La decisión del gobierno de Barack Obama de trasladar a cinco sospechosos de terrorismo desde su base naval en Guantánamo a Estados Unidos para que los juzgue un tribunal civil despierta desde elogios a repulsas, pasando por la confusión.
Aunque defensores de derechos humanos aplauden la decisión de celebrar los procesos en tribunales federales de Nueva York, al mismo tiempo critican al Departamento de Justicia por mantener las comisiones militares para juzgar a algunos sospechosos.
No está claro cómo decide el gobierno qué tribunales juzgarán a qué acusados, pese al prolongado interrogatorio efectuado por periodistas al fiscal general Eric Holder en una conferencia de prensa que éste ofreció el viernes en el Departamento de Justicia.
Allí, Holder anunció que cinco sospechosos de tomar parte en los ataques terroristas que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Estados Unidos, serían juzgados en Nueva York, mientras que otros cinco ante comisiones militares.
Los juicios de Nueva York incluirán a los del autoproclamado autor intelectual del 11 de septiembre, Khalid Sheik Mohammad.
[related_articles]
Los miembros del Congreso legislativo o bien elogian la decisión de Holder o bien la etiquetan como una concesión a la red extremista Al Qaeda 8acusada de ser el cerebro de aquellos ataques), que plantea serios riesgos para la seguridad de Estados Unidos.
"Esta decisión es una evidencia más de que la Casa Blanca está volviendo a una peligrosa mentalidad previa al 11 de septiembre, tratando al terrorismo como un asunto de implementación de leyes y esperando lo mejor", dijo el líder del opositor Partido Republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner.
"Necesitamos una estrategia real para luchar y ganar la guerra contra los enemigos terroristas de Estados Unidos, que incluye un plan efectivo, creíble y consistente para todos los detenidos", señaló.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, abundó en que la medida "se basa en la falsa creencia de que los terroristas que mataron a 3.000 estadounidenses en un solo día en suelo estadounidense son delincuentes comunes, no criminales de guerra. Y esta decisión conlleva riesgos innecesarios".
"La información clasificada puede filtrarse, como ocurrió en el primer juicio por (el ataque) al World Trade Center. Nuestras ciudades enfrentarán enormes problemas de seguridad, y nuestras comunidades serán potenciales blancos de ataques", dijo.
El viernes, Sarah Palin, ex gobernadora del noroccidental estado de Alaska y ex candidata republicana a la vicepresidencia, habló en su Facebook de "la atroz decisión del gobierno de Obama".
"Una decisión horrible, absolutamente horrible", sentenció.
Palin se mostró preocupada porque el presunto cerebro de los ataques "pueda salir de este juicio sin recibir el castigo justo".
"Yo, como la mayoría de los estadounidenses, espero que Mohammad y sus (cómplices) sean condenados. Cuélguenlos bien alto", recomendó.
Desde Tokio, Barack Obama dijo que "ésta es una decisión fiscal, así como de seguridad nacional. ( ) Estoy absolutamente convencido de que Khalid Sheik Mohammad será sometido a las más rigurosas exigencias de la justicia. El pueblo estadounidense insistirá en esto y mi gobierno" también.
Las familias que perdieron a sus seres queridos en los atentados del 11 de septiembre también expresaron emociones encontradas sobre los eventuales procesos en Nueva York.
Military Families United (Familias Militares Unidas), una organización con sede en Washington, señaló: "Esta decisión es una victoria para quienes perpetraron los ataques del 11 de septiembre de 2001, no para el pueblo estadounidense Los cómplices del 11 de septiembre ahora recibirán buena parte de los mismos derechos y privilegios constitucionales que los estadounidenses comunes".
Pero las familias representadas por Kristin Breitweiser, cuyo esposo murió en el ataque a las Torres Gemelas y que hizo campaña para que se creara la Comisión del 11 de Septiembre, dijo que Nueva York está lista.
Breitweiser planea asistir al juicio con la mayor frecuencia posible.
"Los neoyorquinos son capaces de manejarlo. Esto apela a nuestra esencia no sólo como neoyorquinos, sino como ciudadanos estadounidenses. Si alguien comete un delito en nuestro suelo, se lo someterá a juicio. Se le dará acceso a un abogado. Y será inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo.
El alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg consideró "adecuado que los sospechosos del 11 de septiembre enfrenten a la justicia cerca del sitio del World Trade Center, donde fueron asesinados tantos neoyorquinos".
Numerosos activistas y eruditos en temas legales opinaron sobre la decisión de Holder, pero en referencia a la permanencia de las comisiones militares.
"Mantener las comisiones militares para juzgar a quienes de otro modo no podrían ser condenados por crímenes de guerra que no encajan en las definiciones habituales de crímenes de guerra, tiene su origen en la mentalidad, muy popular en política, pero legalmente inadecuada de la guerra mundial eterna contra el terrorismo que ha sido tan destructiva para la seguridad nacional real", dijo a IPS Chip Pitts, presidente del Comité de Defensa de la Declaración de Derechos
"La naturaleza fraudulenta del último proceso es evidente en la falta de voluntad del nuevo gobierno, como ocurrió en el gobierno de (George W.) Bush (2001-2009), de liberar a los absueltos o a aquellos cuya peligrosidad no haya pasado de sospecha, pues no esta demostrada", destacó Pitts, conferencista en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford.
Otro crítico del sistema de comisiones militares es el teniente coronel David Frakt, de la reserva de la Fuerza Aérea, quien se desempeñó como defensor de un detenido en la base naval en la cubana bahía de Guantánamo y ahora es profesor de leyes en la Western State University de California.
"Las comisiones militares son totalmente innecesarias. No hay casi ejemplos de verdaderos crímenes de guerra cometidos por detenidos en el conflicto armado que comenzó el 11 de septiembre. Casi todos los delitos se relacionan con la actividad previa al 11 de septiembre e involucran apoyo material al terrorismo, conspiración y terrorismo. Estos delitos puede ser juzgados efectivamente en tribunales federales", señaló.
En el gobierno de Bush, Guantánamo se convirtió para muchos en un símbolo mundial del caos estadounidense y de la brutalidad en el trato a los prisioneros. Los detenidos permanecían años allí, sin que se les formularan cargos penales ni se les proporcionara defensa legal, pero tampoco reconocidos como prisioneros de guerra, como establece el derecho internacional.
El sistema instaurado allí fue rechazado en varias ocasiones por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Muchos de los actos ilegales cometidos en Guantánamo luego se repitieron en la prisión iraquí de Abu Ghraib, en la base aérea afgana de Bagram y en otros centros de detención de Estados Unidos. Pese a múltiples investigaciones militares, jamás un alto funcionario estadounidense fue acusado o condenado por esas acciones.
