La decisión brasileña de adoptar metas de reducción de gases invernadero parece confirmar que la emergencia del cambio climático se yergue como nuevo factor del ordenamiento político mundial, sumado a cuestiones estratégicas, económicas e ideológicas.
Los ambientalistas apuntaron dudas sobre la efectividad y la precisión de las cifras, que se basan en proyecciones para el futuro. Pero se trata, según el consenso, de un importante paso y de un vuelco en la posición brasileña, hasta hace poco reacia a asumir compromisos cuantitativos en materia de contaminación climática.
Con esa decisión "Brasil se aleja de la doctrina del Grupo de los 77", la coalición de más de 130 países en desarrollo en las negociaciones internacionales, según Eduardo Viola, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia, atento a las alteraciones del mapa geopolítico causadas por los temas ambientales.
Brasil se aproxima así a la Unión Europea y a países como Japón, Australia y Corea del Sur, que asumieron metas definidas, y se aparta de un grupo de naciones emergentes, como China e India, que son grandes emisoras de dióxido de carbono (CO2) y se resisten a compromisos de reducción.
[related_articles]
De esa forma, este país sudamericano tiende a retomar un liderazgo en las negociaciones, aunque disintiendo con viejos aliados, sostuvo el profesor.
Brasil ejerció cierto protagonismo en las negociaciones sobre clima en la década pasada, que resultaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, por el cual los países industrializados que lo ratificaron deberían llegar a 2012 emitiendo CO2 en una cantidad 5,2 por ciento inferior a la de 1990.
Ese protagonismo permitió establecer el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", a partir del cual se fijaron metas obligatorias al mundo industrializado y se creó el Mecanismo de Desarrollo Limpio para beneficiar los proyectos que reducen emisiones en los países pobres.
Pero la gravedad de los estudios científicos sobre el clima y el fuerte crecimiento económico de los países emergentes, como China, India y Brasil, debilitaron el enfoque Norte-Sur, ampliando las presiones internacionales para que estas naciones también hagan un esfuerzo de mitigación del cambio climático.
La decisión brasileña de anunciar metas nacionales un mes antes de la conferencia de Copenhague representa "una ruptura histórica", dijo Viola a IPS. Se debió a una gran "convergencia de factores", en la que fue decisiva la precandidatura presidencial de Marina Silva, ex ministra de Ambiente, para las elecciones de 2010.
También contribuyeron manifestaciones de una buena parte del empresariado industrial y de la opinión pública en defensa de una economía de bajo carbono, que se verá inducida por ese compromiso nacional, y la capacidad del actual ministro de Ambiente, Carlos Minc, de aprovechar la oportunidad, apuntó Viola.
Silva, que renunció al ministerio el año pasado y volvió a ocupar un escaño en el Senado por sentirse sin respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció en agosto su decisión de dejar el gobernante Partido de los Trabajadores. Luego se afilió al Partido Verde, evidenciando su intención, no explícita, de disputar la Presidencia.
Esa perspectiva de una candidatura verde destacó la prioridad de los temas ambientales, en especial del cambio climático. Repentinamente, la ministra jefa de la Casa Civil, Dilma Rousseff, preferida de Lula para ser su sucesora y conocida por impulsar proyectos de infraestructura y energéticos en desmedro del ambiente, adoptó un discurso ecologista.
Será ella, y no Minc, quien encabece la delegación brasileña a Copenhague, en una clara acción adicional de construcción de su candidatura.
De todas formas, la decisión anunciada el viernes representa un triunfo del Ministerio de Ambiente sobre las posiciones "atrasadas" del Ministerio de Relaciones Exteriores, atado a sus viejas coaliciones, y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que coordina los debates nacionales sobre cambio climático, y que eran apoyadas por Rousseff y Lula, según Viola.
Las metas, aunque inciertas y basadas en proyecciones futuras, son "positivas" como una señal al mundo, dijo a IPS Rubens Born, coordinador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental brasileña activa en las negociaciones sobre cambio climático.
Pero para ser efectivas, esos compromisos deben formalizarse en una ley u otra medida institucional que las haga obligatorias para cualquier gobierno, defendió Born. La actual administración tiene actitudes ambiguas, porque a la vez que avanza en la cuestión climática, acepta retrocesos en la reforma de la ley forestal, ante presiones de los terratenientes que quieren ampliar la deforestación, ejemplificó.
Será necesario definir un plan estratégico que detalle medidas a adoptar en sectores intensivos en carbono, como el transporte, en Brasil muy concentrado en el sector vial, que consume derivados de petróleo, observó Viola.
Las metas ahora anunciadas indican que Brasil dejará de emitir en 2020 entre 975 y 1.052 millones de toneladas de CO2, de un total proyectado para aquel año de 2.703 millones de toneladas, si no se hace un esfuerzo adicional.
Dos tercios de esa reducción corresponderán a la deforestación evitada, de 80 por ciento en la Amazonia y de 40 por ciento en el Cerrado, la sabana que ocupa gran parte del centro de Brasil. En este caso la comparación es con un dato ya conocido, el promedio anual de tala registrado entre 1996 y 2005.
Pero en la agropecuaria, la energía y la siderurgia, los sectores en que se establecieron las metas, no habrá reducción, sino aumento de las emisiones anuales dentro de 11 años, en casi 400 millones de toneladas de CO2, estimó la organización ecologista Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.
El programa habla de reducción porque, si se mantuviera la tendencia actual, tales sectores ampliarían sus emisiones en 700 millones de toneladas hacia 2020.
La crítica de los ambientalistas es que, a excepción de la deforestación, las metas para las demás actividades son muy bajas. La reducción fijada para la agropecuaria, por ejemplo, es de 4,9 a 6,1 por ciento, y la mayor parte representada por la recuperación de pastizales degradados.
