Ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y una grave crisis de seguridad pública componen el complejo cóctel que le espera a Raúl Plascencia a partir del 16 de este mes, cuando asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
"Tenemos una situación en la que los derechos humanos son vulnerados y algo muy grave es que, aun cuando hay un sistema de justicia y de ombudsman (defensor del pueblo), eso no garantiza que va a haber soluciones a las demandas de las personas por defensa y reparación del daño", dijo a IPS Adriana Velásquez, investigadora del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ante la consulta sobre la tarea que afrontará Plascencia.
Abogado de profesión y actual Primer Visitador General de la Comisión, tendrá ahora la misión de conducir, por cuatro años y posibilidades de un solo segundo mandato, este organismo oficial pero autónomo que es el encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en este país.
Plascencia sustituye a José Soberanes, quien dirigió la CNDH desde noviembre de 1999 y sostuvo varias polémicas con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos por posturas asumidas en temas como la legalización de la interrupción legal del embarazo y la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Luego de analizar 27 candidaturas, la comisión de Derechos Humanos del Senado presentó al pleno de esa cámara una terna integrada por el finalmente designado, por Emilio Álvarez, hasta octubre pasado Ombudsman de la capital mexicana, y Luís Pérez, abogado general de la estatal Universidad Autónoma de México.
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Soberanes se sumó a la apelación legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República en contra de la decisión del Congreso legislativo de la capital mexicana de abril de 2007 de aprobar el aborto. En agosto de 2008, el máximo tribunal confirmó la norma.
En otra medida polémica, Soberanes respaldó la versión de que la anciana indígena Ernestina Ascensio, de 73 años de edad, había muerto en febrero de 2007 de causas naturales, cuando en realidad fue víctima de una violación y asesinato cometidos por soldados mexicanos, caso que por lo demás permanece en la impunidad.
El desafío de Plascencia es "mostrar disposición a comenzar un proceso profundo de renovación" de la CNDH, considerada la defensoría del pueblo, el cual debe incluir una amplia comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, y dar muestras a su vez de resultados sobre los temas más preocupantes de la agenda de derechos humanos", comentó a IPS Alberto Herrera, director de la oficina mexicana de la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Investido en diciembre de 2006 presidente de México, el conservador Felipe Calderón desplegó una amplia campaña de combate contra el narcotráfico basada fundamentalmente en el uso de las Fuerzas Armadas, aunque éstas ya habían salido a las calles con funciones policiales durante el mandato de su antecesor y correligionario, Vicente Fox (2000-2006).
Este año, más de 5.500 personas murieron en hechos ligados al crimen organizado, una cantidad que ya supera la de todo 2008, según recuentos periodísticos.
El ejército mexicano es señalado por organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales de cometer graves violaciones en sus operativos antinarcóticos.
En ese sentido, Plascencia, como Primer Visitador de la CNDH, fue el primero que desde una función pública emitió recomendaciones en contra de las Fuerzas Armadas por atropellos de los derechos humanos durante el combate al comercio ilícito de drogas.
"El ombudsman debe hacer lo posible para que México cumpla adecuadamente con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y que sea promotor de un gran diálogo social", indicó a IPS Luís Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos básicos consideran al nuevo magistrado de conciencia un continuador de la línea ejercida por Soberanes durante sus dos mandatos. De hecho, Plascencia no se separó de su cargo en la institución mientras contendía por el cargo.
En su plan de trabajo entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Plascencia citó 23 temas de una agenda pendiente de cumplimiento, entre los cuales figuran el derecho a la seguridad pública, la lucha en contra de la tortura y la impunidad, así como el acceso a la justicia, la protección de los activistas y la atención a los emigrantes e inmigrantes.
"Uno de los aspectos más importantes que se deberán tomar en cuenta es que, si las autoridades no asumen su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, difícilmente podrá haber una trasformación en la materia", escribió Plascencia en ese documento, de 51 páginas de extensión.
En México se destina al año unos 60 centavos de dólar por cada uno de los 107 millones de habitantes para la defensa y promoción de los derechos humanos. Este año, la CNDH tiene asignado con un presupuesto de unos 68 millones de dólares.
Cada uno de los 32 territorios federados que componen la República Mexicana cuenta con un Ombdusman, electo por los legislativos locales.
La imagen institucional está "sustentada en la autoridad moral del presidente, si no, pierde fuerza y eficacia. En otros países, el Ombudsman es un personaje popular", al decir de Velásquez.
"Los retos principales son la efectividad del sistema de procuración e impartición de justicia, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, entre otros", enumeró Herrera.
A su paso como Primer Visitador General de la CNDH, Plascencia dirigió varios informes especiales. En 2001, ese ente publicó un reporte sobre las desapariciones forzadas de personas ocurridas en México en las décadas del 70 y del 80 y que contuvo 275 casos ejecutados o tolerados por funcionarios públicos.
Además, la CNDH difundió en 2003 un documento sobre el asesinato de mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, el cual se presentaron los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Al respecto, acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.
Un informe último de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) reflejó las duras condiciones que enfrentan los activistas al desarrollar su labor.
La OACDH registró, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.
