Cada vez sometida a más presión, y 10 días después de la violenta represión a una protesta opositora en la que murieron 157 civiles, la dictadura militar de Guinea anunció la creación de una comisión independiente para investigar esas muertes.
La junta presidida por el capitán Moussa Dadis Camara continúa insistiendo en que hubo solamente 57 fallecidos, la mayoría a raíz de una estampida, contradiciendo la versión de defensores de los derechos humanos y apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
La comisión investigadora tendrá 31 miembros, entre los que figurarán miembros del Poder Judicial y representantes de la sociedad civil, informó el dictador, quien ocupa la jefatura de Estado desde el golpe que encabezó en diciembre pasado.
El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, intentó mediar entre el régimen guineano y los partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil reunidas en el opositor Foro de Fuerzas Vivas. Pero esta coalición exige la renuncia de Camara y la disolución de la junta como condición para negociar.
La manifestación reprimida por las fuerzas armadas en el estadio de Conakry el 28 de septiembre, a la que asistieron 50.000 personas, había sido convocada por el Foro en rechazo de la candidatura presidencial de Camara en las elecciones programadas para enero próximo.
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Testigos aseguraron que soldados con armas automáticas, machetes y cuchillos atacaron a los manifestantes concentrados en el estadio, incluso disparando contra la multitud.
También se informó sobre pandillas que en la ocasión violaron mujeres a plena luz del día, y de soldados que violaron a opositores con armas, palos y otros implementos.
"Nos dispararon como si fuéramos animales. Cuando me dijeron que estaban violando mujeres, intenté ocultarme entre la multitud para salvarme", dijo a la prensa desde Dakar la activista Mariama Sy Diallo, quien afirmó haber sido perseguida y golpeada por soldados en el estadio.
"Mientras estas personas permanezcan en el poder no regresaré a Guinea", dijo Sy Diallo, quien se trasladó a la capital de Senegal para recibir tratamiento médico por las heridas que sufrió.
La policía también reprimió, con gases lacrimógenos y disparos al aire, a quienes acudieron el día 2 a la principal mezquita de Conakry para retirar los cuerpos de las víctimas de la violencia en el estadio capitalino.
La ceremonia se tornó tensa protesta cuando muchos familiares advirtieron que los cadáveres no les serían entregados.
"Quienes dicen que hubo 157 muertes deberán mostrarnos los 100 cuerpos que faltan. El director del Hospital Ignace Deen contó 57. Así que no comprendo por qué continúan los rumores sobre tumbas masivas", dijo el ministro de Ambiente, Papa Koly Kourouma, estrecho colaborador de Camara.
Voceros de la oposición aseguran que hubo inhumaciones clandestinas en fosas comunes.
"La evidencia oficial que hemos recabado indica que los soldados fueron a los hospitales para retirar cuerpos y enviarlos a destinos desconocidos", dijo a IPS el presidente de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos de Guinea, Thierno Maadjou Sow.
Mientras, Camara informó que carece de control total sobre el ejército, lo que preocupa a observadores. Algunos creen que la investigación sólo puede ser realizada por una comisión internacional cuya autoridad acepte la junta.
"La masacre, dada su gran escala y su brutalidad, sólo puede ser juzgada por un tribunal penal internacional. Los jueces de Guinea carecen de los recursos humanos y materiales para encargarse del asunto", declaró a IPS Youssouf Sylla, experto en derecho humanitario radicado en Conakry.
Sylla recordó que tampoco hubo una "investigación adecuada" tras la represión a varias manifestaciones en enero y febrero de 2007, que derivó en la muerte de al menos 130 personas, según cifras oficiales.
"La masacre del 28 de septiembre ocurrió porque las autoridades le restaron importancia" a lo que sucedió hace dos años, estimó. "¿Qué amenaza supone una multitud desarmada en un área cercada?"
El cientista político Madani Dia dijo a IPS: "Temo por el futuro de este país. Si queremos que se termine la impunidad, debemos reducir considerablemente la influencia del ejército en los asuntos de Estado."
Por ahora, la oposición tiene limitada su capacidad de acción, dijo a IPS Gilles Yabi, ex analista del International Crisis Group, centro de investigaciones con sede en Bruselas.
"El ejército seguirá siendo una amenaza para los civiles durante un tiempo. Por ahora habrá que vivir con esto y que crear gradualmente las condiciones para una reforma radical", opinó.
"La ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y otras instituciones internacionales están haciendo todo lo posible por aislar a la junta. Considero necesario enviar una fuerza internacional de intervención para aliviar la sensación de omnipotencia de los asesinos", añadió.
Acorralado por la presión internacional, la junta ha propuesto establecer un gobierno de unidad con el concurso de varios partidos, pero la oposición rechazó categóricamente la iniciativa. "No estamos interesados en tender una cortina de humo. El capitán Camara perdió toda credibilidad ante el pueblo al que masacró", dijo Mouctar Diallo, dirigente opositor que también fue golpeado por fuerzas de seguridad en el estadio de Conakry.
