Un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a los gobiernos a traducir sus promesas en acciones y a respetar el derecho de las comunidades indígenas a vivir como deseen.
"Los pueblos indígenas están sufriendo en todos lados", dijo James Anaya, reportero especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos de los pueblos aborígenes, al hablar el lunes en conferencia de prensa tras presentar un completo informe al Tercer Comité de la Asamblea General.
Anaya, de ascendencia apache y profesor de leyes en las universidades estadounidenses de Harvard y Arizona, dijo que muchos gobiernos no han cumplido los principios establecidos en la histórica no vinculanteDeclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Adoptada por la Asamblea General de la ONU por voto mayoritario en 2007, la Declaración reconoce el derecho de los pueblos aborígenes a la autodeterminación en todas las esferas de la vida, incluyendo el desarrollo económico y social, la cultura, la religión y el idioma.
"Los estados deben actuar", dijo Anaya, quien acaba de regresar de una visita a las poblaciones aborígenes de Rusia. Desde que comenzó su mandato en marzo de 2008, ha visitado Australia, Brasil, Botswana, Chile, Colombia, Nepal y Perú.
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Al reflexionar sobre sus viajes, el experto sostuvo que los problemas que afrontan los pueblos indígenas eran de "naturaleza sistemática", porque la dominación colonial ha persistido por "por siglos". El informe del reportero especial muestra que a lo largo del año pasado hubo numerosos casos en que comunidades aborígenes fueron víctimas de violencia, desplazamiento y aislamiento. También expresa preocupación por la situación en Perú y Panamá.
Defensores de los derechos humanos en la región de la Amazonia han repetidamente condenado al gobierno peruano por usar la fuerza contra tribus indígenas que se oponen a la invasión de sus tierras por motivos comerciales.
Los gobiernos a veces permiten el uso comercial de tierras indígenas arguyendo que generará empleos y contribuirá al desarrollo.
Sin embargo, la Declaración de la ONU es muy clara al respecto, y requiere el "consentimiento libre, previo e informado" de las poblaciones aborígenes para cualquier actividad con fines comerciales en sus territorios tradicionales.
El informe también plantea preocupación por la situación en Panamá, donde las autoridades construyen una gran represa en territorio indígena, cerca del río Changuinola.
Las poblaciones indígenas afirman que nunca se les pidió permiso para las obras, que consideran catastróficas para sus vidas.
Según Anaya, en muchos países hay una "desconexión" entre los derechos de los aborígenes y las prioridades del Estado para el desarrollo. Esta brecha debe ser cerrada, sostuvo.
El reportero especial indicó que algunos países avanzaban en la dirección correcta, llevando sus leyes nacionales en línea con los principios establecidos en la Declaración, pero añadió que hay "mucho por hacer".
En este contexto, destacó que Chile es un país que va "en la senda correcta". Los indígenas chilenos aún tiene problemas, pero el gobierno ha mostrado disposición a incluirlos en las discusiones para las reformas constitucionales, subrayó.
El reportero especial instó a los miembros de la ONU a adoptar una amplia gama de medidas para involucrar a varias instituciones en la administración pública y en la elaboración de leyes. "Es un proceso que requiere una participación política plena y un compromiso financiero", indicó Anaya.
Entre las principales potencias económicas, Estados Unidos y Canadá han votado en contra de la histórica Declaración de la ONU, arguyendo que algunas partes de ésta socavan la soberanía del Estado.
Ambas naciones se oponen fuertemente al principio del respeto de los recursos naturales en manos de poblaciones aborígenes, así como al de "consentimiento informado" de estas para el uso de la tierras tradicionales. No obstante, recientemente, con la asunción del gobierno de Barack Obama, Estados Unidos ha mostrado disposición a firmar la Declaración.
A pesar de sus críticas, Anaya reconoció que, en muchos países, la toma de conciencia sobre los derechos de los pueblos y su vínculo con el movimiento ambientalista mundial va en aumento. "Hace unos 20 años, no había protección legal para los pueblos indígenas. Pero ahora es diferente", sostuvo.
El reportero especial elogió a Noruega por incluir a representantes aborígenes en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles, y llamó a otros países a hacer lo mismo. "Los estados deberían incluir a delegados indígenas en las conversaciones internacionales", añadió.
Cifras de la ONU indican que hay más de 370 millones de indígenas en el mundo. Científicos afirman que su papel en la lucha contra el cambio climático y por la preservación de la biodiversidad es clave, porque habitan próximos a la naturaleza.
Aunque activistas indígenas han participado en grandes conferencias de la ONU por más de una década, nunca han tenido voz en las discusiones oficiales sobre cambio climático y biodiversidad.
En respuesta a una pregunta, el reportero especial se mostró partidario de que los representantes indígenas no estén más a los márgenes de las cumbres y encuentros internacionales, como la conferencia sobre cambio climático prevista para diciembre en Copenhague.
"El sistema de la ONU debe ser sensibilizado", concluyó Anaya.
