Si dos personas llegan a una puerta y cada una ofrece dinero para atender la salud y la vejez, con la única diferencia de que una de ellas ya es conocida por haber cumplido su promesa, ¿a quién le dará crédito el ciudadano? Esa parece ser la disyuntiva en que se encuentran los bolivianos.
En ese escenario es que se mueve como pez en el agua el líder indígena Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), quien pugna por ganar las elecciones del 6 de diciembre para renovar su mandato para el periodo 2010 a 2015 como presidente del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia.
Morales, el primer indígena en llegar al gobierno en la historia de este país con mayoría de habitantes de ese origen, ganó las elecciones generales de diciembre de 2005 con 53,7 por ciento de los votos. Desde su asunción en enero de 2006 ha roto los clásicos moldes impuestos por sus antecesores y privilegió el camino de la atención social con bonificaciones en dinero para los sectores más desprotegidos.
"Uno de mis asesores me advirtió que al entregar dinero a la gente, la inflación subiría y provocaría un riesgo a la estabilidad económica", repite el mandatario en sus discursos de campaña electoral, en los cuales llama a los ciudadanos a respaldar, entre otros planteos, su programa de nacionalización de empresas.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirma que 2,5 millones de niños, niñas, ancianos y bebés, equivalente a 24,7 por ciento de los más de 10 millones de bolivianos, ha recibido los beneficios de los bonos sociales creados para impulsar el desarrollo humano y sacar a Bolivia de los últimos lugares de América Latina y el Caribe en la escala de medición de la pobreza.
Casi 106.000 madres gestantes recibieron un subsidio extraordinario equivalente a 258 dólares entre los meses de mayo y agosto de este año, mientras 1,6 niños y niñas fueron beneficiados con un bono único y anual de 28 dólares, como apoyo estatal para la compra de material escolar y vestimenta.
Por otra parte, 744.000 personas de la tercera edad reciben un aporte mensual equivalente también a 28 dólares desde febrero de 2008.
La campaña de las elecciones generales para presidente, vicepresidente y los 166 parlamentarios está huérfana de propuestas innovadoras y los principales oponentes de Morales cayeron fácilmente en la tentación de ofertar dinero, aunque con figuras y argumento diferentes.
El candidato que aparece segundo, detrás de Morales, en las encuestas de opinión de voto es Manfred Reyes Villa, y líder de Plan Progreso BoliviaConvergencia Nacional (PPB-CN). Su oferta principal consiste en distribuir una suma equivalente a 1.000 dólares para cada familia pobre y desempleada.
Por su parte, el postulante y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anuncia un plan para distribuir también 1.000 dólares pero a cada productor o artesano, a manera de capital para iniciar un negocio individual o familiar.
Doria Medina argumenta, en su propuesta, que es inoportuno entregar un crédito por 1.000 millones de dólares a la firma petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tal como prevé un plan gubernamental, y que es mucho más aprovechable ese dinero en manos de productores por cuenta propia.
Acerca de los bonos que Morales concede a la población, el dirigente de la UN opina que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) ya había creado un bono para las personas de la tercera edad, y que Morales sólo cambió la denominación y el modo de pago.
Esos aportes están respaldados por la legislación y no es posible suprimirlos, opina al igual que Reyes Villa, evitando caer en especulaciones, como la eliminación de los subsidios estatales y evitar perder así popularidad y con ello votos.
Los resultados de las últimas encuestas divulgadas son elocuentes. Entre los consultados por Equipos Mori, capítulo boliviano de la firma uruguaya, 51,8 por ciento respalda a Morales, mientras Reyes Villa obtiene 18,2 por ciento y en tercer lugar aparece Doria Medina, con 8,8 por ciento de la intención de voto.
El tema de la credibilidad en las ofertas está comenzando a jugar sus cartas decisivas a pocas semanas de las elecciones, para la cual han sido convocados cerca de cinco millones de bolivianos.
En los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí se realizará en la misma fecha una consulta sobre las autonomías departamentales.
Aunque los ingresos estatales por las exportaciones de gas natural han mermado por la caída de los precios internacionales del sector, igual el gobierno de Morales ha quebrado algunas barreras creadas por administraciones anteriores desde los años 80, seguidoras de los modelos de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro organismos, contenidos en el llamado Consenso de Washington.
La teoría ampliamente difundida desde la aplicación de un drástico plan de recorte de gastos estatales, en agosto de 1985, consistía en incrementar los ingresos fiscales y luego redistribuirlos a la población.
Pero los presupuestos operados desde la segunda mitad de los años 80 privilegiaron gastos en la construcción de carreteras y edificaciones consistentes en escuelas y centros de salud, pero con altos costos y discrecionales comisiones.
En la práctica, la redistribución del ingreso nunca llegó a la gente y ese error terminó pasando factura a los partidos de derecha que perdieron credibilidad frente a los sectores populares y dejaron un espacio al MAS, del presidente Morales, una corriente con proyección en el escenario boliviano por varios años, según analistas.
Aunque Morales no ha dejado de lado el modelo de inversión de sus antecesores, eligió gastar el dinero generado por la renegociación de contratos con las empresas petroleras, distribuyéndolo a través de los bonos sociales.
"Hoy les pido seguir apoyando la nacionalización de empresas, porque el dinero que generan se convierte en bonos para el pueblo", asegura.
Con un sentido de oportunidad por el crecimiento de ingresos, tradujo la reiterada frase de "redistribuir el ingreso" y la llevó a la práctica, sin mucho trámite, con un efecto inmediato en la generación de actividad económica, atención a temas urgentes de salud en el caso de mujeres en estado de gestación y ancianos.
Además, alienta a la población escolar para que continúe su formación básica.
El plan del gobierno izquierdista no está a salvo de la crítica opositora que prefiere una economía rígida, disciplinada en el gasto, fiel a modelos que estimula la producción de materias primas para la exportación, en medio de un juego de libertades económicas.
El gobierno de Morales, en cierto modo, ha transformado al Estado en interventor en algunas áreas de la producción y el abastecimiento de alimentos para evitar una especulación de precios con prohibiciones temporales de exportaciones.
