Empresas propiedad de blancos de Sudáfrica podrían comenzar a beneficiarse más de la «black economic empowerment» (BEE), política de discriminación positiva a favor de los negros y otras comunidades perjudicadas por el apartheid.
En sus 10 años de vigencia, entre los beneficiados de la BEE figuraron empresarios como Patrice Motsepe, Cyril Ramaphosa y Tokio Sexwale, que gozaban de estrechos vínculos políticos con el movimiento que logró en 1994 el fin del apartheid, el régimen de segregación racial institucional en perjuicio de la mayoría negra.
Las nuevas regulaciones, en etapa de elaboración en el ámbito de la presidencia, adecuan las leyes sobre compras estatales con la BEE y abren más espacio a la competencia, pero podrían, inadvertidamente, hacerle más difícil a las pequeñas empresas propiedad de negros beneficiarse de contratos con el Estado.
El gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) promovió el establecimiento por ley, en 2003, de la BEE para atender las inequidades raciales que promovió el apartheid y, antes, las políticas segregacionistas de la era colonial.
"Antes, para obtener preferencias en los contratos con el Estado, las empresas debían tener un accionista o director negro. Con las nuevas regulaciones, se atenderá más que la propiedad", explicó el investigador Steven Hawes, de la agencia calificadora Empowerdex.
[related_articles]
Coincidentemente con la Ley de Marco Político de Compras Preferenciales, aprobada en 2000, el gobierno sudafricano aplicó una calificación de empresas por puntos para sistematizar la asignación de contrataciones.
Así, por ejemplo, entre 10 y 20 de los 100 puntos fijados como máximo (dependiendo de la magnitud del contrato) correspondían a la participación en la propiedad de la firma de negros, mulatos, chinos e hindúes, las comunidades étnicas postergadas por el apartheid, así como de mujeres.
Las regulaciones hoy a debate en el gobierno cambian el cálculo del puntaje: los entre 10 y 20 puntos se basarán sobre consideraciones más amplios representadas por siete criterios, uno solo de los cuales es la propiedad de las empresas.
"Técnicamente", una empresa que no cuenta entre sus propietarios con personas de comunidades históricamente postergadas "pero que es fuerte en otros" criterios de la BEE "puede ganarle a otra" que basa su ventaja sólo sobre la propiedad, por lo que el cambio es "bueno", según el abogado y consultor Kevin Lester.
Pero a Lester también le preocupa que los cambios dificulten, sin que sea ése el objetivo, la competencia a las compañías propiedad de negros, pues encarecerían los requisitos.
A las microempresas de propiedad de negros con una facturación anual inferior a 645.000 dólares se las considera automáticamente 100 por ciento adaptadas a los requisitos de la BEE. Pero las empresas con una facturación superior deben someterse a mecanismos de verificación adicionales.
A Lester le preocupa que a algunas de esas firmas ese proceso de verificación pueda resultarles oneroso.
"Cumplir con otros elementos no es algo que pueda hacerse gratis. A menos que tu empresa sea pequeña, debes someterla a un proceso de verificación muy similar a una auditoría", indicó Hawes.
El gobierno sudafricano prevé gastar 104.000 millones de dólares en infraestructura pública en los próximos tres años, de acuerdo con el presupuesto del estado.
"Los empresarios negros están furiosos. Rechazan, lisa y llanamente, la propuesta, porque sus empresas no tienen incentivos para hacer nada", dijo el flamante director general de Trabajo del gobierno, Jimmy Manyi, también ex presidente del Foro de Gerentes Negros.
Manyi preferiría que el gobierno reservara parte de los proyectos a licitar por parte del gobierno a empresas propiedad de negros. "Obviamente, deben cumplir con el criterio de funcionalidad, es decir, se debe dar oportunidades a quienes tienen la capacidad necesaria o puedan alcanzarla", explicó.
La Constitución sudafricana impone la creación de un sistema de compras del gobierno justo y transparente que, al mismo tiempo, le dé preferencia a quienes resultaron postergados por normas discriminatorias del pasado.
Pero las cláusulas constitucionales al respecto no especifican que esa discriminación deba ser exclusivamente racial, por lo que también podría referirse a mujeres, discapacitados o integrantes de otros sectores postergados de la sociedad.
Lester asegura conocer casos compañías en las cuales se registró el pasaje de las acciones de sus propietarios originales a sus esposas, con el objetivo de aprovecharse de esas normas.
"Los abusos son una de las razones posibles por las que la BEE se convirtió en un asunto tan notorio", comentó.
El Departamento del Tesoro informó al parlamento, al entregarle su borrador de regulación, que el cambio de sistema pretendía eliminar inconsistencias y mejorar la transparencia, minimizando la posibilidad de que las firmas designaran negros en altos puestos sólo para cumplir con los criterios de la BEE.
La Auditoría General de Sudáfrica reveló en agosto que existe un generalizado abuso por parte de funcionarios públicos que traficaban influencias para mejorar la posición de empresas privadas en los contratos con el Estado.
Pero Manyi cree que los cambios en la BEE no se relacionan con ese informe.
"La corrupción es un problema independiente y puede ocurrir en cualquier parte. Nadie la aprueba, pero de lo que se trata ahora es de conciliar la política de compras con la BEE", dijo.
