Cientos de miles de trabajadores se manifestaron este miércoles en diversas ciudades de España respondiendo a una convocatoria mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en defensa del diálogo social y de la negociación colectiva.
La Jornada por el Trabajo Decente en este país fue organizada por las dos centrales sindicales mayoritarias: la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Confederal de Comisiones Obreras (CCOO), apoyadas por otros organismos del sector.
La principal demanda de los trabajadores fue la reanudación de la negociación colectiva entre el gobierno, los sindicatos y el sector privado, iniciada a principios de año pero que fracasó al ser abandonada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La negociación debería reactivarse y llevar a un acuerdo para limitar la temporalidad en el empleo y aumentar la estabilidad laboral, afirmó este miércoles el secretario general de la UGT, Cándido Méndez.
Entrevistado en la pública Radio Nacional de España, Méndez apuntó también contra los empresarios que, afirmó, se guían por la consigna: "Yo te contrato cuando quiero y te despido cuando me da la gana".
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De manera especial se refirió a temas candentes de los últimos días, al criticar a la CEOE por señalar que las millonarias indemnizaciones de despido pagadas a directivos de empresas pueden estimular la economía, y al mismo tiempo abogar por una disminución de las compensaciones a los trabajadores.
Tanto la UGT como la CCOO reclaman al gobierno que ponga en práctica de inmediato medidas para reactivar la economía, no como acciones aisladas sino como parte de un plan global que, en especial, apunte a acabar con las deficiencias de la producción, tanto industrial como agropecuaria y de telecomunicaciones.
Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hizo un llamado a que la crisis financiera y económica mundial no sea utilizada por los empresarios y los responsables políticos como una pretexto para socavar los derechos laborales y sociales de refugiados e inmigrantes.
Ante las dificultades económicas, muchos apuntan a los inmigrantes indocumentados y a los que desean ingresar a España. La semana pasada, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, informó que se limitaría la contratación de extranjeros en su país de origen y que la cifra de contratos "se aproximará al punto cero". O sea que no habrá nuevos contratos.
Según el ministro, si se toma en cuenta que en estos momentos en España hay dos millones y medio desempleados, "no parece razonable" recurrir a la contratación en origen. Además pidió a los gobiernos de las comunidades autónomas que, ante la crisis, "remen en la misma dirección" del gobierno central.
Por otro lado, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) y de la CEAR, Víctor Sáez, condenó las redadas policiales contra inmigrantes, señalando que "no se ajustan al derecho ni a la Constitución". "No dejan lugar a la presunción de inocencia, ya que detienen a las personas indiscriminadamente, fijándose sólo en sus rasgos físicos", afirmó.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó esas declaraciones y afirmó que no existen redadas contra los inmigrantes, y que si hubiera alguien afectado por un operativo policial debería recurrir a la justicia.
Sin embargo, testigos y víctimas insisten en que ese tipo de redadas existen. Eduardo G., inmigrante ecuatoriano que pidió no revelar su identidad, dijo a IPS que sus compatriotas deben tener mucho cuidado en las calles, "porque los detienen sólo por el color de su piel y les exigen sus papeles".
Y agregó que, "en más de una ocasión, aunque tengan los papeles que legalizan su presencia en España, igual los llevan a la comisaría para interrogarlos, preguntarles por su familia y connacionales, buscando detectar a quienes no tengan los papeles para proceder contra ellos.
Pero, puntualizó, "tampoco tenemos que olvidar que la mayoría de los españoles son solidarios y tratan bien a los inmigrantes, sobre todo si somos latinoamericanos".
La CEAR es terminante al apoyar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente pues sostiene que "el precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros", por lo que reclama que sean "respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho".
La organización además contradijo al ministro, señalando en un comunicado que "constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos". "La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias", añadió.
Para la CEAR, la actual crisis internacional, la más profunda desde los años 30, dejó en descubierto "la patente ineficacia del actual sistema de gobernanza económica mundial" y mostró como "incapaces" al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por no haberla previsto y por haber apoyado medidas que la agravaron.
Todas estas declaraciones y debates se producen en momentos que el Banco Santander, uno de los más grandes de España y de América Latina, ha informado que una operación realizada por su filial brasileña le proporcionó ganancias por 1.430 millones de euros.
Otro de los grandes bancos, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) también es noticia, pues su consejo acordó indemnizar a J José Ignacio Goirigolzarri con 53 millones de euros por haber cesado en su cargo de consejero delegado.
