El presidente nicaragüense Daniel Ortega fue señalado como responsable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una serie de incidentes violentos, que a criterio de analistas y organizaciones civiles han deteriorado la vida democrática del país. El gobierno se defiende y contraataca.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acudió esta semana a una de las audiencias del 137 Periodo de Sesiones Públicas de la comisión especializada del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra hasta este viernes en su sede de Washington.
El Centro sostiene que existe una estrategia oficial de represión y amenazas contra opositores y organizaciones de la sociedad civil que son críticas al gobierno de Ortega, del otrora guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
"A los órganos oficiales de justicia y a los agentes del orden los han fusionado con miembros de patrullas juveniles armadas con morteros (misiles de manufactura artesanal), machetes, palos y piedras, que tienen por objetivo perseguir a la disidencia que se atreva a expresar en las calles y sitios públicos", denunció la presidenta del Centro, Vilma Núñez.
Esta abogada y activista de derechos humanos aseguró a IPS que su organización ha recibido desde octubre testimonios de decenas de casos de ataques físicos a civiles, periodistas, feministas, estudiantes y agentes humanitarios.
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"Y todos han sido documentados, identificados los agresores, comprobada la vinculación con el gobierno. Y nadie ha sido detenido, investigado y castigado", indicó.
Núñez señaló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las hostilidades arreciaron desde el 19 de octubre, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló por mayoría a favor de la reelección consecutiva a la presidencia de Nicaragua.
El izquierdista FSLN llegó al gobierno en 1979 tras derrocar en una guerra de guerrillas a la dictadura dinástica de la familia Somoza, que había mantenido el poder absoluto a sangre y fuego por cuatro décadas. Instaló una junta revolucionario, que integraba Ortega junto a seis personalidades de distintas áreas.
Con Ortega como candidato, ganó en 1984 las primeras elecciones organizadas tras el periodo de transición de una junta revolucionaria y gobernó hasta 1990 bajo una guerra civil contra fuerzas ultraderechistas organizadas y financiadas por Estados Unidos.
Tras intentarlo sin éxito en tres ocasiones posteriores, Ortega volvió a la presidencia en enero de 2007 al triunfar en las urnas dos meses antes con 37,9 por ciento de los sufragios. Casi desde el comienzo de su actual mandato lanzó una campaña para poder postularse para la reelección en 2011, objetivo logrado con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia con el voto de seis de sus miembros considerados afines al FSLN.
Agrupaciones políticos, no gubernamentales, empresariales y religiosas, medios de comunicación y embajadores protestaron ante esta sentencia que, a criterios de expertos, viola la Constitución y altera el clima de democracia.
La contraparte del Estado de Nicaragua ante las audiencias en Washington fue el embajador del país ante la OEA, Denis Moncada, quien rechazó las denuncias y aseguró que "la violación a los derechos humanos y la promoción de la violencia como expresión política no son políticas de Estado del presidente Ortega".
"Nicaragua no es una dictadura, y ni la policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos", dijo Moncada en respuesta a la denuncia de los activistas de derechos humanos.
"Lo que hay en el país es un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al gobierno. Dentro de esa lucha se producen confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado", agregó Moncada.
La organización denunciante insistió en la audiencia "la necesidad" de que el Relator de Derechos Humanos encargado de Nicaragua en la Comisión de la OEA, Felipe González, viajara al país centroamericano a verificar las denuncias.
El delegado nicaragüense ante la OEA rechazó solicitar oficialmente como Estado la visita del relator.
El embajador Moncada aseguró que en el país persisten garantías para la diversidad de opiniones y que lo existente es una campaña de desestabilización promovida por Estados Unidos y sectores políticos de la derecha local.
EEUU TAMBIÉN JUEGA SUS CARTAS
El embajador de Washington Robert Callahan, acusó la semana pasada al gobierno de Ortega de promover y organizar una marcha de protesta de simpatizantes sandinistas, que el 29 de octubre atacaron con morteros caseros, piedras, tubos y bombas molotov esa sede diplomática.
Los manifestantes, líderes del partido izquierdista y sindicatos de trabajadores del Estado exigían la expulsión de Callahan luego de que éste criticara la sentencia de la Corte.
La semana pasada, este embajador, reunido con partidos políticos opositores a Ortega y representantes de cámaras privadas de comercio, cuestionó la decisión judicial diciendo que era "indebida, apresurada y en secreto".
Sus comentarios le valieron una nota de protesta de la cancillería y las críticas de los funcionarios de gobierno y dirigentes del FSLN.
La protesta contra la delegación de Washington en Managua se repitió con igual agresividad el viernes de la semana pasada, cuando organizaciones universitarias y sindicatos afines al FSLN bloquearon las calles aledañas y portones de salida de la Universidad Centroamericana, donde Callahan asistía como invitado a un evento académico.
El diplomático salió custodiado por agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado se ha pronunciado al respecto. El gobierno de Nicaragua oficialmente ha dicho que no expulsará al delegado de ese país.
Otros incidentes violentos se denunciaron en ese contexto, como agresiones físicas a activistas de organismos de la sociedad civil y periodistas, lesiones a militantes de partidos de derecha y ataques a edificios públicos y privados.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el ex guerrillero sandinista Omar Cabezas, justificó las protestas contra la embajada estadounidense. "La protesta es válida, es un derecho y un deber, porque los gringos tienen las manos llenas de sangre".
"Y los que aplauden la ingerencia de Estados Unidos son unos vende patrias y traidores", dijo Cabezas.
Por su parte, el vicepresidente Jaime Morales Carazo sostuvo ante IPS que la denuncia ante la Comisión "fue una sobre-reacción inconcebible, inaudita, vergonzosa, que nos coloca ante el mundo a niveles de las épocas cavernarias".
Según el vicepresidente, Callahan actuó como portavoz de Washington al repetir las posiciones del Departamento de Estado (cancillería) y la postura crítica del senador John Ferry, del gobernante Partido Democrático, frente a la decisión judicial de permitir la reelección consecutiva de Ortega.
Alejandro Serrano Caldera, analista político y catedrático de derecho y filosofía, comentó a IPS que el clima de hostilidad permanente en las calles contra los opositores y personas que no comulgan con las ideas del gobierno "han deteriorado la calidad de la vida democrática del país".
"Cuando la violencia se convierte en la norma, sin excepción, y no en la excepción de la norma, de la actuación de un gobierno, entonces la democracia corre un grave riesgo de convertirse en una dictadura", añadió.
A criterio del intelectual, la espiral de violencia política que ha afectado al país desde las elecciones municipales de noviembre de 2008, no sólo afecta la imagen del país, sino también los derechos de los nicaragüenses a expresarse libremente.
Sobre la sentencia que generó las acciones, y el resultado que permite la postulación indefinida de Ortega a la presidencia, Serrano Caldera, dijo que "es contraproducente hablar de una apertura democrática y al mismo tiempo cerrar las puertas para otros candidatos y usar la violencia para acallar a quienes no piensan igual".
