Dos miembros de la etnia yukpa murieron y otros resultaron heridos en un tiroteo entre defensores y adversarios del esquema de reparto de tierras instrumentado por el gobierno en el extremo oeste de Venezuela, donde se cruzan intereses políticos, de ganaderos y de la minería.
El grave incidente se produjo entre las comunidades vecinas de Chaktapa y Guamo Pamocha, cerca de la ciudad de Machiques, 650 kilómetros al occidente de Caracas, la noche del martes y el comienzo del miércoles, 24 horas después de que el gobierno de Hugo Chávez entregase títulos de propiedad sobre 41.600 hectáreas a sólo tres de las más de 100 comunidades yukpas.
Perecieron Eber García, de Chaktapa, yerno de Sabino Romero, el líder que resiste la iniciativa gubernamental, y Mireya Romero, de 16 años y embarazada, hermana de Olegario Romero, un cacique de Guamo Pamocha.
Sabino Romero resultó herido de bala en hombros y brazos, así como una hija suya de 11 años y un joven sobrino, en tanto un niño de nombre Leonel está desaparecido y otros participantes en la refriega presentan lesiones por golpes.
El líder de Chaktapa fue llevado el miércoles a un hospital civil de Maracaibo, la capital regional del occidente, y en la madrugada de este jueves decenas de policías y militares que tomaron la instalación lo trasladaron al hospital militar de la ciudad, confirmaron a IPS reporteros de medios comunitarios presentes en el lugar.
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"Este incidente y su lamentable saldo es resultado de múltiples factores, entre los que destacan la instigación por parte de hacendados, campesinos y sectores del gobierno para que el territorio yukpa se fragmente, poder ocuparlo y abrir camino en el futuro a la explotación carbonífera", dijo a IPS Lusbi Portillo, de la organización indigenista y ambientalista Homo et Natura, que acompaña la causa yukpa desde hace 25 años.
El presidente Chávez lamentó los hechos y anunció "una investigación exhaustiva, y que tomará las medidas necesarias" para superar la situación.
Veinte organizaciones defensoras de los derechos humanos, del occidente venezolano y de Caracas, produjeron una declaración lamentando que el gubernamental Plan Yukpa, de adjudicación de tierras, créditos y otros beneficios a indígenas y campesinos haya sembrado divisiones y enfrentamientos entre comunidades de la misma etnia.
Recordaron que en la sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, circulan rumores de que la cabeza de Sabino Romero tiene precio "y se ha intentado criminalizar a la comunidad de Chaktapa, afirmando que es el Chiapas venezolano y que el cacique desconoce al Estado, lo cual es falso".
La referencia a Chiapas es por este sureño estado mexicano donde se asienta el guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en demanda de democracia y justicia para los indígenas de ese país. Sigue activo, pero sin realizar acciones armadas.
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, declaró este jueves que rehúsa adelantar hipótesis sobre el incidente antes de que culmine la investigación policial en marcha, "pero llama la atención que sectores irracionales, ofuscados por el odio, señalen que esto es consecuencia del Plan Yukpa, pretendiendo descalificarlo".
Según los relatos de Sabino Romero y de varios de sus acompañantes, el incidente comenzó cuando su yerno fue abordado por familiares de Olegario, el dirigente de Guamo Pamocha, quienes bajo efectos del alcohol le acusaron de integrar la banda que habría robado, pocos días antes, más de 100 reses en tres fincas de la zona.
El joven García resultó golpeado y, una vez que llegó a Chaktapa e informó del percance, Sabino y su familiares marcharon hacia Guamo Pamocha para reclamar el vejamen y la difusión de rumores señalándolos como abigeos.
Los yukpas, hoy unos 10.000 individuos de lengua Caribe, se instalaron hace siglos entre la sierra de Perijá y las llanuras al oeste del lago de Maracaibo, y su territorio limitó con el de la etnia barí, al sur, y el de los japreira y wayúu, al norte.
