El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha aplicado algunas reformas económicas y administrativas, pero su gobierno de más de tres años sigue aislando y persiguiendo a los disidentes, afirma un reporte publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
Raúl Castro asumió en forma interina la primera magistratura de su país a fines de julio de 2006, cuando su hermano Fidel, líder máximo de la Revolución Cubana, se alejó del poder por razones de salud. Y en febrero de 2008 fue investido como presidente constitucional.
En este lapso, "Raúl Castro ha sido tan implacable como su hermano" Fidel, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. "Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por expresar su opinión", agregó.
El informe "Un nuevo Castro, la misma Cuba", de 134 páginas, aparece en vísperas de una audiencia sin precedentes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para discutir una ley que pondría fin a la prohibición de viajes de ciudadanos de este país hacia la isla caribeña, y que tiene casi 50 años.
La propuesta legislativa tiene el auspicio de 180 legisladores, y muchos observadores creen que podría ser aprobada a inicios del año próximo.
[related_articles]
El informe de HRW constituye munición pesada en manos de los legisladores anticastristas encabezados por la representante del sudoriental estado de Florida, Ileana Ros-Lehtinen —donde se concentra la emigración cubana en este país—, contra cualquier intento de levantar el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba.
Pero Vivanco subrayó que HRW está a favor de que cesen tanto las prohibiciones de viajes como el embargo, que La Habana llama bloqueo, como parte de una estrategia para sumar a Europa y a América Latina a un esfuerzo concertado que obligue al gobierno de Castro a respetar las libertades ciudadanas.
"El embargo ha fracasado y debe terminar. En vez de aislar a Cuba, esa política aisló a Estados Unidos, pues permitió que el gobierno de Castro recogiera simpatías internacionales, alienando a los potenciales aliados de Washington", afirma HRW en su documento.
Estados Unidos debería buscar compromisos de la Unión Europea, de Canadá y de los países latinoamericanos para reclamar en forma colectiva que Cuba libere a todos los presos políticos en un plazo de seis meses, o se arriesgue a sanciones diplomáticas y financieras contra sus dirigentes.
"En definitiva, es el gobierno de Raúl Castro el responsable de esos abusos y el que tiene el poder de abordarlos", dice el informe.
Según HRW, entre los prisioneros que deberían ser liberados se encuentran 53 opositores y activistas que permanecen recluidos desde 2003, y decenas de otros encarcelados por el delito de "peligrosidad", una de las varias figuras "pre-delictivas" que constituyen la base legal para perseguir a la disidencia política.
El Código Penal cubano define la "peligrosidad" como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista".
El uso de la "peligrosidad" para perseguir disidentes ha crecido mucho en el gobierno de Raúl Castro, según el informe, que documenta más de 40 casos en los que las autoridades apelaron a esa figura para detener y encarcelar personas por ejercer sus derechos fundamentales.
Ramón Velásquez Toranzo, por ejemplo, participó en una marcha pacífica con su esposa e hija para promover los derechos humanos de los presos y luego fue arrestado y sentenciado a tres años de prisión, en enero de 2007, por "peligrosidad".
Raymundo Perdigón Brito fue procesado por "peligrosidad" y sentenciado a una reclusión de cuatro años en diciembre de 2006. Según el informe, Perdigón Brito es un periodista que había publicado artículos en sitios web del exterior documentando abusos gubernamentales. HRW asegura que en prisión ha sufrido golpizas y confinamiento.
En algunos casos, la peligrosidad se aplica a personas que no asistieron a actos políticos oficiales o que no trabajan.
IPS intentó sin éxito comentarios de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos sobre el informe de HRW.
Las autoridades cubanas también emplean otras figuras, como la rebeldía o la insubordinación, para penalizar el disenso, señala el informe que se basó en datos recogidos en dos viajes no autorizados a Cuba y en 60 entrevistas a ex presos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, clérigos y otros miembros de la sociedad civil cubana.
Uno de ellos, Rodolfo Bartelemí Coba, fue arrestado 10 días después de la entrevista y llevado a prisión, donde permanece, afirma HRW. Los juicios son sumarios, sin garantías del debido proceso.
Al mismo tiempo, desde que Raúl Castro gobierna, han aparecido algunos espacios y medios para expresar disenso y críticas, afirma el reporte, que señala la emergencia de una "blogosfera independiente, canciones con textos críticos y, más recientemente, una serie de reuniones públicas organizadas por el gobierno para reflexionar sobre el socialismo cubano".
Pero esos espacios son limitados en cuanto a su impacto en la sociedad cubana. Sólo una pequeña fracción de los ciudadanos tienen acceso a Internet, algunos grupos musicales han sido acosados, sus funciones canceladas o sus canciones prohibidas. Y en las reuniones públicas está explícitamente prohibido discutir la reforma del sistema cubano de partido único, dijo HRW.
