El nuevo presupuesto nacional a estudio del parlamento de México, que incluye alzas impositivas, mantendrá la recaudación tributaria, pero no alcanzará para reavivar la alicaída economía.
El presupuesto 2009-2010 estipula un incremento a los impuestos al Valor Agregado (IVA) de 15 a 16 por ciento, Sobre la Renta (ISR) de 28 a 30 por ciento, a los cigarrillos, cerveza y otras bebidas alcohólicas y a los depósitos bancarios en efectivo de dos a tres por ciento, y un nuevo gravamen para la telefonía móvil, al servicio de televisión por abonados e Internet de tres por ciento.
"El paquete fiscal no reactivará la economía y sólo servirá para cubrir el boquete fiscal. Los legisladores son de la idea de que un programa de expansión del gasto público hubiera sido demasiado costoso", dijo a IPS el analista económico Edgar Amador.
Los integrantes de la comisión legislativa de Hacienda deliberaron a comienzos de esta semana para aprobar los dictámenes del proyecto presupuestario que se centra en gravar el consumo. Los representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) se unieron para avalar la propuesta.
Mientras, los legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron la aprobación de los dictámenes. Incluso, los del también izquierdista Partido del Trabajo ocuparon el martes la tribuna principal de la sede legislativa en señal de protesta.
Así, el gobierno del conservador Felipe Calderón sufrió el rechazo a su propuesta de aprobar un impuesto contra la pobreza, de dos por ciento a bienes y servicios, con excepción de alimentos y medicinas, que suscitó el rechazo generalizado de académicos, empresarios y sindicatos.
El PRI ha repetido, hasta convertirlo en un mantra, que el PAN debe asumir el costo político de la nueva estrategia fiscal.
Pero la aprobación del presupuesto nacional dividió a la bancada priísta, pues algunos de sus miembros consideran que las nuevas cuentas pueden perjudicarles políticamente.
El interés real del PRI, que gobernó este país ininterrumpidamente durante siete décadas hasta 2000, es que los gobernadores pertenecientes a esa agrupación a cargo de la mitad de los 32 estados en que se divide el país, cuenten con recursos financieros para mantener el poder en esos territorios y abonar el terreno para las elecciones presidenciales de 2012.
"Consideramos que éste es un paso correcto que nos va a permitir salvaguardar las finanzas públicas del Estado y continuar el debate en materia de impuestos al consumo", dijo este martes a la prensa mexicana el diputado Mario Becerra, presidente de la Comisión legislativa de Hacienda.
México cuenta con una base tributaria compuesta por unos 24 millones de contribuyentes, aunque la población económicamente activa (PEA) es de 46 millones de personas. Mientras, su carga tributaria no supera 11 por ciento del producto interno bruto (PIB), una de las más bajas de América Latina.
A partir de 2012, la tasa del ISR bajará a 29 por ciento y volverá a 28 por ciento en 2013.
"El consumo está deprimido y el paquete fiscal lo va a deprimir más. Lo que nos puede sacar de la crisis es el consumo", apuntó Amador.
Los empresarios ya expresaron su rechazo al plan que del Legislativo pasará al Senado para su votación y luego volverá a la Cámara de Diputados para su sello final. En noviembre, el presupuesto debe estar aprobado.
La economía mexicana se desplomará este año entre siete y ocho por ciento, en lo que se calcula será el peor rendimiento de la región, según analistas y organismos multilaterales. En 2010, crecería entre dos y tres por ciento, una tasa insuficiente para las necesidades económicas y sociales del país.
El gobierno necesita cubrir un déficit de unos 23.000 millones de dólares estimado para el año próximo. Para ello, Calderón planteó en septiembre varias medidas, entre ellas la desaparición de las secretarías (ministerios) de Función Pública la contraloría-, de Reforma Agraria y de Turismo.
Las medidas esbozadas por el Poder Ejecutivo incluyen también una reducción de altos cargos de gobierno, la disminución de 10 por ciento de los salarios de mandos medios de la administración pública y el congelamiento de lo que reciben los superiores.
Las nuevas acciones redundarían en el ahorro de unos 13.000 millones de dólares. Este año ya se registró un recorte de aproximadamente 4.000 millones de dólares. El nuevo presupuesto estima un déficit fiscal de 0,75 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el periodo.
El proyecto de presupuesto nacional en manos del parlamento "no cumple con ningún propósito estructural y no promueve la inversión, pues es totalmente recaudatoria y realmente está fortaleciendo a lo informal", dijo este martes a la prensa el presidente de la privada Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger.
Para los analistas, detrás de la decisión de estos cambios fiscales yace el interés por mantener la calificación estable de los bonos soberanos de deuda emitidos por México, que redunda en la atracción de inversión extranjera y la contratación de créditos a bajo precio.
"El problema de elevar el IVA a 16 por ciento, en lugar de aplicar el gravamen contra la pobreza, es que el primero se mantendrá como un queso gruyere por todas sus exenciones y tasas cero que lo han convertido en un impuesto ineficiente", escribió esta semana en el periódico local El Universal la columnista Maricarmen Cortés.
