Cada vez que un acusado de blasfemia es asesinado o maltratado en Pakistán, se intensifica el clamor por la derogación de las leyes que tipifican este delito.
Activistas esperan hace mucho tiempo que el Estado tome medidas concretas para erradicar la violencia contra comunidades religiosas minoritarias, cuyos miembros son los más afectados por estas leyes.
En 2000, el entonces presidente Pervez Musharraf (2001-2008) prometió revocarlas. "Se retractó cuando los mulás (clérigos islámicos) amenazaron con protestar", recordó Zohra Yusuf, vicepresidenta de la filial en la sudoriental provincia de Sindh de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
La muerte del cristiano Robert Fanish Masih, de 20 años, mientras se encontraba detenido, dio nuevo aliento a la campaña por la derogación de la blasfemia. Pero los líderes religiosos musulmanes no dan el brazo a torcer.
Masih fue arrestado el mes pasado acusado de blasfemia, luego que musulmanes arrasaron su aldea de Jaithikey, cerca de la frontera con India. Cuatro días después, el 15 de septiembre, lo hallaron muerto en su celda.
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Las autoridades aseguraron que se trató de un suicidio. Pero Asma Jahangir, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, acusó de la muerte a los policías que lo custodiaban.
La familia de Masih y los cristianos de Jaithikey fueron obligados a huir del área. También le prohibieron sepultarlo.
La activista Tahira Abdullah dijo que las multitudes esgrimen la ley para infligir ilegalmente daños a miembros de otras comunidades religiosas, por lo que actúan "como grupos vigilantes privados".
Un día después de la muerte de Masih, el gobernador de la oriental provincia de Punjab, Salman Taseer, llamó a revocar las leyes antiblasfemia.
Pero chocó con la advertencia del presidente de la conservadora Liga Musulmana de Pakistán (Quaid-e-Azam), Chaudhry Shujaat Hussain: su partido se resistiría a cualquier intento en ese sentido.
"El actual gobierno no tiene ninguna intención de revocar las leyes", dijo la activista Yusuf.
En declaraciones a IPS, el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos, I.A. Rehman, consideró probable que ni éste ni ningún otro gobierno "tenga el coraje" de derogar las normas.
El Movimiento Democrático de las Minorías de Pakistán, que tiene 51.500 afiliados en 47 distritos, recolectó desde julio 200.000 firmas para respaldar su campaña contra las leyes antiblasfemia, dijo el presidente del partido, Atif Jamil Paggan.
"Lo que esperamos obtener de nuestra presión es una política que inactive las leyes. Si no se las invoca durante algunos años o no arrojan los resultados que esperan los fanáticos, la revocación será posible", evaluó Rehman.
La muerte de Masih no fue producto de suicidio sino un "asesinato judicial", declaró la Comisión de Derechos Humanos.
En el mismo comunicado, la organización expresó preocupación en torno al "aumento de ataques contra minorías religiosas" y reclamó al gobierno "medidas para impedir esa violencia".
Las leyes de blasfemia fueron aprobadas por el dictador militar Mohammad Zia-ul-Haq (1978-1988) en 1986, en un intento por islamizar aun más este país donde apenas cuatro por ciento de los 170 millones de habitantes pertenecen a minorías religiosas.
Aunque no hubo ejecuciones, las multitudes han matado a varios acusados, usando estas leyes como justificativo para sus acciones.
Según la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que brinda asistencia legal a las víctimas de estas leyes, al menos 965 personas fueron acusadas entre 1986 y septiembre de este año: 481 musulmanes, 120 cristianos, 340 ahmadis, 14 hindúes y 10 personas de religión no identificada.
Además, unas 32 personas fueron asesinadas a manos de individuos o multitudes enardecidas, según la Comisión.
El 15 de septiembre, funcionarios carcelarios del distrito de Sialkot —a 125 kilómetros de Lahore, capital de Punjab— sostuvieron que Masih se había suicidado ahorcándose. Organizaciones de derechos humanos aseguraron, en cambio, que fue "torturado hasta la muerte" por guardias de la cárcel.
Tras las protestas públicas disparadas por la muerte de Masih, el gobierno suspendió al superintendente de la cárcel. Pero tal acción no sirvió para calmar los ánimos.
La organización estadounidense sin fines de lucro Advocates International urgió a Pakistán a "poner fin a la impunidad ilegal, a la brutalidad policial y a las persecuciones religiosas causadas por sus leyes de blasfemia".
Según esa entidad, las fotografías tomadas a Masih en la morgue muestran claras señales de tortura, y ninguna de estrangulamiento, como sostuvo la policía.
"Estamos investigando la causa de su muerte, dado que hay señales de tortura en su cuerpo", dijo telefónicamente a IPS el ministro para Asuntos de las Minorías, Shahbaz Bhatti, desde Islamabad.
Su muerte fue "muy brutal, trágica y altamente condenable", dijo, dando a entender que él también creía que Masih fue asesinado.
La muerte de Masih se produjo luego de dos violentos ataques contra comunidades cristianas de las aldeas de Korian y Gojra, en Punjab, el 31 de julio y el 1 de agosto respectivamente.
Los incidentes dejaron nueve muertos y cientos de hogares incendiados y saqueados por un enfurecido grupo musulmán, que reaccionó con violencia ante rumores de que niños cristianos habían arrancado páginas del Corán, libro sagrado del Islam en fiestas de bodas.
"Considerando el ambiente que prevalece en el país, pedimos una revisión y enmienda de las leyes", dijo Bhatti, un católico.
Mohammad Nafees, periodista e investigador del Instituto Aryana para la Investigación y el Cabildeo Regional, apoya esta medida. Sin embargo, sabe que el "lobby religioso" contra ese pedido fue tan fuerte que "cualquier intento por cambiar (las leyes) puede no ser muy fácil".
"Si podemos al menos salvar a estas pobres personas del acoso legal y la tortura, podremos tener cierto éxito. Si fallamos aquí, ni siquiera podremos hablar sobre un pequeño cambio en las leyes sobre blasfemia. Es una ecuación simple", dijo.
Para Peter Jacob, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, "las leyes se hacen según las necesidades de la sociedad, pero en Pakistán no había ninguna necesidad de estas leyes".
Yusuf opinó: "Lo que necesitamos, aparte de una revocación/enmienda, es una mayor tolerancia en la sociedad, desde la revisión de los libros de texto hasta la sensibilización de la policía, del gobierno, de los consejeros y los parlamentarios".
Nafisa Shah, integrante de la Asamblea Nacional y activista por los derechos humanos, dijo estar a favor de la revocación de las leyes, pero recordó a la sociedad civil que si no se tiene en cuenta a todos los partidos con representación parlamentaria no se puede lograr esta medida.
"Estamos intentando crear un espacio de negociación mediante el cual podamos ampliar nuestro apoyo en el parlamento y avanzar contra las leyes discriminatorias", agregó.
