Pocos recordaron en Estados Unidos los 15 años de la ratificación legislativa de la principal convención de la ONU contra la tortura. La no gubernamental Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cree que este país no cumple con el tratado.
La más antigua de las organizaciones estadounidenses de derechos humanos consideró que "la política estadounidense no ha cumplido en su tarea de asegurar el pleno cumplimiento" del convenio.
La ACLU mencionó como ejemplo de incumplimiento un apéndice del Manual de Campo del Ejército, que aún facilita tratamientos crueles de prisioneros y detenidos tanto en territorio nacional como en el extranjero.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es el tratado de derechos humanos más completo referido en exclusiva a esos abusos. Está en vigor desde 1987, y ha sido ratificado pro 146 países. El tratado fue inicialmente firmado por el fallecido ex presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) y ratificado por el Senado el 21 de octubre de 1994, pero con reservas que impidieron su plena aplicabilidad.
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) se aprovechó de esas reservas para justificar sus cuestionadas políticas en el marco de su "guerra contra el terrorismo". Entre otras cosas, autorizó métodos de interrogatorio abusivos, como el uso del "submarino", posiciones dolorosas, aislamiento extremo y privación de sueño.
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En 2006, el Comité contra la Tortura, que controla el cumplimiento de la Convención por parte de los países, cuestionó el desempeño de Estados Unidos.
Luego de asumir, el presidente estadounidense Barack Obama prohibió la tortura a través de un decreto. Pero sigue vigente la versión 2006 del Manual de Campo del Ejército, y por el cual siguen siendo admisibles prácticas consideradas incompatibles por la convención y por el derecho internacional.
De acuerdo con el Apéndice M del manual, los detenidos pueden ser "separados" o mantenidos en aislamiento por 30 días, y aun más con autorización, y permitírseles apenas cuatro horas de sueño continuo por noche durante 30 días.
"Los primeros nueve meses de presidencia marcaron un cambio de políticas en derechos humanos y de compromiso con el Estado de Derecho", dijo a IPS Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU.
"Por cierto que su discurso ante la ONU (Organización de las naciones Unidas) y su premio Nobel de la Paz elevaron las expectativas en torno de su compromiso con los derechos humanos en su país y en el exterior", agregó.
Pero, acotó, "aún queda mucho por hacer, incluso cumplir y ampliar los compromisos de Estados Unidos con los derechos humanos e incorporarlos plenamente en las leyes nacionales", pues "la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y su compromiso fuera serán evaluados por los hechos, no por las palabras".
"Lo que se necesita ahora es tomar acciones concretas para traducir esos compromisos en una política de derechos humanos robusta. Un nuevo decreto presidencial para recomponer el Grupo de Trabajo Interagencias sobre Derechos Humanos sería un importante paso adelante", afirmó el activista.
"Para cumplir con esos requisitos en materia de derechos humanos, el gobierno también debe investigar plenamente las torturas cometidas en violación de las leyes nacionales e internacionales y remover el Apéndice M del Manual de Campo del Ejército", dijo Dakwar.
Desde su investidura, Obama restauró la imagen de Estados Unidos en materia de derechos humanos al emitir decretos relativos al cierre de la cárcel en la base naval estadounidense en el territorio cubano de Guantánamo, prohibir a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de mantener cárceles, unir al país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas y la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres.
Pero la ACLU reclama medidas adicionales y concretas, entre ellas una investigación exhaustiva de los casos de tortura, abolir las cortes marciales que procesan a acusados de terrorismo en Guantánamo y renunciar a la práctica de mantener detenidos por tiempo indefinido sin pasarlos a juez.
La ACLU "esperaba que el gobierno anunciara planes concretos para implementar y poner en vigor tratados de derechos humanos ya ratificados, la resurrección del Grupo de Trabajo Interagencias, desmantelado por Bush, y la coordinación y promoción de los derechos humanos como política nacional", dijo Dakwar.
"La comunidad de derechos humanos espera y confía en que el presidente anuncie" la restauración del Grupo de Trabajo Interagencias antes del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos y jornada en que Obama recibirá el premio Nobel de la Paz, añadió el activista.
ACLU y más de 50 organizaciones estadounidenses lanzaron su Campaña por una Nueva Agenda Nacional de Derechos Humanos, con ese fin, entre otros.
