El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga por qué cientos de miles —o tal vez millones— de residentes en Estados Unidos sufren la condena de vivir en las calles a raíz de la crisis de vivienda que recrudeció el año pasado.
El cuerpo con sede en Ginebra envió a su relatora especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, experta en planificación urbana de la brasileña Universidad de Sao Paulo, a analizar la situación en el país norteamericano.
Rolnik se encuentra desde el mes pasado recorriendo ciudades estadounidenses, y se prevé que informe en breve a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en la sede neoyorquina del foro mundial.
"La vivienda es un derecho humano", dijo a la prensa. "Para la gente, lograr que los gobiernos lo garanticen representa una lucha constante."
En Nueva York, considerada la capital financiera de la ONU, más de 40.000 personas se han quedado sin un lugar seguro para dormir por las noches. Más de 130.000, la mayoría negros o de origen latinoamericano, afrontan diversos problemas de vivienda en esta ciudad, según cifras oficiales.
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El fenómeno de los sin techo está en aumento en los grandes centros urbanos estadounidenses, y no sólo a causa del desempleo y de la crisis económica sino también por la falta de una política pública firme en materia de vivienda.
La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos informó en diciembre pasado sobre un aumento de los sin techo en 19 de las 25 ciudades analizadas por sus expertos entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2008.
En 12 ciudades se atribuyó esta crisis a los desalojos por falta de pago de cuotas de hipoteca o arrendamiento. Quince de las alcaldías señalaron entre las causas la falta de disponibilidad de viviendas. En 18, incidió la escasez de oferta asequible. "En todas partes hay gente que pierde su capacidad de vivir con felicidad y seguridad", dijo la activista Brenda Stokely, de las organizaciones no gubernamentales Marcha del Millón de Trabajadores y Red de Sobrevivientes de los Huracanes Katrina y Rita.
Stokely se preguntó por qué las autoridades federales y locales de uno de los países más ricos de la Tierra carecen de "la responsabilidad moral necesaria para cuidar de sus ciudadanos".
Damnificados por el huracán Katrina, que asoló el sudoriental estado de Louisiana en 2005, informaron la semana pasada a Rolnik en Nueva York que nunca recibieron asistencia alguna del gobierno y que aún sufren por la falta de vivienda.
"Somos desplazados internos", dijo uno de los sobrevivientes del Katrina en una reunión a la que asistió la funcionaria.
"La ONU no puede tomar directamente ninguna medida. No puede cambiar las leyes estadounidenses", dijo el activista Sam Jackson, de Nueva Órleans. "Pero sí puede inquirir al gobierno de Estados Unidos."
Jackson urgió a la comunidad internacional a presionar a Washington para que atienda el problema, quizás a través de cambios en la legislación. De todos modos, se preguntó: "¿Por qué no podemos lograr que funcionarios de nuestro propio gobierno nos visiten, siquiera?"
Además de visitar las grandes ciudades, Rolnik se entrevistó con dirigentes de comunidades indígenas que sufren la extrema pobreza crónica y la falta de vivienda decente.
Esta semana, además, viajó a la reserva Pine Ridge, en el territorio sudoccidental del septentrional estado de Dakota del Sur, cuyos representantes le aseguraron que el gobierno estadounidense violaba los términos del antiguo tratado que estableció la comunidad.
Hasta 60 por ciento de las viviendas de Pine Ridge están infestadas de moho negro, un germen altamente tóxico. La mayoría, además, están "superpobladas".
Los habitantes de la reserva descienden de la población original de Dakota del Sur, pero muchas familias se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña. La cuarta parte de las "unidades de vivienda" registradas son caravanas o, directamente, vehículos.
Un tercio de los hogares carecen de servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad. En cada vivienda viven, en promedio, 17 personas.
El Concejo Tribal estimaba en 2006 que se requerían al menos 4.000 unidades de vivienda nuevas para solucionar el problema.
A comienzos de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, con sede en Ginebra, dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido las obligaciones que le determina el Tratado de Pine Ridge.
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) rechazó el informe del Comité, pero el de su sucesor Barack Obama, que asumió la presidencia en enero, apela a un discurso diferente en materia de derechos humanos.
Rolnik dijo que las autoridades estadounidenses no objetan su misión. La funcionaria de la ONU aspira, según declaró, "un diálogo abierto para que la vivienda decente entre en la pantalla de radar de las políticas públicas".
