En agosto de 2007, los rumores insistentes se convirtieron en clamor que obligó a preguntar a la prensa de Colombia qué tan serio era hablar de un tercer período presidencial del derechista Álvaro Uribe, que gobierna desde 2002.
Sólo que esta vez el ruido reeleccionista no procedía del Palacio Presidencial sino de las afueras.
Desde entonces, el presidente aspirante calló, pero sus amigos se encargaron de iniciar una campaña cuyo eje central fue la recolección de cinco millones de firmas para dar respaldo legal a la convocatoria de un referendo que le diera aprobación a una reforma de la Constitución.
Sobre la base de esas firmas, el Congreso legislativo adelantó un debate que concluyó en la aprobación de la ley que autoriza a convocar el referendo reformador de la carta magna que habilite una tercera postulación consecutiva de Uribe, ya reelegido en 2006 mediante un procedimiento similar.
Desde el día en que a la Registraduría Nacional llegó el vistoso desfile de cajas con legajos de firmas obtenidas en una audaz campaña, comenzaron las sospechas que crecieron bajo la presión de una oposición que no dejó duda sin investigar, ni dato oficial sin verificar.
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De resultas de ese proceso de averiguaciones, los responsables de la millonaria recolección de firmas fueron acusados de más de una anomalía.
Recordó esas acusaciones un artículo editorial del diario El Espectador: "el Comité Promotor reportó un crédito inexistente por dos mil millones de pesos (algo más de un millón de dólares), violó los topes en la financiación de la recolección de firmas al gastar 1.900 millones de pesos, excediendo el límite de 330 millones, y le presentó al Consejo Nacional Electoral los balances que no eran".
Las anomalías fueron sometidas al juicio del Consejo Nacional Electoral, que encomendó al magistrado Joaquín José Vives la investigación y la ponencia que consideraría la sala plena.
Cuando el magistrado presentó el resultado de sus averiguaciones encontró una sala dividida en dos partes iguales: los que respaldaban plenamente la ponencia en la que se dejaba en evidencia la ilegalidad de las acciones de los promotores del referendo, y los que se le oponían.
El pulso entre estos dos bandos duró más de un año hasta que, exigidos por la Corte Constitucional que debía decidir sobre la constitucionalidad de la ley aprobada en el Congreso, procedieron a nombrar tres conjueces que dirimieran el prolongado pleito. El fallo de estos conjueces, aprobado por dos de ellos porque el tercero hizo un salvamento de su voto, desató el viernes 13 una tormenta política.
Tronaron los partidarios de la reelección presidencial. Los conjueces "actuaron fuera del marco de la ley, estarían incursos en el delito de prevaricato", sentenció el abogado Rafael Guarín. "El impacto de la decisión no es jurídico, pero sí político", anotó un antiguo asesor del Consejo Nacional Electoral.
El columnista Ernesto Yamhure, de El Espectador, se preguntó si no se trataría de una venganza por el escándalo DMG (un caso de estafa múltiple) en el que había sido abogado uno de los conjueces. Y, según el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, los conjueces "no tienen por qué estar hablando de nulidad de la convocatoria de referendo".
Pero la oposición hizo más ruido. "Los conjueces tenían todas las facultades para fallar", señaló el candidato presidencial del opositor Partido Liberal, Rafael Pardo. "De quedarse en firme la decisión esto significa que la ley (del referendo) no existe, y si el gobierno existe estaríamos ante un golpe de Estado", sentenció el postulante del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro.
"No hay una norma legal que permita que el referendo se realice", afirmó el ex vicefiscal general José Sintura, y el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, concluyó "que se declare la inexequibilidad del referendo porque está viciado en su origen".
Uribe sigue teniendo una gran popularidad, medida en encuestas, aunque estos sondeos registran caídas, hasta 64 por ciento, la medición más baja de su gestión, según el estudio presentado a inicios de este mes por la firma Invamer Gallup.
Como quien previene una catástrofe, los altos mandos del uribismo trazaron cuatro estrategias defensivas: determinar si los conjueces actuaron dentro de la ley o incurrieron en prevaricato; alegar los derechos fundamentales frente al fallo de los conjueces; acudir a la Corte Constitucional con sus alegatos; promover manifestaciones públicas de apoyo a la reelección.
Son dos grupos tensos y combativos y, entre ellos, una opinión pública que, según la interpretación de El Espectador, resiente el alto costo de miles de horas del Congreso, de las salas judiciales, de los periódicos y las universidades, dedicadas a defender u oponerse a la reelección, "mientras los debates de peso pasan inadvertidos".
Colombia vive desde 1964 un conflicto interno que enfrenta a guerrillas izquierdistas contra la fuerza pública y los paramilitares de extrema derecha, y que ha dado pie a una creciente presencia militar estadounidense. La pobreza, según cifras oficiales divulgadas en agosto, afecta a 46 por ciento de los hogares.
Los que parecen obtener provecho de la situación en que ha quedado el referendo son los candidatos a la Presidencia, férreamente atados a la línea de partida, impacientes ante la indefinición del presidente postulante que durante estos años ha mantenido en el misterio su ambición.
Tascando el freno, el ex ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, declaró que "mientras el referendo esté vivo y el presidente no se pronuncie, no voy a dar ningún paso".
Tampoco lo dan los demás candidatos que, ante la posibilidad de un desmonte legal del referendo, sienten que la hora de la largada está cerca.
Mientras tanto, la tensión política crece y hace olvidar los escándalos de los últimos días, relacionados con los dineros de subsidios agrícolas entregados a poderosos industriales del campo.
Los seguidores del presidente contemplan la posibilidad de un fracaso de la reelección como una catástrofe, mientras los opositores anuncian su caída legal, pero no están seguros. Otra hábil jugada presidencial no es imposible.
