La trata de niñas y niños sigue campante en Guatemala, a pesar de una ley en vigor desde marzo de este año. Al contrario, el lucrativo negocio se ha expandido dando paso al turismo sexual, según organizaciones civiles.
La fiscalía de este país tiene apenas 10 agentes para todo el territorio, sin teléfono y con tres o cuatro computadoras, para combatir el boyante negocio de la trata, según una funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (ombudsman).
"Trajeron dos niñas de El Salvador para trabajar en un comedor y al segundo día las prostituyeron. Las niñas son preferidas por los abusadores, porque obtienen mayores ganancias en su explotación sexual", dijo a IPS el activista Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez, que alberga a menores rescatados.
Según Dubón, la trata de personas se comete sobre todo en áreas fronterizas aunque también existe en la capital, a donde con engaños son traídas niñas y adolescentes con la promesa de conseguirles un trabajo.
Es tal la libertad para cometer este tipo de delitos sin ser molestado por las autoridades de este país centroamericano de 13 millones de habitantes, que la actividad se ha diversificado. "Sabemos que vienen turistas a tener relaciones sexuales con niños de la calle y que hay una red de taxis involucrada", señaló Dubón.
[related_articles]
La trata de personas es la tercera actividad que más ingresos genera al crimen organizado, después del narcotráfico y el tráfico de armas, según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Al menos 15.000 guatemaltecas menores de 18 años son explotadas en este país, de acuerdo con la no gubernamental Casa Alianza, que en enero de este año cesó sus actividades en este país por falta de financiamiento.
Uno de los logros más importantes en la lucha contra estos delitos fue la puesta en vigor de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en marzo, aunque sus resultados aún son intangibles.
La norma tipificó los delitos relacionados con la explotación sexual, creó la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y estableció el proceso para la repatriación de víctimas de trata llevadas fuera del país.
Pero "a la Secretaría no le han asignado los recursos para que funcione, no hay formación para los jueces responsables de aplicar la ley y no ha existido un verdadero interés por parte de todas las instituciones del Estado de implementar las acciones que les corresponden", criticó Dubón.
Mientras tanto, en las áreas fronterizas los delitos están a la orden del día.
"En Malacatán y Tecún Umán (municipios del sudoccidental departamento de San Marcos, fronterizos con México) familiares, dueños de casas cunas o padres de familia se prestan al tráfico y trata de personas", dijo a IPS el funcionario José Maldonado, auxiliar regional de la Procuraduría de Derechos Humanos en Coatepeque, en el vecino departamento de Quetzaltenango.
La gran cantidad de inmigrantes centroamericanos que confluyen en esos sitios en su ruta hacia Estados Unidos y sus muchas necesidades económicas propician estas actividades ilegales, según la Procuraduría.
Por ello es común la explotación sexual de niñas y adolescentes, principalmente guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas en esa región.
"Por la gran cantidad de personas que comercian en contra de la integridad de los niños y niñas, no se ha podido contrarrestar", dijo Maldonado.
Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina, con la mitad de su población en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según las Naciones Unidas.
Niños y niñas guatemaltecas también son víctimas de trata en ciudades fronterizas del sudeste mexicano, denunció el mes pasado el vicecónsul de Guatemala, Estuardo Figueroa, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas.
En una reunión del Departamento de Derechos Humanos de la alcaldía de Tapachula, destinada a buscar formas de rescatar a los menores explotados, el diplomático guatemalteco dijo que los niños son comprados en las zonas fronterizas de los dos países para explotarlos laboralmente en el estado mexicano de Chiapas.
Figueroa explicó que en las calles de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, se puede observar a los niños trabajando en la venta de dulces, lustrando calzados, limpiando vidrios de vehículos o disfrazados como payasos.
El Noveno Informe Anual sobre la Trata de Personas publicado en junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyó a Guatemala en la Lista de Vigilancia de la Fila 2, "por su fracaso en evidenciar crecientes esfuerzos para combatir la trata de personas, particularmente en la asistencia adecuada a las víctimas y asegurar que los tratantes, incluso los funcionarios públicos corruptos, sean procesados y sentenciados".
Esta categoría es la tercera peor en las cuatro que utiliza la cancillería de Estados Unidos para calificar a los países según el cumplimiento de sus propias normas contra la trata de personas.
Países como Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá fueron ubicados en la Fila 2, pues si bien no hacen todo lo necesario para combatir estos delitos, han ejecutado mejoras encomiables.
Mientras Nicaragua, Argentina, República Dominicana y Venezuela están, como Guatemala, en la Lista de Vigilancia de la Fila 2, dado que han emprendido esfuerzos pero a la vez reportan un alto número de víctimas de trata.
El informe estadounidense hace mención del incipiente turismo sexual infantil en ciertas áreas turísticas guatemaltecas, en especial la ciudad de Antigua y la capital, así como la trata de hombres, mujeres y niños para trabajos agrícolas, entre otros señalamientos.
A su vez, recomienda implementar y hacer cumplir la nueva ley, ampliar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos y condenar y sentenciar a los tratantes, incluso a los funcionarios públicos que sean cómplices.
María Eugenia Villarreal, directora en Guatemala de la red internacional contra la prostitución infantil Ecpat (por sus siglas en inglés) dijo a IPS que su mayor preocupación es la protección de los niños y adolescentes y la persecución penal de los tratantes.
"Existen muchos problemas para la aplicación de justicia. Aunque la ley es nueva deberíamos tener muchas más sentencias. Además, vemos una gran debilidad en la investigación penal y por parte de los jueces para tipificar el crimen como trata", señaló.
Sandra Gularte, coordinadora de trata de la oficina del ombudsman, dijo a IPS que este país ahora cuenta con la ley más avanzada de América Central.
Este año, el ombudsman recibió 41 denuncias entre enero y septiembre, mientras en 2008 tuvo 23 en todo el año, lo que a su juicio no es representativo de un aumento.
Sin embargo, "hay más vulnerabilidad por la crisis económica, la cual provocará que más guatemaltecos intenten ir a otros países y caigan en las redes criminales", aclaró.
La información es fundamental, ya que muchas personas desconocen qué es la trata y por lo tanto no la pueden denunciar, además de que, por razones históricas, hemos sido explotados, según la defensora.
Pero para Gularte lo crucial es fortalecer el Ministerio Público (fiscalía) y la policía. "Ahora la fiscalía tiene solo 10 agentes para todo el país, no tienen teléfono y apenas cuentan con tres o cuatro computadoras", mientras "la policía no tiene capacidad para atender el problema a nivel nacional", señaló.
