La lucha contra la corrupción en Sierra Leona recibe un nuevo impulso con la colaboración entre gobierno y sociedad civil.
La Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción (ACC por sus siglas en inglés), que era un órgano ineficaz y sin capacidad de acción, fue perfeccionada con una reforma legislativa que permite incluir a la sociedad civil en acciones de fiscalización.
Sierra Leona está entre los 70 países de venalidad endémica, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con sede en Berlín.
La ACC capacitó a integrantes de la sociedad civil y les encomendó la tarea de investigar a las entidades estatales.
Para ello diseñó la Estrategia Nacional Contra la Corrupción (NACS, por sus siglas en inglés) que comenzó por una colaboración entre la ACC y organismos gubernamentales para identificar áreas conflictivas y diseñar soluciones concretas.
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Luego se redactaron informes que se entregaron a la sociedad civil, que se encargará de supervisar el trabajo de las entidades estatales.
El director de la mayor coalición de organizaciones de la sociedad civil de este país, Ngolo Kata, señaló que la lucha contra la corrupción les interesa desde hace tiempo. "Cada organización designó a las personas que iban a integrar el cuerpo de inspectores", indicó Ngolo.
El equipo terminó los dos primeros trimestres de evaluación y ahora está abocado a la redacción de los informes.
"Firmamos un código de ética que regula la conducta de los inspectores en el proceso de evaluación, que incluye, entre otras directivas, la prohibición de hacer declaraciones a la prensa", explicó.
Los informes se reunirán por región y se presentarán a la comisión directiva que supervisa la implementación de la NACS, explicó el coordinador del proyecto de ACC, Sholay Williams.
"El equipo presentará sus recomendaciones al gobierno sobre las medidas a tomar en las instituciones problemáticas", añadió.
Según la nueva ley que rige a la ACC, el funcionario al que se le compruebe actos de corrupción deberá pagar una multa equivalente a 1,4 millones de dólares y será destituido.
La ACC era considerada un "perro sin dientes". Pero con la llegada al gobierno del presidente Ernest Koroma, que prometió tolerancia cero a la corrupción, comenzaron a salirle dientes.
Desde su investidura en 2007, Koroma se abocó a reformar la ley anticorrupción de 1991, y el año pasado promulgó una nueva norma.
Ahora la ACC puede presentar casos directamente a la justicia, salteándose la aprobación de la Fiscalía General. Las denuncias contra altos funcionarios solían morir allí.
La ACC tampoco tenía capacidad para realizar investigaciones. La sociedad civil y la ciudadanía no colaboraban con denuncias, pues había mucha desconfianza en su capacidad de acción.
Pero la renovada ACC, con una nueva administración y más competencias, está apta para combatir de forma efectiva la corrupción. De a poco se va ganando la confianza de la gente.
"La NACS es el mayor plan de acción que un país pueda tener para combatir la corrupción", aseguró Williams.
Nadie está a salvo de su escrutinio, ni siquiera los secretarios de Estado. "El presidente leerá con atención los informes y evaluará el desempeño" de su gabinete, afirmó el ministro de Información y Comunicación, Ibrahim Ben Kargbo.
