En un nuevo intento de resolver la crisis que estalló en Honduras con el golpe de Estado del 28 de junio, la cancillería de Estados Unidos pidió este viernes que se establezca «sin demoras» un gobierno de unidad y que el Congreso considere «rápidamente» la restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya.
Si estos pasos no se cumplen, será más difícil que la comunidad internacional reconozca las elecciones generales previstas para el 29 de este mes, dijo a IPS una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Las dos partes", el régimen usurpador y Zelaya, "deben volver a la mesa de diálogo y negociar la conformación de un gobierno de unidad nacional", dijo la fuente a IPS. "Deben respetar el espíritu y la letra del acuerdo que firmaron, incluyendo la cuestión de la restitución de Zelaya", insistió.
El Acuerdo de Tegucigalpa/San José "estableció un camino hacia elecciones libres y justas, cuyo resultado, si se celebran de modo adecuado, será ampliamente aceptado dentro y fuera de Honduras", añadió la fuente.
"Si el acuerdo fracasa se pondría en riesgo el reconocimiento de las elecciones", subrayó. Washington está presionando al dictador Roberto Micheletti y a otros actores políticos hondureños para que se abstengan "de acciones que impedirían celebrar elecciones libres, justas y limpias, como recientes decretos (del régimen) que restringieron libertades y clausuraron medios de comunicación opositores", indicó la fuente.
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Estas declaraciones, luego de dos días de intensos intentos de mediación conducidos en Tegucigalpa por el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, parecen concebidas para añadir presión a todas las partes con el fin de que implementen el fallido acuerdo que firmaron el 30 de octubre bajo la atenta mirada de una delegación de primer nivel despachada por Washington.
La semana pasada, Micheletti se abrogó la responsabilidad de nombrar al "gobierno de unidad y reconciliación", sin participación de delegados de Zelaya que rechazó semejante extremo sin primero ser repuesto en su cargo.
"El gobierno de Barack Obama está incrementando la presión sobre el Congreso hondureño para que respete el espíritu de lo acordado y vote la restitución", dijo a IPS Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano, un instituto de estudios con sede en Washington.
En los hechos constituye una admisión de que, "incluso si Washington reconoce el resultado electoral, el nuevo gobierno hondureño afrontará grandes problemas ante el resto de la comunidad internacional", agregó.
"Sin moverse de su postura, el gobierno de Obama está intentando cerrar la brecha que se abrió con el resto del continente sobre la cuestión de Honduras", opinó Shifter.
De hecho, el Grupo de Río, el ámbito de concertación política que reúne a 23 países latinoamericanos y caribeños, sostuvo la semana pasada que sin la restitución de Zelaya sería imposible validar o reconocer los comicios de fines de este mes, tal como pretende el régimen de Micheletti
El acuerdo firmado preveía una serie de pasos para resolver la crisis, que incluían la formación de una Comisión de Verificación con integración internacional, que asegurar el cumplimiento de lo pactado, y la instalación del mentado gobierno de unidad, de común acuerdo entre Zelaya y el régimen, para el 5 de noviembre.
Además, el Congreso debía reunirse y votar por la restitución del mandatario legítimo. Esos pasos serían seguidos por las elecciones del 29, de las que emergería un nuevo gobierno a ser investido en enero.
Pero el texto es vago en varios aspectos. No establece de forma explícita que Zelaya deba presidir ese gobierno de unidad ni fija plazos para que el Congreso resuelva la suerte del mandatario.
En vísperas del 5 de noviembre, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, sostuvo que sin importar qué resolviera el Congreso, Washington reconocería los comicios.
Así, el régimen perdió incentivos para apurar la restitución de Zelaya. Ahora, Washington parece querer reparar el daño causado, afirmando que el espíritu del acuerdo entraña el regreso del mandatario al poder, y reconociendo graves violaciones de derechos humanos que se han cometido desde el golpe de Estado, estimó Vicki Gass, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Sin embargo, Washington "aún se rehúsa a denunciar las violaciones de derechos humanos. Este es un gobierno que ha torturado, golpeado e incluso asesinado gente, y Estados Unidos todavía no lo ha condenado ni una vez por eso", estimó Mark Weisbrot, del Centro de Investigación Económica y de Políticas, con sede en Washington.
En opinión del analista, Washington intenta evitar una confrontación abierta con el Grupo de Río, "pero creo que va a tratar de legitimar las elecciones después de todo".
