La misión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó este jueves su segunda visita a Honduras con modestos resultados para impulsar un acuerdo que ponga fin a la crisis generada por el golpe de Estado del 28 de junio.
Presidida por su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, la delegación llegó el miércoles a Tegucigalpa y participó en la instalación pública de la mesa de diálogo entre tres representantes del depuesto presidente Manuel Zelaya y otros tantos del usurpador del cargo, Roberto Micheletti, que sin embargo venían conversando desde la semana pasada.
Luego, los diplomáticos se reunieron en privado con los miembros de la mesa de diálogo, sostuvieron un tenso encuentro con Micheletti en la casa de gobierno, una conversación con Zelaya en la embajada de Brasil y una cena con los candidatos presidenciales para las elecciones generales del 29 de noviembre.
En un comunicado, los cancilleres informaron que los miembros de la mesa de diálogo indicaron que se estableció una coordinación alterna y sucesiva de las reuniones y se pidió a la OEA apoyo de secretaría y logística.
La mesa de diálogo acordó una agenda de trabajo con tres puntos: firma del Acuerdo de San José, la propuesta de solución planteada por el presidente costarricense Óscar Arias; constitución de comisiones de trabajo para discutir ajustes y actualizaciones de cada uno de los 12 puntos de esa iniciativa y su calendario de aplicación; y presentación y diseño de un método para lograr un pacto político y social para impulsar el desarrollo del país.
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La propuesta de Arias contiene como puntos centrales el retorno de Zelaya a su cargo de presidente y su abandono expreso de cualquier intento de reformar la Constitución.
Los cancilleres subrayaron que, en aras de un rápido avance del diálogo, se deben restablecer y mantener las garantías constitucionales, reabrir los medios de comunicación cerrados (Radio Globo y Canal 36) y permitir el normal acceso de los delegados de Zelaya a la embajada brasileña, donde permanece refugiado desde que regresó al país el 21 de septiembre.
Los diplomáticos también demandaron una solución para el cerco impuesto a la embajada de Brasil, que respete la dignidad presidencial de Zelaya y las condiciones de vida de más de 60 personas que permanecen allí soportando escasez de alimentos, higiene y otros servicios, además de un rígido control de seguridad a cargo de 100 policías y 350 soldados.
El secretario general de la OEA fue comisionado para informar a la Asamblea Permanente del foro hemisférico sobre el cumplimiento o no de estas condiciones y sobre el avance del diálogo.
La delegación de la OEA estuvo conformada por los ministros de Relaciones Exteriores Peter Kent, de Canadá, Bruno Stagno, de Costa Rica, Fander Falconí, de Ecuador, Hugo Martínez, de El Salvador, Haroldo Rodas, de Guatemala, Ronald Robinson, de Jamaica, y Patricia Espinoza, de México, los vicecancilleres José Manuel Trullols, de República Dominicana, y Melitón Arrocha, de Panamá, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon.
También tomaron parte de la misión los representantes permanentes ante la OEA Rodolfo Gil, de Argentina, y Ruy de Lima Casaes e Silva, de Brasil, y el subsecretario español de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.
La cordialidad inicial en la conversación entre los diplomáticos de la OEA y Micheletti se perdió cuando los embajadores Gil y Casaes e Silva demandaron la inmediata restitución de Zelaya para volver a la normalidad institucional.
"Quiero hablarle a su corazón, ya que usted dice que es un hombre creyente de Dios, nuestro señor. No venimos a opinar o interpretar los asuntos internos de Honduras, pero de continuar esta situación, sin el restablecimiento en el cargo del presidente Zelaya, su país corre el peligro que la comunidad internacional no reconozca el resultado electoral y continúe el sufrimiento político, financiero, comercial y el sacrificio de los sueños de los hondureños", dijo Gil.
"Son bonitas sus palabras", respondió Micheletti. "Pero el secretario general Insulza dice una cosa y hace otra, ya que convenimos en dialogar sobre un arreglo, pero ahora nos vienen con que hay que restituir a ese señor (Zelaya)". Es la Corte Suprema de Justicia la que decidirá si perdona o no los delitos del ex presidente, y el Congreso Nacional legislativo si aprueba la amnistía para los delitos políticos, agregó.
