Las consecuencias del tráfico de armas sobre niños y niñas deben formar parte de las negociaciones para crear un tratado internacional que regule ese comercio, según expertos de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
Todavía no comenzaron las negociaciones formales tras la aprobación hace tres años de una propuesta contra el tráfico de armas pequeñas por la mayoría de los estados miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Pero un grupo de siete países, encabezados por Gran Bretaña, presiona para lograr avances concretos durante la sesión de un mes del Primer Comité sobre Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General de la ONU, que se reúne desde el 1 de este mes hasta principios de noviembre.
Estados Unidos, el mayor productor, proveedor e importador de armas pequeñas del mundo, cambió su posición respecto de 2006, cuando fue el único país que votó contra la propuesta. El gobierno de Barack Obama se muestra más favorable a participar en negociaciones formales.
El Tratado sobre Comercio de Armas (ATT) creará un sistema de evaluación de riesgos para determinar la legalidad de una transferencia, estudiando caso por caso la probabilidad de que perjudique a la población civil o se use con otro fin que no sea la defensa nacional o la lucha contra el delito.
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También servirá como un acuerdo legal para hacer cumplir otros tratados y leyes existentes.
Los estados miembro de la ONU discuten los parámetros y el alcance del ATT con grandes dificultades como prever consecuencias para los violadores del tratado.
El reclutamiento, el secuestro y el abuso de niños y niñas por grupos armados son propiciados y exacerbados por el comercio irresponsable e ilegal de armas pequeñas, señaló Judy Grayson, especialista en la materia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Tras la difusión del filme "The Silent Army" ("El ejército silencioso") sobre niñas y niños soldados, en la sede de la ONU en Nueva York, Grayson reclamó que se incluya el asunto de la seguridad y de los derechos de los menores en las negociaciones del ATT.
Entre 2002 y 2006, 1.500 millones de niños y niñas, dos tercios de la población mundial menor de edad, vivía en 42 países con conflictos internos de alta intensidad.
Millones más vivían en países oficialmente no considerados en conflicto, pero con un alto grado de violencia, como Brasil, donde las armas pequeñas son la principal causa de muerte entre los menores.
"No se trata de cuántos niños mueren, sino del grado en que sus vidas se alteran", remarcó Grayson.
En Brasil, seis por ciento de los menores perdieron a alguno de sus padres o tutores, 15 por ciento a un amigo, 17 por ciento fueron testigos de un episodio violento y 36 por ciento debieron asumir otro rol familiar tras la muerte de la persona a la que estaban a cargo.
En 2007, había 875 millones de armas pequeñas en el mundo. El comercio de armas floreció, pese a la crisis económica y financiera.
Los activistas mencionan el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal, de 1997, como un ejemplo de acuerdo de la comunidad internacional para eliminar un arma capaz de herir y matar civiles de forma indiscriminada.
El uso de las minas antipersonal era generalizado en los años 80, pero ahora sólo existe en unos pocos países, recordó Grayson.
"Los niños y sus familias tienen derecho a esperar mucho de las negociaciones de un tratado sobre armas pues son las principales víctimas de una guerra", señaló Clare da Silva, de la Campaña Armas bajo Control, coalición integrada por Amnistía Internacional, Oxfam, International Action Network on Small Arms (Red internacional de acción contra las armas pequeñas) y cientos de otras organizaciones.
No debería permitirse la transferencia fronteriza de armas cuando existe un riesgo sustancial de que sean empleadas para violar los derechos humanos, señaló Da Silva.
Los seis delitos relacionados con armas que figuran en una lista de la Resolución 1612 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2005 son: asesinato y mutilación de menores, reclutamiento o uso de niños y niñas en conflictos, ataques contra escuelas u hospitales, falta de asistencia humanitaria a menores, secuestro, violación y otros abusos sexuales contra ese sector de la población más desprotegido.
El integrante del panel Kon Kelei, de Sudán, ex niño soldado y uno de los actores de "The Silent Army", pidió a los diplomáticos presentes que se concentraran en la prevención y la rehabilitación de los menores que participaron en conflictos armados.
"Cuando abandonan la lucha, esos niños que fueron dulces y juguetones, pero se convirtieron en personas duras y frías", requieren programas que les faciliten la reintegración y la educación, indicó Kelei, quien además fundó la organización Network of Young People Affected by War (Red de Jóvenes Afectados por la Guerra).
El enfoque occidental de asistencia a los ex niños soldados no siempre es el correcto, advirtió.
"Todos esos psicólogos me enferman", señaló. "A veces, el tratamiento me tiraba abajo cuando lo que necesitaba era recomponerme. Por supuesto que son necesarios, pero no siempre en el grado y de la forma en que ellos pretenden", explicó.
También es muy importante la participación de personas que hayan vivido ese problema en el diseño de los programas de atención, señaló Radhika Coomaraswamy, representante del secretario general de la ONU para la cuestión de niños y conflictos armados.
"Ningún niño soldado es victimario", dijo Kelei a IPS al ser consultado sobre cómo lidiar con menores que son a la vez víctimas y mano ejecutora de graves crímenes.
"Me hace feliz poder decir que no maté a nadie, pero yo no consideraría asesino a un niño soldado que lo haya hecho. Ningún menor obligado a violar es un violador. En vez de un juicio, me inclino por una comisión de la verdad y reconciliación que se haga cargo de esto", explicó Kelei.
"Hay distintas formas de que entiendan la gravedad de lo que hicieron sin procesarlos", coincidió Coomaraswamy.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra y contra la humanidad, asume una posición similar y no procesa a menores de 18 años.
Hay mecanismos alternativos para implementar una justicia de transición, además de una comisión de la verdad, como los tribunales comunales "Gacaca", de Ruanda, o la iniciativa "fambul tok" ("conversación de familia", en creole), de Sierra Leona.
