A pesar de que las compañías mexicanas tienen responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, su contabilidad en la materia es poco transparente y se muestran reacias a aceptar una legislación que las obligue a disminuir la contaminación.
En la Iniciativa Nacional Voluntaria de Contabilidad y Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, ejecutada desde 2004 y conocida como "Programa GEI México", 98 empresas reportaron 150 toneladas de dióxido de carbono (CO2) lanzadas al aire en 2008, según su informe difundido esta semana.
"El reporte de las empresas es fundamental para dar transparencia a su operación. El tema climático influirá mucho en su desempeño, pues se relaciona con su nivel de competitividad", dijo a IPS Juan Mata, director de Política de Cambio Climático de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Comisión de Estudio del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), la Semarnat, el Instituto Mundial de Recursos y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable pusieron en marcha el Programa GEI México en 2004 como una prueba piloto.
Al ver sus resultados iniciales, lo transformaron en una iniciativa permanente a partir de 2006.
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"Es necesaria una legislación que obligue a la reducción de emisiones, hay que llevar la economía a que se desvincule del carbono", pronunció ante IPS Nelly Correa, asesora de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, creada en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México.
México arroja cada año a la atmósfera unos 715 millones de toneladas de CO2, en su mayoría procedentes del consumo de energía, la industria y la deforestación. Las toneladas contenidas en el reporte GEI de 2008 equivalen a 21 por ciento del total del país.
El promedio histórico de emanaciones de GEI de la industria es de 60 millones de toneladas. Los rubros más fuertes han sido el azucarero, el químico y el cementero.
"Siempre colaboramos con iniciativas del gobierno federal, cualquier reducción de emisiones debe enfatizar el sector a la que se dirige, en la medida en que cada empresa tenga proyectos ambientales", señaló a IPS Ramón Rivera, miembro del consejo directivo de Cespedes, adscrita al Consejo Coordinador Empresarial, la mayor organización patronal de México.
Este país norteamericano carece de un recuento estructurado de emisiones, cuyo estado se actualiza cada cierto lapso en las comunicaciones nacionales sobre cambio climático, un informe sobre la situación ambiental de la nación.
México dará a conocer la cuarta comunicación durante la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), que intentará entre el 7 y el 18 de diciembre en Copenhague delinear un tratado de reducción de emisiones mundiales de gases invernadero.
"Tiene que haber una política de estado, traducida en el intercambio entre las empresas, el gobierno y la sociedad, y colocar la transición energética como tema prioritario", planteó a IPS Jorge Villarreal, coordinador de Programas de la oficina mexicana de la Fundación Heinrich Böll de Alemania.
El Programa GEI México aglutina a corporaciones e instituciones de los sectores cementero, transporte, siderúrgico, automotriz, cervecero, petrolero y gasero, entre otros.
Para el periodo 2010-2012, sus promotores esperan sumar a 50 miembros, incorporar a cuatro nuevos rubros y reportar 80 por ciento de las emisiones de GEI por generación y uso de energía y procesos industriales.
"Queremos contribuir a la realización de acciones de mitigación, medir la contabilidad y reportar las emisiones de GEI", manifestó Sandra Herrera, subsecretaria de la Semarnat.
El programa quiere poner en práctica el año próximo un esquema de validación y certificación del inventario de gases, para que los cálculos sean verificables y se reconozca no sólo a las empresas que reportan su contaminación sino a las que también la reducen.
Villarreal y Correa coincidieron en que se premie a las compañías que acortan sus emisiones. "Debe haber un compromiso que la misma sociedad pueda incentivar a través de su poder", sostuvo Correa.
Pero el gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón no parece muy proclive a otorgar incentivos económicos o fiscales a quienes encojan sus GEI, como lo expresó el propio secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira.
Sin embargo, los empresarios mexicanos parecen preferir el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, contenido en el Protocolo de Kyoto, para amortiguar los GEI en vez de una estricta legislación nacional o subsidios.
Mediante esta herramienta, una empresa demuestra que su proyecto captura esos gases, lo registra ante el MDL, con sede en la ciudad alemana de Bonn, y puede vender los llamados bonos de carbono a los países que están obligados a recortar sus emisiones, agrupados en el Anexo I del protocolo firmado en Japón y cuyas metas están fijadas en 2012.
Ese acuerdo internacional rige desde 2005 y establece normas para disminuir las emisiones a la atmósfera de CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, considerados como los responsables del recalentamiento del planeta.
El Protocolo obliga a las 37 naciones industrializadas que lo ratificaron a reducir sus emisiones en al menos 5,2 por ciento para 2012, respecto de los niveles de 1990.
"Puede haber un incentivo económico diferencia por sector y según el tipo de empresa", reconoció Rivera.
De las 98 corporaciones incluidas en el Programa GEI México, sólo cinco dan cuentan con proyectos MDL.
México ha registrado 119 iniciativas MDL, pero sólo 20 se encuentran en ejecución, con una emisión de 5,84 millones de bonos de carbono.
México podría lograr una reducción de 34 millones de toneladas de CO2 en el sector industrial en 2020, según el estudio titulado "Un crecimiento de bajo carbono: una ruta posible para México", elaborado por la firma inglesa CMM & McKinsey. De esa estimación, el ramo eléctrico representaría 26 millones de toneladas y el de petróleo y gas 15,3 millones.
