«Que se termine esta mentira», clamó entre llantos Luisa Marilef, una mapuche de 55 años que asegura que la detención y procesamiento de su hijo por ley antiterrorista es fruto de un montaje de la policía y de la fiscalía. Denuncias así, rechazadas por las autoridades, se repiten en el sur de Chile.
"Mi hijo (Sergio Catrilaf, jefe de la comunidad "Juan Catrilaf II") trabaja su campo, trabaja la lechuga, en el invierno trabaja la espinaca, la acelga. Se sienta en la mesa con el gobierno, dialoga, y ahora lo tienen preso. Jamás tuvimos un enfrentamiento con carabineros. Esto es muy doloroso", relató la mujer casi sin poder hablar de la congoja.
El pueblo mapuche, con casi un millón de integrantes, es la etnia originaria más numerosa de Chile. Aunque la mitad vive hoy en Santiago, su territorio ancestral comprende desde la región del Bío-Bío hasta la de Los Lagos, más de 500 kilómetros al sur de Santiago.
La comunidad "Juan Catrilaf II", ubicada en la comuna de Padre de las Casas, región de la Araucanía, está compuesta por 113 familias que viven en igual número de hectáreas. Ésta negoció pacíficamente por una década con el gobierno de Chile la restitución de unas 500 hectáreas de tierra, las cuales iban a ser traspasadas el pasado 5 de octubre.
Esto no ocurrió por problemas burocráticos y la esperanza se diluyó el 25 de octubre, cuando efectivos policiales irrumpieran en la comunidad para detener a comuneros, entre ellos a Sergio Catrilaf, acusados de la quema de tres camiones y del ataque a un autobús con pasajeros en Temuco, la capital regional. En el allanamiento resultaron una veintena de comuneros heridos.
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"Es un montaje el que le hicieron a mi hijo", aseguró Luisa Marilef a un grupo de corresponsales de la prensa internacional que entre el 12 y 14 de este mes visitaron esa comunidad, un hospital y tres cárceles del Bío-Bío y La Araucanía, donde varios mapuches, como Catrilaf, de 33 años, están siendo procesados por la ley antiterrorista.
"Mientras no haya una demostración de que ha habido montajes, no aceptamos" estas denuncias, respondió este martes a corresponsales de la prensa extranjera el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo.
Además de los supuestos montajes preparados por la fiscalía y la policía, con el fin de debilitar el movimiento mapuche y frenar la entrega de tierras, los comuneros acusan a los propietarios de los predios privados reivindicados por los mapuches de practicarse "autoatentados".
También aseguran que operan grupos paramilitares en la zona. Según Viera-Gallo, no existen antecedentes de la real existencia de estos últimos.
Asimismo, se repiten las denuncian sobre atropellos policiales durante los allanamientos, donde quedan heridos niños, niñas, mujeres y ancianos. Los medios internacionales que recorrieron la zona, entre ellos IPS, pudieron constatar las huellas que dejan en los cuerpos de los comuneros los balines de goma disparados por la policía.
Los comuneros en prisión preventiva afirman que en los allanamientos los policías no se identifican como tales ni muestran órdenes de detención y que han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas.
La activa comunidad de Temucuicui tradicional, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, acusó a la policía de lanzar gases lacrimógenos cerca de su escuela, dejando a una treintena de niños asfixiados, hecho que despertó la preocupación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Tampoco hay que exagerar. Pueden haber algunos caso aislados lamentables, pero no son masivos", señaló Viera-Gallo. En el caso de Temucuicui, "los niños se ahogaron, como nos ahogamos cualquiera de nosotros cuando nos tiran una bomba lacrimógena cerca. Pero no pasó más que eso", dijo.
A su juicio, el a veces excesivo uso de la fuerza policial es una respuesta a los ataques perpetrados por las comunidades que van a ser allanadas. "No creo que haya un sadismo policial", "no creo que la policía chilena busque provocar daño en la comunidad", apuntó. "Para nosotros lo ideal sería que no se produjeran hechos violentos", enfatizó el ministro.
Según la policía, en algunas comunidades se han encontrado municiones de armamento pesado y mechas para explosivos. Pero los imputados niegan tener esos elementos.
"Los policías se llevaron hasta los juguetes de los niños como evidencia", acusó Luisa Marilef.
LEY ANTITERRORISTA
Un recuento de la organización no gubernamental Liberar, que da apoyo jurídico a los comuneros, indica que hoy hay más de 50 "presos políticos mapuches", como se autodenominan los indígenas de esta etnia imputados de actos de violencia por reivindicaciones ancestrales.
Según el gobierno de Michelle Bachelet, las comunidades que recurren a la violencia no superan las nueve, de un universo de más de 2.000, pero reconoce que la demanda por tierras es amplia.
