El caso de los seis sacerdotes católicos y dos asistentes asesinados en 1989 en El Salvador podría dar un nuevo giro e incluir a más acusados, a partir de nuevos documentos desclasificados en Estados Unidos que serán entregados al tribunal español que abrió la causa hace un año.
Esos documentos aportan información novedosa, que podrían llevar a más responsabilidades de personas hasta ahora alejadas del caso, dijo desde Madrid, en entrevista telefónica con IPS, la abogada española Almudena Bernabeu, que representa a las organizaciones querellantes.
Es que "aportan elementos importantes, contundentes", aseguró, sin entrar en detalles del contenido de los informes, por razones de seguridad de la causa.
Los informes desclasificados, que fueron publicados este mes por el diario español El Mundo, señalan que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos supieron de antemano del complot montado por la cúpula militar salvadoreña de entonces para asesinar a los religiosos que dirigían la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.
La querella fue interpuesta en noviembre de 2008 en España ante la Audiencia Nacional, por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. En el caso son investigados varios militares y fue acusado el propio presidente salvadoreño de entonces Alfredo Cristiani (1989-1994) por el delito de encubrimiento.
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Hasta ahora, la demanda va dirigida contra la jefatura militar que habría planificado el crimen, así como los soldados que participaron en el operativo. Se trata de los generales Humberto Larios, que era ministro de Defensa, René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor, Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea, y Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, así como el coronel Inocente Orlando Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública.
Además incluye a los coroneles Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería, y Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, asistente del director de la Escuela Militar, así como al teniente José Ricardo Espinoza Guerra y al segundo teniente Gonzalo Guevara Cerritos, ambos del Batallón Atlacatl.
A ellos se suman el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi, el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el cabo Ángel Pérez Vásquez, el sargento segundo Tomás Zárpate Castillo y al soldado raso José Alberto Sierra Ascencio, todos del Batallón Atlacatl.
Los demandantes incluyeron también al entonces presidente Cristiani, como encubridor. Pero el juez de la causa, Eloy Velasco, lo dejó fuera de la demanda.
Sin embargo, "el juez dejó abierta la posibilidad de incluirlo en el futuro, si se contaba con nuevos elementos", aclaró Bernabeu.
SIN TESTIGOS
Los documentos fueron publicados el día 16, justo cuando se cumplían 20 años de que un comando del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en lucha contrainsurgente, ingresó de madrugada a la UCA y asesinó al rector Ignacio Ellacuría, al vicerrector Ignacio Martín-Baró, a Segundo Montes, Amado López y a Juan Ramón Moreno, todos españoles, y al prelado salvadoreño Joaquín López.
Como no había que dejar testigos, la trabajadora doméstica Elba Ramos y su hija Celina Mariceth, de sólo 16 años, también fueron asesinadas.
La información proveniente de los documentos desclasificados no sólo pudieran incluir a más involucrados, sino que provee detalles y fortalece la evidencia en contra de los ya acusados.
El Mundo divulgó el 22 de este mes un manuscrito en el que se lee que, en una reunión de la cúpula militar el general Ponce dio la orden de asesinar a Ellacuría, sin dejar testigos.
"Hay que proceder a su eliminación (de Ellacuría) sin testigos", le habría dicho Ponce al que redactó el manuscrito y plasmó esas palabras en el papel, quien se identifica únicamente como "yo".
Ponce ya había sido inculpado, junto con otros de sus colegas militares, del crimen de los religiosos de la UCA por el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, creada luego de firmados los acuerdos de paz para investigar los crímenes con excusa política perpetrados en los años de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla izquierdista.
Esa guerra civil iniciada en 1980 dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares y subordinados.
Pero la sociedad salvadoreña nunca había visto alguna evidencia sobre la participación del general Ponce en el crimen.
Los asesinatos se dieron en el marco de la más feroz ofensiva guerrillera lanzada contra el ejército por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por entonces alzado en armas y que desde 1992 pasó a la legalidad como partido político y hoy gobierna El Salvador de la mano del presidente Mauricio Funes, quien asumió el 1 de junio.
