El régimen hondureño que preside Roberto Micheletti sorprendió al mundo anunciando que había formado un nuevo «gobierno de unidad y reconciliación» por su propia cuenta, sin la participación del depuesto presidente Manuel Zelaya.
En cadena nacional de radio y televisión, Micheletti dijo que al vencerse el plazo establecido en el acuerdo para establecer un gobierno de unidad, "nos congratulamos en informar que hemos cumplido nuestra parte, al finalizar la conformación de este nuevo gobierno, del cual el señor Zelaya no quiso ser parte, aunque estamos abiertos a incorporar sus propuestas".
Flanqueado por los funcionarios a quienes solicitó la renuncia para sustituirlos por ese "gabinete de unidad", Micheletti sonreía. "Hemos cumplido estrictamente con la letra del acuerdo", insistió.
La reacción de Zelaya y de sectores sociales contrarios al golpe no se hizo esperar. Para ellos se trata de una "burla" al espíritu del acuerdo que, si bien señala que el nuevo gabinete debe estar conformado con la representación de diversos partidos políticos y sectores sociales, también debía incluir a Zelaya.
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Esto entraña "traicionar" los compromisos pactados y la lucha ciudadana por revertir el golpe de estado cívico-militar, estiman.
El depuesto mandatario dio por fracasado este viernes el acuerdo y llamó a no reconocer los comicios generales del 29 de noviembre, si no es restituido en el poder antes de esa fecha.
Zelaya fue sacado de su casa, y de su cama, en la madrugada del 28 de junio por militares armados y encapuchados que lo obligaron subir a un avión con rumbo a Costa Rica. Horas después, el golpe fue respaldado por el Congreso legislativo y la Corte Suprema de Justicia.
El 21 de septiembre, Zelaya regresó sigilosamente al país y se alojó en la sede de la embajada de Brasil, donde permanece desde entonces como "huésped". Hay órdenes judiciales de captura emitidas contra él, y la sede diplomática permanece cercada y hostigada por fuerzas de seguridad.
"Estamos frente a un nuevo boicot del régimen usurpador que pretende presidir un nuevo gobierno de unidad y reconciliación, violentando el espíritu del acuerdo, y no vamos a permitir que con estas artimañas nos sigan robando la democracia", dijo Zelaya en declaraciones este viernes a una radioemisora.
"Tengo altísimos niveles de tolerancia, pero no para negociar los principios de mandato que me dio el pueblo; mi tolerancia llega a ceder parte de mi mandato condicionado, si así lo quieren, pero no voy a ceder frente a esta burla para el pueblo. No me voy a prestar a blanquear este golpe de Estado", agregó.
Para la dirigente humanitaria Reina Rivera, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, en el anuncio de ese gabinete "no hay consulta ni participación de los sectores sociales, sino que solo gente afín a ellos. Además, es una burla para el presidente Zelaya y para quienes defendemos la democracia".
"Los hondureños deben seguir luchando por la democracia en el país, pues estamos bajo la sombra de los militares, el verdadero poder aquí, y esto que está sucediendo con ese 'gabinete de unidad' es una mala señal que busca legitimar este golpe de Estado y con ello sentar un mal precedente para los pueblos del mundo. Esperamos una reacción fuerte de la comunidad internacional", dijo Rivera a IPS.
Por su parte, el dirigente indígena Salvador Zúñiga manifestó a IPS que "nos sentimos con una bofetada más en el rostro, una burla que indigna, pero que nos impulsa a redoblar la lucha".
"Estamos frente a un modelo político agotado, y ahora sabemos que esta dictadura no nos va a regalar nada, por lo que debemos conquistar a pulso nuestras luchas", añadió.
Zúñiga llamó a "iniciar la insurrección popular, debemos cortar la oligarquía de tajo, y una vez más, la historia nos indica que los Estados Unidos no son amigos de nadie, fuimos traicionados nuevamente al avalar el acuerdo suscrito con sus lagunas e interpretaciones antojadizas", acotó.
Una semana atrás, con activa mediación de Estados Unidos, se logró destrabar el diálogo que por más de un mes venían sosteniendo el régimen usurpador de Micheletti con delegados de Zelaya, que concluyó con el Acuerdo Tegucigalpa/San José.
Ese pacto consta de 12 puntos. Pero el medular es el número cinco, que faculta al Poder Legislativo a que "resuelva en lo procedente en respecto a 'retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010'".
Otro punto se refiere a la conformación del gobierno de unidad y reconciliación para conducir al país hasta el 27 de enero. Otro establece la aceptación y reconocimiento del proceso electoral que concluiría en los comicios del 29 de este mes. Y el último establece un cronograma para que se cumplan los puntos acordados.
El acuerdo también establece la conformación de una Comisión de Verificación, que fue instalada formalmente el martes e integrada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) y la secretaria (ministra) del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, designados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pero el acuerdo no fijó plazos para el pronunciamiento del Congreso, cuya directiva comenzó una morosa ronda de consultas a la justicia y otras instituciones acerca de la viabilidad de restituir a Zelaya.
El presidente del Congreso, Alfredo Saavedra, del gobernante Partido Liberal, aseguró que no había "dilatorias", pero se rehusó a fijar la fecha de la sesión que trataría el tema, limitándose a aseverar que "cumplirán con lo pactado en el acuerdo, dentro del marco legal y constitucional".
El acuerdo contemplaba para el jueves la instalación del gabinete de unidad. Zelaya y sus partidarios entienden que sólo podía ser conducido por el gobernante repuesto en su cargo.
"La restitución de Zelaya fue dejada de lado al acordarse que sea el Congreso el que resuelva en consulta con la Suprema Corte de Justicia. El punto no establece fecha precisa para que se produzca. Solo establece la entrega formal del acuerdo al Congreso", dijo a IPS el jurista Roberto Velásquez.
A su juicio, "lo más importante fue reconocer el proceso electoral, que fue blindado en todo el acuerdo".
Arturo Corrales, representante de Micheletti en la Comisión Verificadora, insistió en que ese cuerpo "se pronunciará al respecto y yo quiero seguir siendo optimista, hemos tenido un traspié, y aunque parezca que todo lo pactado ha sido terminado, puedo asegurarles que no es cierto".
Pero el delegado de Zelaya en la Comisión, Jorge Arturo Reina, indicó que hasta ahora las señales políticas del régimen "no son contundentes de querer apostar por la democracia, por eso declaramos fracasado el acuerdo, por el incumplimiento del régimen de facto".
La Comisión de Verificación se encuentra reunida para analizar la situación.
La preocupación de Zelaya y sus seguidores se profundizó pues Estados Unidos, en su calidad de mediador para la firma del acuerdo, ha reiterado mediante varios portavoces que apoyará y reconocerá las elecciones del 29 de noviembre, sea o no restituido el presidente.
El secretario general OEA, José Miguel Insulza, llamó este viernes a cumplir "sin subterfugios" el acuerdo.
Zelaya y Micheletti deben ponerse de acuerdo para conformar el gobierno de unidad, que debería ser dirigido por "quien detenta legítimamente el cargo de presidente de la nación hondureña", agregó.
Reunidos en Jamaica, los cancilleres del Grupo de Río, una influyente instancia de concertación política conformada por más de 20 países latinoamericanos y caribeños, reclamaron este viernes la inmediata restitución de Zelaya.
