Pocos esperan que los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G-20) países ricos y emergentes, reunidos este viernes y el sábado en esta ciudad escocesa, acuerden un paquete financiero con vistas a la gran reunión sobre cambio climático de Copenhague.
Del 7 al 18 de diciembre se realizará en la capital danesa la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se buscará llegar a un nuevo tratado de reducción de emisiones contaminantes posterior a la expiración, en 2012, del Protocolo de Kyoto.
Las divisiones están suscitándose de muchas maneras y en muchos ámbitos. La última quedó expuesta cuando un delegado africano se retiró de las conversaciones previas a Copenhague que finalizaron este viernes en Barcelona.
La esperanza de superar esas divisiones en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 en Saint Andrew es por lo menos débil.
La cita en esta ciudad escocesa es una prueba para el G-20, elogiado en la cumbre de septiembre en la estadounidense Pittsburgh como fuente permanente de soluciones para problemas globales.
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Eso funcionó hasta cierto punto en relación a la crisis financiera: todos estuvieron de acuerdo en que los mercados deberían empezar a moverse de nuevo, y en que los principales países en desarrollo necesitaban ese movimiento en los industrializados para impulsar sus propias exportaciones y economías.
Las conversaciones de Barcelona, que constituyeron la última ronda oficial previa a Copenhague, no arrojaron ningún acuerdo sobre objetivos para la reducción de emisiones de carbono ni ningún compromiso sobre finanzas climáticas. Es difícil esperar que las mismas naciones alcancen un consenso un día después solamente porque se reunieron bajo la sombra del G-20.
"Pero hay algunas señales de que esta reunión es más seria en términos de finanzas. Aunque ellos digan que ya discutieron las nuevas propuestas financieras de la Unión Europea (UE), si pueden decir que se pusieron de acuerdo en el número (de ayuda al Sur) correcto, será un buen avance", dijo a IPS Richard Dixon, del Fondo Mundial para la Naturaleza, en Saint Andrews.
También puede ser significativo que los ministros de Finanzas debatan sobre el rol de las instituciones financieras internacionales en el manejo de la distribución del dinero.
Uno de los mejores resultados posibles sería que los ministros acordaran acciones sobre la crisis económica y la climática. "Los dineros públicos pueden invertirse en nuevos proyectos verdes", sostuvo Dixon.
También se espera que los ministros consideren los avances logrados en temas específicos durante las negociaciones de Barcelona, particularmente alguna forma de impuesto a aviones y barcos cuya recaudación serviría para ayudar a los países más pobres.
El punto de partida de buena parte de las conversaciones es un nuevo documento de la UE que calcula en 100.000 millones de euros (150.000 millones de dólares) los fondos anuales necesarios de aquí a 2020 para ayudar al Sur en desarrollo a afrontar el impacto del cambio climático.
Uno de los principales debates que se plantea en estos momentos es si China e India deben también aportar fondos, o en cambio merecen asistencia por tratarse de "economías emergentes".
Si se elimina a esos dos países de la lista de donantes y se los incluye en la de beneficiarios, la suma calculada deberá ser sometida a cambios.
Para empezar, la propuesta de la UE señala que los gobiernos del bloque se harán cargo de apenas de la mitad de esos fondos, y solamente si otras naciones, como Estados Unidos, asumen compromisos similares. El resto de los recursos provendrán de fuentes privadas, principalmente de la comercialización de créditos de carbono.
Pero las promesas del llamado "mercado de carbono" (que facilita al Norte obligado por el Protocolo de Kyoto a alcanzar sus metas de reducción de gases mediante inversiones en proyectos limpios en otras naciones) están en jaque.
La organización internacional Amigos de la Tierra sostiene que este mecanismo solamente hace que las emisiones cambien de un lugar a otro a cambio de una tarifa, y hace poco por reducirlas.
"Depender de un sistema de mercado riesgoso como el comercio de carbono para reducir las emisiones es irresponsable y peligroso", alertó el grupo.
"La UE debe comprometerse a reducir sus emisiones por lo menos 40 por ciento para 2020 invirtiendo en generación de energía renovable y recortando el derroche de energía", agregó.
Los países del Norte ahora se pelean por quién debe pagar la cuenta del cambio climático.
Gran Bretaña, por ejemplo, tendría que aportar para el fondo propuesto menos de 2.000 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares) al año. Según la propuesta, Estados Unidos, tendría que contribuir con 10 veces esa suma, pero Washington lo considera inaceptable.
La UE aclaró que no entregará más de 10.000 millones de dólares para ese fondo en los próximos tres años. Y varios países europeos, particularmente en Europa oriental, se niegan a hacer incluso eso. La cuota de cada uno de los 27 miembros del bloque será muy pequeña. Si tampoco hay disposición para eso, es difícil saber los ministros de Finanzas reunidos en Saint Andrews podrán acordar algún compromiso.
