más de 30.000 toneladas de alimentos, que fueron donadas a 15 millones de personas, para denunciar la falta de políticas efectivas para combatir el hambre.
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En la actualidad, programas como "Fome Zero" (Hambre Cero, en portugués) del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, intentan ocupar ese vacío.
El plan Hambre Cero forma parte de uno más amplio, llamado Bolsa Familia, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre.
Patrus Ananías, titular de ese despacho, explicó que el plan promueve la transferencia de rentas para garantir un ingreso mínimo a familias pobres y muy pobres, a cambio de cumplir ciertos requisitos como garantizar la escolaridad y vacunación de los menores.
Con ese ideario, busca establecer "condiciones objetivas para erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza extrema e interrumpir así el ciclo intergeneracional de la pobreza y ayudar a promover a medio, y largos plazo, la emancipación de las familias atendidas", puntualizó el ministro.
Bolsa Familia beneficia oficialmente a 12 millones de familias, lo que se traduce en 45 millones de personas, en un país con alrededor de 190 millones de habitantes.
Ananías aseguró que los ambiciosos objetivos han dado resultados palpables. El plan otorga a cada familia el equivalente a entre 40 y 97 dólares mensuales, lo que suma una erogación cada mes de 639 millones de dólares. Junto con otros programas sociales han logrado disminuir los altos índices de pobreza.
El Ministerio de Desarrollo Social asegura que 19 millones de personas superaron la situación de miseria entre 2003, cuando asumió Lula, y 2008, con base a datos de la privada Fundación Getulio Vargas.
El Instituto de Investigación Económica Aplicada completó este dato con otro elemento: la renta del 10 por ciento de más pobre de la sociedad brasileña creció a un ritmo seis veces superior al del 10 por ciento más rico, en lo que indicaría una reducción de la desigualdad en el país.
Los resultados son reconocidos por entidades como el independiente Instituto Brasileño de Estudios Sociales (Ibase), también creado por Herbert de Souza, quien ya desde 1993 justificaba la ayuda de emergencia para combatir el hambre, bajo la consigna de que "quien tiene hambre, tiene prisa".
Pero Ibase tiene sus críticas sobre Bolsa Familia, después de haber realizado una gran investigación para evaluar sus resultados.
El informe final sobre el estudio indicó que unos seis millones de las familias beneficiadas por el programa se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que "que en los tres meses anteriores tuvieron restricciones severas en la cantidad de alimentos y hasta hambre".
"El hambre alcanza a un contingente significativo de familias en Brasil, un problema inaceptable en un país que es considerado la sexta mayor economía del mundo", analiza Ibase.
Pero también reconoce aspectos positivos de Bolsa Familia en la alimentación de las familias, como la mayor "estabilidad en el acceso" y "el aumento de en la cantidad y variedad de alimentos consumidos".
Puntualiza que, sin embargo, "la persistencia de altos índices de inseguridad alimentaria indica que el hambre en Brasil es más compleja y que el programa Bolsa Familia no es suficiente para garantizar a la población el derecho humano a la alimentación".
Leonardo Ribas, consultor de la organización no gubernamental Harpia-Harpya, destacó a IPS que Bolsa Familia, tal como dice el gobierno, estimula una microeconomía local que a su vez mueve una macroeconomía. Pero esta última "mueve un mercado que es excluyente".
Ribas, un abogado especialista en derecho alimentario, consideró que ese mercado está muy distante de un "modelo de economía solidaria popular" y se integra en un plan general que en vez de estimular la producción agrícola familiar, por ejemplo, fomenta el agro negocio.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario, la agricultura familiar aporta 75 por ciento de la mano de obra rural, 70 por ciento de la producción de frijoles, 87 por ciento de mandioca y 58 por ciento de la leche que se consume en el país. Es, en la práctica, la que garantiza la seguridad alimentaria brasileña.
"Sin embargo, la producción y la venta de alimentos se guían por el mercado de lucro" y el alto precio de los alimentos afecta principalmente a las familias más pobres, según el estudio de Ibase.
Ribas destacó que más del 50 por ciento de los recursos de Bolsa Familia son utilizados por los beneficiarios para adquirir alimentos, pero la calidad alimentaria sigue siendo ineficiente.
Las verduras y legumbres, que la agricultura familiar podría abastecer a buenos precios, son caros en el mercado tradicional y se reemplazan en el consumo por alimentos altamente calóricos, citó como ejemplo.
El estudio de Ibase complementa este análisis, al detallar que 16 por ciento de las familias beneficiadas por el programa, tuvieron algún caso de desnutrición infantil entre sus miembros, 36, 8 por ciento alguno de anemia, 31,4 de hipertensión, 8,4 de deficiencia de vitamina A y 7,4 por ciento de obesidad.
Ribas también llamó la atención sobre los vacíos creados en Bolsa Familia dentro del sistema de transferencia de recursos. Se trata de una compleja red que atraviesa instituciones federales, provinciales y municipales, por la que se producen fugas de recursos en el proceso y que no asegura la aplicación de otros programas complementarios, como los educativos o de capacitación social.
"El cuadro de vulnerabilidad social continúa", resumió Ribas al destacar que por ahora Bolsa Familia no ha pasado de la primera etapa, la del asistencialismo.
Fue por motivos como este que la anual campaña Navidad sin Hambre, cambió su modelo a partir de 2006.
Los promotores partieron del dato de que 24 por ciento de los recursos que Bolsa Familia se pierden por el camino y no llegan a más de 11 millones de personas de las beneficiadas oficialmente. Así que los comités de Acción Ciudadana pasaron a identificar las familias que no reciben el programa, aunque tengan derecho a hacerlo.
En la actualidad, unos 700 comités capacitan a personas como agentes locales de ciudadanía, encargados de visitar en conjunto unas 15 mil familias.
Es una manera de denunciar y de corregir las insuficientes políticas oficiales para combatir el hambre, 16 años después de haber comenzado la campaña Navidad sin Hambre.
