Acusado de haber intervenido en transacciones irregulares de armas en los años 90, el vicepresidente Luis Giampietri se convirtió en el más encumbrado funcionario del gobierno de Perú en afrontar una denuncia penal por corrupción.
La acusación se refiere al periodo en que el militar estaba a cargo de las compras de armamento de la Marina, en 1994 y 1995. Entonces encabezaba el gobierno Alberto Fujimori (1990-2000), quien hoy cumple en la cárcel largas condenas por violaciones de derechos humanos y corrupción.
El legislador Víctor Andrés García, de la opositora Alianza Parlamentaria, ha presentado una moción para cesar a Giampietri en la vicepresidencia por la acusación.
"Proponemos la vacancia del primer vicepresidente por incapacidad moral, ya que Giampietri ha sido denunciado por una fiscal por gravísimos delitos", dijo García a IPS.
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"Giampietri ha sido denunciado penalmente, por lo tanto no tiene capacidad moral para sustituir al jefe de Estado", agregó. "Mientras no se defina su situación jurídica, no puede personificar a la nación porque no está capacitado."
Luego de casi cinco años de investigación, la fiscal anticorrupción Marlene Berrú concluyó que Giampietri fue, en 1994 y 1995, el responsable de la compra de armamento para la Marina.
Desde esa posición, sostuvo Berrú, el militar favoreció a empresas proveedoras que pertenecían a la red de corrupción encabezada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
De acuerdo con el expediente, Giampietri aprobaba la adquisición de equipos militares a compañías señaladas expresamente por Montesinos, quien recibía, a cambio, comisiones millonarias luego descubiertas en cuentas a su nombre en bancos de Suiza.
La acusación contra el vicepresidente es por los delitos de colusión desleal y asociación ilícita para delinquir, y alcanza a otros 30 oficiales navales que participaron en la compra de equipo bélico de avanzada, como misiles, torpedos y motores, hasta por 45,9 millones de dólares.
Giampietri expresó públicamente que la denuncia de Berrú "es insostenible y carece de fundamento". "Me presenté hasta en tres ocasiones para hacer mis descargos porque no tengo nada que temer", indicó.
También dijo que las compras no implicaron ningún perjuicio para el Estado, "porque los equipos comprados llegaron al país y fueron utilizados en la defensa nacional".
La fiscal Berrú sostuvo que el problema no es si el equipamiento llegó o no a los arsenales de la Marina, sino que el procedimiento de compra fue simulado para favorecer a las empresas propiedad del ciudadano israelí Moshe Rothschild Chassin y de los peruanos Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke.
Según ya se comprobó judicialmente, estos empresarios le pagaban sobornos a Montesinos para que las Fuerzas Armadas compraran sus artículos.
Rothschild y Benavides son prófugos de la justicia desde 2001, y Corpancho se encuentra preso en Lima desde 2007, cuando España lo extraditó.
Rothschild, Benavides y Corpancho organizaron la venta a Perú de 36 aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de Belarús por 410 millones de dólares, entre 1996 y 1997, una operación comercial en la que, según admitió Fujimori, Montesinos cobró un soborno.
"Para nosotros el procedimiento no es la vacancia de Giampietri como primer vicepresidente. Sin embargo, consideramos inadecuado que una persona acusada por una fiscal asuma la Presidencia de la República", dijo Daniel Abugattás, portavoz del opositor Partido Nacionalista Peruano.
"Sin duda, una persona con una acusación tan grave no podría ejercer un cargo de importancia hasta no esclarecer su situación", concluyó.
Giampietri también estuvo involucrado en el proceso a los responsables de reprimir en 1986 un motín de miembros de la organización insurgente Sendero Luminoso en la cárcel El Frontón, que le costó la vida a 300 presos. Alan García, que entonces estaba por primera vez al frente del gobierno (1985-1990), figura entre los acusados.
En 2002, Giampietri fue elegido concejal de la municipalidad de Lima por el partido fujimorista Vamos Vecino y en 2005 se sumó a la organización Chimpún Callao, liderada por Alex Kouri, quien aparece en un video negociando con Montesinos la excarcelación de un familiar procesado por narcotráfico.
El hermano de Kouri, el ex legislador Alberto Kouri, fue filmado recibiendo un soborno del asesor de Fujimori.
Para las elecciones del 2006, Giampietri se integró en la fórmula presidencial encabezada por Alan García, como consecuencia de una alianza entre el Partido Aprista Peruano (PAP) y Chimpún Callao.
Giampietri fue candidato a la primera vicepresidencia y al Congreso en las listas del PAP, a pesar de que en 2003 una comisión investigadora dirigida por el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén señaló que el marino retirado había intervenido en compras irregulares de armamento.
El informe de ese caso fue enviado a la fiscal Berrú, que confirmó la responsabilidad de Giampietri. Javier Velásquez, el acusador de Giampietri, hoy es el primer ministro del gobierno de García.
"No se puede aceptar que una persona acusada de haber delinquido en perjuicio del Estado ejerza un alto cargo del Estado", dijo el legislador Víctor Andrés García. "Es inaceptable que nos gobiernen personas cuestionadas por corrupción. Por mucho menos otros altos funcionarios del gobierno fueron apartados del poder."
El congresista oficialista Edgar Núñez ve motivaciones políticas detrás de la denuncia contra Giampietri, aunque aseguró que el vicepresidente saldrá bien librado del eventual juicio.
"Es una denuncia sin fundamento", dijo Núñez a IPS. "Giampietri es una persona de demostrada probidad. Ahora bien, el congresista Víctor Andrés García, que promueve la vacancia del primer vicepresidente, exagera con su pedido porque debe prevalecer la presunción de inocencia, más aun si se trata de un alto funcionario. Plantear la vacancia es una irresponsabilidad."
Cuando Giampietri se postuló a la vicepresidencia y al Congreso, no mencionó en su hoja de vida, exigida por las normas vigentes que, había sido involucrado en una investigación del Poder Legislativo y que la fiscalía anticorrupción lo investigaba.
"Yo solo cumplí con órdenes superiores", explicó en su momento Giampietri. "Ningún oficial de la Marina cobró una coima (soborno)".
Probablemente sea cierto lo que argumenta Giampietri en cuanto a las órdenes, porque entre los empresarios que se beneficiaron con sus decisiones se encontraba Víctor Posso, esposo de la hermana del entonces comandante general de la Marina, Américo Ibárcena, de quien el hoy vicepresidente dependía entonces directamente.
Ibárcena también pertenecía a la red de Montesinos y hoy purga prisión por delitos de corrupción.
Giampietri es el segundo dirigente de Chimpún Callao, organización aliada del PAP, que afronta un proceso por corrupción.
Su líder, Alex Kouri, fue procesado por la construcción a precio sobrevalorado de un sistema de peaje de acceso al aeropuerto internacional, cuando se desempeñó como alcalde del Callao.