"He dicho claramente que un arreglo del conflicto solo es viable dentro de la Constitución y las otras leyes. No me pidan que viole la carta magna que, pese a las críticas del presidente Arias de Costa Rica, es la Constitución que más tiempo ha durado en el país, lleva 27 años garantizando la democracia y la convivencia armónica de los hondureños", dijo el presidente de facto.
Con todo, Micheletti reconoció que la expulsión de Zelaya del país, ejecutada en la madrugada del 28 de junio, fue "un error cometido por los militares", ya que la orden de la Corte Suprema de Justicia establecía sólo su detención para que compareciera ante los tribunales a responder por cargos de abuso de autoridad.
La acusación se refería al intento del mandatario de celebrar una consulta informal a la ciudadanía sobre su deseo de convocar una asamblea constituyente, extremo vedado por la carta magna.
En su comunicado, los cancilleres expresaron su esperanza de un acuerdo para poner fin al conflicto y exhortaron a los negociadores a asumir con responsabilidad la delicada tarea encomendada y a todos los actores políticos y sociales a respetar los derechos humanos para garantizar un ambiente de paz y reconciliación.
Los emisarios de Zelaya a la mesa de diálogo son sus ex ministros Víctor Meza, de Gobernación (Interior), y Mayra Mejía, del Trabajo, y el sindicalista Juan Barahona, del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR o "la resistencia").
La delegación del gobierno de facto está conformada por la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, el ex candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana, Arturo Corrales, y el ex ministro de la Presidencia, Armando Aguilar.
Para Barahona, las pláticas están en "un punto muerto, ya que no hemos avanzado en nada". El FRN mantiene como innegociables los puntos relativos a la restitución de Zelaya en la Presidencia y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
En voz alta, Barahona advirtió que si Zelaya firma el Acuerdo de San José, aceptando su renuncia a reformar la Constitución, "al día siguiente de su restitución nos tendrá luchando en las calles para lograr este objetivo".
El dirigente sindical sostuvo que se fijó un plazo que vence el 15 de octubre para que Zelaya vuelva a su cargo. "Después de esa fecha… No sabemos qué va a pasar en el país", agregó en tono pesimista.
En cambio, el ex ministro Meza se mostró satisfecho con los resultados, ya que se logró consensuar una agenda pese al clima de crispación. "El primer punto del Acuerdo de San José es la restitución del presidente Zelaya, si no se logra tenemos que cruzar el puente al llegar al río", comentó.
Meza dijo que no creía en las afirmaciones públicas de Micheletti, que sigue insistiendo en que es imposible la restitución de Zelaya, "pero sí en lo que hace en privado, al nombrar a sus delegados a la mesa de diálogo".
El delegado de Micheletti, Arturo Corrales, sostuvo que "los hondureños somos buenos anfitriones, pero las reglas de nuestra casa las ponemos nosotros". Y comentó las afirmaciones de Barahona indicando que "a los problemas se entra por intransigencia o audacia, pero sólo se sale con talento".
Mientras los diplomáticos salían del hotel hacia el aeropuerto, unos 300 miembros de la resistencia llegaron hasta allí para una "demostración pacífica destinada a que los cancilleres se den cuenta que el pueblo hondureño exige la restitución de Zelaya y una Asamblea Nacional Constituyente".
Este jueves, la policía y el ejército disolvieron con gases lacrimógenos una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos que luego se desplazó hacia el bulevar frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde permaneció bloqueando el tránsito por dos horas, sin intervención de las autoridades.
Según fuentes diplomáticas cercanas a la delegación de cancilleres, la OEA aguardará hasta la próxima semana la evolución de las conversaciones, ya que el margen de tiempo se agota por la cercanía del proceso electoral.
Para Micheletti, la solución a la crisis está en los comicios, pero la comunidad internacional insiste en que eso sólo se conseguirá revirtiendo los efectos del golpe y permitiendo que Zelaya gobierne hasta que concluya su mandato, el 27 de enero, y se instale un nuevo gobierno elegido en las urnas.