Este año, las autoridades nacionales han invocado la ley antiterrorista en tres casos donde figuran mapuches. Esto pese a asegurar inicialmente que no recurrirían a ella, dada las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Esta normativa, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), implica investigaciones judiciales secretas, el uso de testigos protegidos, que pueden acceder a delación compensada, largos periodos de prisión preventiva y altísimas penas para los condenados.
Más aún, algunos mapuches son procesados por el mismo delito tanto por la justicia civil como por la militar, sumándose las penas, lo que es considerado una "aberración jurídica".
El abogado Pablo Ortega, que defiende a diversos comuneros, aseguró que colegas suyos han sido objeto de represalias por su labor a favor de este pueblo indígena. "Lo que más me preocupa es el extremo nivel de violencia que está ejerciendo la policía en las comunidades", dijo el abogado a los corresponsales en el sur.
Pero Viera-Gallo sostiene que el gobierno "no ha considerado a las organizaciones (indígenas) como terroristas, aunque algunas acciones de sus miembros" caben en esa calificación.
"Por eso se invoca" la normativa y un juez decide, agregando que la ley antiterrorista chilena probablemente saldría "bien parada" si se hace un estudio comparativo con similares de otros países, endurecidas tras el ataque contra Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono (sede del Departamento de Defensa).
"La Organización de las Naciones Unidas no tiene una definición de terrorismo", justificó.
DIFÍCIL SALIDA
El pueblo mapuche no responde a un solo líder ni organización. Esta forma de estructuración ancestral le ha permitido, por un lado, mantener vivas sus tradiciones durante siglos, pero, por el otro, le ha impedido aunar posiciones para revertir con éxito el proceso usurpatorio llevado a cabo por el Estado a fines del siglo XIX.
Cansadas de la lentitud con que el gobierno ha transferido cerca de 650.000 hectáreas desde 1994, decenas de comunidades reunidas en la llamada Alianza Territorial Mapuche comenzaron a fines de julio un nuevo proceso de recuperación de tierras ancestrales vía ocupación de predios, lo que hizo recrudecer un conflicto que históricamente ha tenido altibajos.
En una de esas ocupaciones, en agosto, fue asesinado por la policía el joven comunero Jaime Mendoza Collío, víctima que se sumó al estudiante universitario mapuche Matías Catrileo, abatido por la espalda por carabineros (policía militarizada) en enero de 2008. Estas muertes exacerbaron aún más los ánimos.
La Alianza Territorial ha marcado diferencias con otras organizaciones mapuches, como la más radicalizada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que desde 1997 se ha adjudicado diversos atentados, como la quema de maquinaria de empresas forestales, en el marco de su lucha política-ideológica por la reconstrucción de una "Nación Mapuche" autónoma.
Las diversas estrategias del pueblo mapuche quedaron nuevamente en evidencia el 5 de este mes, cuando dirigentes de esa etnia, junto a líderes empresariales, presentaron a Bachelet el llamado "Plan Araucanía", que busca solucionar este histórico conflicto a través del impulso productivo de la región, acuerdo que fue desconocido por la Alianza.
El mapuche "es un pueblo con fuerte identidad, pero disperso geográficamente y minoritario en todas partes", lo que hace compleja cualquier solución, dijo Viera-Gallo.
"La idea de que pudiera reconstruirse el Wallmapu (territorio mapuche), como una especie de área autónoma, es una utopía, no tiene ningún piso de realidad, salvo que hubiera en esa zona un conflicto étnico de dimensiones que nadie quisiera, como el de la ex Yugoslavia. Tendrían que irse todos los que no son mapuches, una limpieza étnica. Eso no puede ocurrir", dijo.
"Aquí la única solución es que se viva de un modo diverso, con un nuevo trato, mapuches y no mapuches, respetándose y progresando juntos. Ese es un aprendizaje lento, difícil", sostuvo, por el todavía fuerte racismo de la sociedad chilena.
A pesar de sus diferencias, los comuneros coinciden en que el movimiento mapuche se ha ido fortaleciendo en el último tiempo. La demanda de tierras ancestrales, explican, aumenta en consonancia con el crecimiento poblacional de las comunidades mapuches del sur.
En el marco de su política indígena "Re-conocer", el gobierno ha comprometido para 2010 la restitución de tierras a 115 comunidades prioritarias, pese a la dificultad que entraña el aumento artificial de los precios de los predios. También ha apostado por la creación de un ministerio de asuntos indígenas y un consejo de pueblos indígenas.
Pero no descarta seguir utilizando la ley antiterrorista si se producen nuevos hechos de violencia que lo ameriten en la zona del conflicto, anunció Viera-Gallo ante una consulta de IPS.
