Aún a riesgo de resultar impopular, el presidente de Cuba, Raúl Castro, intenta liberar al Estado del exceso de subsidios y gratuidades, como parte de un programa que busca ajustar el gasto público a los menguados ingresos financieros fiscales.
Para analistas, el tema resulta delicado en extremo porque impacta directamente sobre políticas sociales ya afectadas por las dificultades económicas y financieras de Cuba. Al parecer, ello explica la búsqueda de consenso a través de nuevos debates populares y la publicación de correspondencia de lectores sobre este asunto en la prensa oficial.
El gobernante cubano viene insistiendo en sus discursos en que "nadie, ni un individuo ni un país, puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa" y las gratuidades deben limitarse a asegurar a todos los ciudadanos por igual cuestiones vitales como la educación, salud y seguridad social.
Castro no deja de alertar que para mantener tales garantías se requerirá producir más e incrementar los ingresos al presupuesto nacional. "Por eso se busca el "aterrizaje" de la gente, que se entienda que en cada cual radica una parte importante de la solución de los problemas que afronta el país", comentó un antiguo militante del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El necesario ajuste de los gastos a las "posibilidades reales" del Estado figura entre los puntos sobre los cuales se llamó a reflexionar, en un proceso similar al convocado en 2007 en torno al discurso de Raúl Castro el 26 de julio de ese año, con participación de unos tres millones de personas.
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En estas reuniones de ahora, que comenzaron en septiembre y se extendieron hasta este mes, se pretende que "la población se mire hacia adentro, hacia su entorno más inmediato, a partir de las ideas centrales de Raúl en sus intervenciones del pasado 26 de julio en la oriental ciudad de Holguín y, días después, ante la Asamblea Nacional (parlamento)", explicó la fuente.
El gobierno espera que de esas asambleas de reflexión e identificación de los problemas existentes en cada centro de trabajo o de estudio surjan además propuestas concretas para solucionarlos con la participación de todos, agregó el militante del gobernante PCC que no quiso ser identificado.
Aunque en materia de eliminación de subsidios las autoridades no esperaron iniciativas. A fines de 2008, una de las primeras medidas fue suprimir los planes vacacionales y otras garantías que a "precios altamente subsidiados" se ofrecían a trabajadores vanguardias y dirigentes.
El gasto anual por ese concepto era de unos 60 millones de dólares. "Subsidiado y todo, me costaba el equivalente de tres salarios mensuales una semana en playa con mi familia. No era un regalo y ahorraba todo el año para ese descanso", comentó a IPS una mujer con responsabilidades directivas en una empresa estatal, que no ocultó su malestar.
Precedida de rumores y versiones de todo tipo, este mes arrancó la decisión de cerrar los comedores obreros en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, Comercio Interior, y Economía y Planificación. El plan se inició de modo "experimental", con la idea de generalizarlo gradualmente a todo el país.
A cambio, cada trabajador podrá recibir 15 pesos diarios (algo más de medio dólar) como estipendio alimenticio. Según los cálculos oficiales, más de 3,5 millones de personas acuden por cada jornada laboral a los 24.700 comedores obreros de todo el país, cuyo gasto supera los 350 millones de dólares.
Según el diario Granma, vocero del PCC, esa cifra sólo incluye cuatro productos, que son arroz, granos (frijoles o guisantes secos), cárnicos y aceite, y no abarca los "cuantiosos gastos de otros alimentos, combustible, electricidad y mantenimiento de los locales" destinados a las comidas del personal.
"A nosotros no nos han quitado el comedor todavía, pero al almuerzo nos dan cada día menos", aseguró un obrero especializado en forja de metales que labora en el mantenimiento de equipos de un centro universitario. "Y ahora dicen que van a quitar la libreta (de abastecimiento racionado), añadió.
Ese sistema de distribución vigente desde 1962 tuvo sus momentos en que aseguró el abasto equitativo de alimentos a toda familia cubana, hasta que el impacto de la crisis económica de los años 90 redujo sus ofertas al mínimo. Se estima que actualmente no garantiza las necesidades de una persona por más de 12 días al mes.
Aún así, su eventual eliminación es motivo de preocupación para muchas personas. "La noticia cayó como un balde agua fría en la mayoría de las familias con las que yo trabajo. Creen que no habrá oferta suficiente para satisfacer la demanda que se crearía y temen el acaparamiento", dijo la trabajadora social Celia Díaz.
"Muchos temen que las colas (filas) para comprarlos serían interminables, lo cual aumentaría la zozobra en los hogares donde las mujeres se levantan todos los días pensando qué cocinarán por la noche, indicó Díaz, mientras que Miguel Alcántara, de 28 años, vaticinó que una medida así disgustaría a mucha gente.
Según estudios de varios especialistas, las familias cubanas destinan entre 60 y 70 por ciento de sus gastos a la alimentación, pues para complementar sus necesidades deben acudir a otros espacios de mercado, donde prevalecen altos precios. "Eliminar de manera abrupta el subsidio a los alimentos agravaría esta situación", dijo un investigador.
Las importaciones en alimentos para abastecer todos los segmentos de mercado interno, incluido el de divisas libremente convertibles, rondaron los 2.500 millones de dólares en 2008, una factura que el gobierno intenta disminuir. El Estado subsidia todos los productos de la canasta básica racionada para ofrecerlos a precios muy bajos.
Una fuente cercana a la Oficina de Registro de Consumidores (antigua Oficina de Control de Abastecimientos) del Ministerio de Comercio Interior, admitió a IPS que desde hace años se habla de abandonar ese sistema y, en vez de "subsidiar productos, pasar a subsidiar personas", pero no se ha avanzado en el asunto.
Creo que esto de eliminar la libreta responde "más a ilusiones que a otra cosa", sostuvo, respecto de las versiones actuales sobre su eventual eliminación. Coincidió, sin embargo, con la tesis de que se debe subsidiar personas y añadió que la libreta de abastecimiento normado debería ser individual en vez de familiar, como hasta ahora.
En su opinión, cualquier variante requiere previamente un censo para determinar ingresos y necesidades de recibir subsidio estatal, lo cual llevaría a una actualización del registro de consumidores en que se involucre la situación laboral y, sobre todo, compruebe "la existencia física en el país" de la persona.
La libreta de abastecimiento tiene en cuenta a toda la población cubana de 11,2 millones, sin distinguir si el consumidor trabaja o no, donde lo hace, ni con qué recursos cuenta. Más de 3,9 millones de personas laboran en el sector estatal, y más de 1,4 millones son atendidas por la seguridad social.
Datos de 2008 de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que la población económicamente activa suma poco más de cinco millones de personas, lo cual significa entonces que casi 1,1 millones no trabajan o están vinculadas a actividades económicas no estatales.
En el sector académico existe bastante coincidencia en que la eliminación de los subsidios requiere necesariamente de un incremento de los ingresos reales de la población trabajadora, pensionada, o jubilada.
Pero no se puede elevar los salarios sin el incremento efectivo de la producción de bienes y servicios, contra el cual conspiran el atraso tecnológico en algunas ramas, la carencia de insumos necesarios para llevar determinadas actividades y el hecho de que el salario que se percibe en ocasiones no representa un estímulo para ser más productivos.
"Es un círculo vicioso que hay que romper a fin de aumentar poco a poco los ingresos de la población y, a la vez, ir eliminando los subsidios existentes, impidiendo que aquellos que nada aportan gocen de iguales beneficios que la población que crea la riqueza del país", dijo un economista consultado.