Las operaciones de la guerrilla llegaron por primera vez a San Salvador, con toda su fuerza, durante esa ofensiva de noviembre de 1989, llamada "Hasta el tope" y planificada como el asalto final. En ese marco, la jefatura militar decidió ejecutar a los jesuitas, a los que siempre habían acusado de ser instigadores de la "subversión", por su prédica de la Teología de la Liberación, la corriente católica que impulsa la acción social y en defensa de los pobres.
Tras fuerte presión internacional, sobre todo de Washington, que vio el crimen como un acto abominable, la justicia salvadoreña llevó a juicio en septiembre de 1991 a 14 militares. Pero sólo fueron condenados dos de ellos, el coronel Benavides, bajo cuyo mando estaba el Batallón Atlacatl, y el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos.
Sin embargo, la ley de Amnistía de 1993 los dejó en libertad en abril de ese año.
"Creo que es aquí en El Salvador donde el caso debería agarrar más vuelo y lo que se está haciendo en España viene a complementar la necesidad de justicia en el país, Nosotros vamos a seguir dando la batalla acá vía las instituciones internas o el sistema interamericano", dijo a IPS Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Ante la falta de justicia en el caso, el Idhuca y la Compañía de Jesús presentaron en noviembre de 2003 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
CONSPIRACIÓN CÍVICO-MILITAR
El diario español fue más allá y agregó que todo indicaba, según expertos consultados, que la información en manos de la CIA también fue conocida por la inteligencia española, el otrora Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), transformado ahora en el Centro Nacional de Inteligencia.
Pero otras versiones periodísticas en España afirmaron que los oficiales del Cesid salieron de El Salvador en marzo de 1989, ocho meses antes de la matanza de los jesuitas.
En tanto, el diario digital El Faro informó que William Walker, quien era embajador de Estados Unidos en El Salvador cuando se perpetró la masacre, envió un cable al Departamento de Estado (cancillería) de su país en el que informaba que miembros de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se habían reunido el 15 de noviembre de 1989 para planificar el asesinato.
"La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión la tarde del 15 de noviembre entre D'Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena (Consejo Ejecutivo Nacional de Arena)", dijo Walker en el cable, según en periódico.
El mayor del ejército Roberto DAubuisson, fundador de la derechista Arena, es considerado el responsable de montar los escuadrones de la muerte, cuerpo paramilitar que en los años 80 se dedicó a asesinar opositores. La Comisión de la Verdad lo responsabilizó, en particular, de haber sido el autor intelectual del asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero.
DAubuisson murió en 1992 de cáncer sin que lo alcanzara la justicia.
Ricardo Valdivieso, miembro del Coena de entonces y amigo de DAubuisson, negó las versiones provenientes del cable enviado por Walker.
"Es absolutamente ridículo, absurdo", dijo Valdivieso a IPS. "Todo eso es producto del chambre (chisme) de la época, y que el ex embajador pudo haber recogido".
Valdivieso añadió que él conoció a Walker antes de que lo nombraran embajador en San Salvador y lo considera su amigo. Pero sostuvo que el diplomático estadounidense era muy dado a dejarse llevar por información no confirmada.
"Un día, a pocos días de que Cristiani fuera juramentado como presidente, viene con el cuento de que había sabido que se preparaba un golpe de Estado contra el gobierno de Napoleón Duarte (1984-1989). Y yo le digo: Mirá. ¿cómo va a haber un golpe a tres días de que termine el gobierno?, eso no tiene lógica. Tenés razón, me dijo, y se fue más tranquilo".
Por otro lado, el 16 de este mes, en el marco del aniversario de los 20 años de la llamada "Masacre de la UCA, el gobierno de Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados, por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Las medallas fueron entregadas a familiares y colegas de los religiosos.
"Hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros… el mayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad", expresó Funes.