Diezmados y arrinconados en la sierra por la colonización española, la búsqueda de petróleo y la ganadería que se adueñó de las tierras bajas, comparten con etnias vecinas la reivindicación de un territorio ancestral y el temor de que su hábitat desaparezca si prosperan las concesiones carboníferas otorgadas en toda la región.
Homo et Natura reclama para los indígenas "la entrega de territorios demarcados según sus tradiciones y saneados de explotaciones ganaderas y concesiones mineras".
El gobierno inició la entrega de tierras a varias comunidades, así como créditos y vehículos, además de programas de salud, pero no atiende el reclamo de numerosas comunidades, entre ellas Chaktapa, para que se demarque un territorio común de por lo menos 285.000 hectáreas para el conjunto de la etnia.
Delegados indígenas y de los ganaderos pactaron en marzo la devolución de haciendas a los yukpas si el Estado reconocía y pagaba las bienhechurías (mejoras edilicias y de estructura en los establecimientos) a los productores rurales asentados allí hace décadas, pero el gobierno rechaza ese procedimiento y opta por entregar bolsones de territorio a cada comunidad.
En los últimos años, comunidades yukpa han ocupado haciendas, los ganaderos los culpan por diezmar sus rebaños, unos y otros acusan a las autoridades civiles y militares de complicidad con el contrario y todos los actores hablan de la presencia de sicarios para zanjar situaciones mediante la violencia.
En julio de 2008, desconocidos atacaron a golpes a José Manuel Romero, de 97 años, padre de Sabino, y el anciano pereció producto de las lesiones y la humillación.
Sobre ese telón de fondo, siempre según los testimonios de la comunidad Chaktapa, se inició el reclamo de Sabino Romero y sus parientes a Olegario Romero y los suyos. El dirigente de Guamo Pamocha habría sacado una escopeta y comenzado a disparar contra quienes le reclamaban, que entonces se batieron en retirada.
Según Guillermina Romero, la viuda de García, éste al ser abaleado se hizo también de una escopeta y disparó en dirección a la gente de Guamo Pamocha, hiriendo de muerte a la joven embarazada. Los otros lesionados son de la comunidad Chaktapa.
El Aissami insistió en que "se trató de un incidente aislado, que ocurrió fuera del área donde se entregó titularidad de tierra el lunes a las comunidades Aroy, Tinacoa y Shirapta, por lo que no puede vincularse con la demarcación del Plan Yukpa".
También advirtió a "sectores ganaderos" que se abstengan de tomar medidas frente a los yukpa por cuenta propia, pues "la revolución está del lado de los indígenas".
Manuel Heredia, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, dijo que "se está creando una falsa matriz de opinión para achacar la culpa de lo sucedido a los productores de Machiques, cuando en verdad responde a que a los indígenas se les han creado falsas expectativas, como que les iban a entregar 220.000 hectáreas de tierra".
"El Estado tiene la responsabilidad de saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas (en Venezuela hay más de 30 etnias con unos 500.000 individuos), para lo cual debe brindar protección y abstenerse de realizar o permitir actos que atenten contra la vida y demás derechos de esos habitantes", dijo a IPS Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, firmante del reclamo a favor de los yukpas.
Las organizaciones piden al gobierno que cese la criminalización contra Sabino Romero, auditar el Plan Yukpa, reformar la comisión de demarcación de los territorios y, como requerimiento esencial, concretar la compra de bienhechurías a los ganaderos para que los indígenas recuperen sus tierras ancestrales.
Además, recomiendan "incluir autoridades ancestrales y tradicionales del pueblo yukpa en la toma de decisiones que les afecten más directamente, traducir al idioma yukpa los documentos más importantes del proceso de demarcación, y consultarles comunidad por comunidad, cumpliendo el principio de información previa, libre y de buena fe".
La Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre los sucesos de Machiques y la representante del pueblo wayúu en la comisión de demarcación de tierras, Aimée Larreal, pidió detener esos trabajos y someterlos a revisión en vista de los acontecimientos de esta semana.
